La posibilidad de que en Colombia se consolide nuevamente un proyecto político sustentado en enfoques de seguridad de mano dura genera profundas preocupaciones para territorios como la cordillera nariñense, una región que durante décadas ha experimentado de manera directa los impactos del conflicto armado, la presencia de múltiples actores armados, las economías ilícitas, la militarización y las sucesivas respuestas estatales centradas en la coerción, de manera que cualquier discusión sobre seguridad no puede abordarse únicamente desde la necesidad legítima de reducir la violencia, sino también desde las consecuencias históricas que determinados modelos de intervención han tenido sobre las comunidades rurales, campesinas y víctimas del conflicto.
La cordillera de Nariño constituye uno de los escenarios donde se condensan buena parte de las contradicciones de la historia reciente del país, pues mientras sus comunidades han sufrido desplazamientos, confinamientos, asesinatos, reclutamiento forzado y múltiples formas de victimización, también han construido procesos organizativos, iniciativas de sustitución de economías ilegales, experiencias de resistencia civil y propuestas de desarrollo territorial que han buscado transformar las condiciones estructurales que alimentan la violencia, razón por la cual la discusión sobre el futuro de la seguridad no puede reducirse a la confrontación militar contra los grupos armados, desconociendo las demandas históricas relacionadas con la tierra, la participación política, la reparación y las garantías de no repetición.
Visiones sobre la seguridad
Uno de los principales riesgos de la llegada de un proyecto político basado en la mano dura radica en la tendencia a interpretar la complejidad territorial exclusivamente desde categorías de orden público, trasladando el centro de gravedad de la acción estatal hacia la fuerza pública y debilitando simultáneamente las respuestas sociales, económicas e institucionales que permiten abordar las causas profundas de la conflictividad, situación que resulta especialmente delicada en territorios donde la presencia de actores armados ilegales se encuentra estrechamente relacionada con problemas estructurales de pobreza rural, concentración de la tierra, exclusión política y ausencia histórica de oportunidades económicas.
La experiencia colombiana demuestra que los enfoques centrados exclusivamente en la seguridad militar pueden producir reducciones temporales de ciertos indicadores de violencia, pero también pueden generar nuevas afectaciones sobre la población civil cuando las dinámicas territoriales son interpretadas bajo lógicas de amigo y enemigo, especialmente en regiones donde las fronteras entre comunidades campesinas, organizaciones sociales, economías de subsistencia y actores armados han sido históricamente complejas y donde las acusaciones, señalamientos y estigmatizaciones han tenido consecuencias devastadoras para líderes sociales y organizaciones comunitarias.
En la cordillera nariñense este riesgo adquiere una dimensión particular debido a la persistencia de comunidades que han buscado mantener una posición autónoma frente a los actores armados y frente al propio Estado, promoviendo procesos de defensa del territorio, construcción de paz y desarrollo rural, iniciativas que podrían verse nuevamente sometidas a escenarios de sospecha y estigmatización si el debate público retorna a narrativas que reducen la realidad territorial a una lucha entre legalidad e ilegalidad sin reconocer las complejidades sociales que caracterizan a las zonas afectadas por el conflicto.
Voces que luchan por la memoria y la reparación
Otro elemento de preocupación está relacionado con el posible desconocimiento o debilitamiento de los avances alcanzados en materia de verdad histórica, un componente fundamental para cualquier sociedad que aspire a superar ciclos prolongados de violencia, pues la construcción de paz no depende únicamente del silenciamiento de los fusiles sino también de la capacidad colectiva para comprender lo ocurrido, reconocer responsabilidades y dignificar a las víctimas. La producción de verdad en Colombia ha sido un proceso complejo, atravesado por disputas políticas, tensiones institucionales y resistencias de diversos sectores, sin embargo, ha permitido visibilizar patrones de violencia que durante décadas permanecieron ocultos o fueron explicados mediante narrativas simplificadoras.
Para regiones como la cordillera nariñense, donde miles de personas han experimentado de manera directa las consecuencias del conflicto armado, el debilitamiento de los mecanismos de esclarecimiento histórico implica el riesgo de que las experiencias de las víctimas vuelvan a ser marginadas del debate nacional, reduciendo nuevamente la comprensión del conflicto a explicaciones parciales que invisibilizan responsabilidades múltiples y factores estructurales, situación que no solo afecta el derecho a la verdad sino también las posibilidades de construir garantías efectivas de no repetición.
Para las comunidades más golpeadas por el conflicto es preocupante el futuro de los mecanismos de justicia transicional, particularmente de la Jurisdicción Especial para la Paz, una institución que, pese a las críticas y controversias que ha enfrentado desde su creación, ha permitido avanzar en el esclarecimiento de hechos graves, la identificación de patrones de victimización y el reconocimiento de responsabilidades por parte de distintos actores involucrados en el conflicto armado. La eventual desarticulación o debilitamiento de la JEP no representaría únicamente una transformación institucional, sino que tendría profundas implicaciones para miles de víctimas que aún esperan respuestas sobre el destino de sus familiares, las circunstancias de los hechos sufridos y las responsabilidades de quienes participaron en ellos.
Las comunidades de la cordillera nariñense conocen de manera directa la importancia de estos procesos, pues gran parte de las violencias ocurridas en la región permanecen aún en búsqueda de verdad, justicia y reparación, de manera que cualquier intento de desmontar o limitar los mecanismos de justicia transicional podría profundizar sentimientos de frustración, revictimización y abandono institucional, especialmente entre poblaciones que históricamente han enfrentado enormes barreras para acceder a la justicia ordinaria.
El camino a la reparación integral
La reparación integral constituye otro de los ámbitos que podrían verse afectados por una eventual reorientación de las prioridades estatales hacia enfoques predominantemente militares, debido a que la experiencia demuestra que los gobiernos que privilegian agendas de orden público suelen reducir la centralidad política y presupuestal de las políticas dirigidas a las víctimas, desplazando recursos, capacidades institucionales y atención pública hacia estrategias de control territorial y fortalecimiento militar.
En una región donde miles de personas continúan esperando procesos efectivos de restitución, reparación colectiva, fortalecimiento comunitario y reconstrucción del tejido social, el debilitamiento de estas políticas podría profundizar las brechas existentes entre los compromisos asumidos por el Estado y las realidades cotidianas de las comunidades, alimentando percepciones de incumplimiento que terminan erosionando la confianza en las instituciones y debilitando las bases sociales necesarias para la construcción de paz.
A ello se suma la preocupación por el futuro de la reforma agraria, una de las demandas históricas más relevantes en los territorios rurales colombianos y uno de los puntos centrales del Acuerdo de Paz, debido a que la distribución desigual de la tierra ha constituido durante décadas uno de los factores estructurales asociados a la persistencia de los conflictos rurales. En la cordillera nariñense, donde predominan economías campesinas de pequeña escala y donde amplios sectores rurales enfrentan limitaciones para acceder a tierra suficiente, infraestructura, crédito y mercados, la reforma agraria representa mucho más que una política sectorial, constituyendo una herramienta potencial para reducir desigualdades históricas y ampliar oportunidades de desarrollo.
Un eventual debilitamiento de esta agenda podría generar efectos particularmente negativos, no solo porque limitaría las posibilidades de acceso a la tierra para comunidades campesinas, sino también porque restringiría las oportunidades de transformación económica necesarias para disminuir la dependencia de actividades vinculadas a economías ilícitas o de supervivencia, reproduciendo así algunas de las condiciones que han favorecido la persistencia de la conflictividad armada en distintas zonas rurales del país.
La discusión sobre seguridad en la cordillera nariñense no puede desligarse de estas dimensiones históricas y estructurales, pues la experiencia acumulada durante décadas demuestra que la violencia no surge únicamente de la acción de grupos armados ilegales, sino también de contextos caracterizados por exclusión, desigualdad, ausencia estatal y falta de oportunidades para amplios sectores de la población rural. Por esta razón, cualquier propuesta que aspire a generar estabilidad duradera debe articular respuestas de seguridad con estrategias orientadas a la garantía de derechos, la transformación territorial, la participación comunitaria y la implementación efectiva de los compromisos derivados de los procesos de paz.
Más allá de las disputas electorales y de los debates ideológicos nacionales, lo que está en juego para la cordillera nariñense es la posibilidad de consolidar un modelo de construcción de paz basado en la memoria, la verdad, la reparación y la transformación de las condiciones que históricamente alimentaron el conflicto, o regresar a enfoques que privilegian respuestas coercitivas sobre soluciones estructurales, una decisión cuyos efectos no se medirán únicamente en indicadores de seguridad, sino también en la capacidad de las comunidades para ejercer derechos, reconstruir confianza institucional y construir un futuro en el que la violencia deje de ser el principal mecanismo de regulación de la vida territorial.
[1] Este texto es íntegramente resultado de un grupo focal realizado con líderes sociales y comunitarios de los municipios de la subregión Cordillera, Nariño.
