Foto: Maquinaría de minería en Amazonas Ecuador / GeorgeTown Americas Institute
La Amazonía ecuatoriana enfrenta una de las mayores amenazas de las últimas décadas. La expansión de la minería ilegal de oro ya no solo representa un grave problema ambiental, sino también una crisis de seguridad que está transformando las áreas protegidas en escenarios de disputa entre grupos armados, organizaciones criminales y un Estado con limitadas capacidades de control. En medio de este panorama, los guardaparques, quienes son los encargados de proteger algunos de los ecosistemas con mayor biodiversidad del planeta, se han convertido en uno de los sectores más vulnerables.
Amenazas de muerte, retención ilegal, robo de equipos de comunicación y vigilancia permanente por parte de hombres armados hacen parte de la nueva realidad de quienes custodian los parques nacionales de Ecuador. Lo que antes era una labor centrada en la conservación ambiental hoy implica enfrentarse a redes criminales que encontraron en el oro una fuente de financiación tan rentable como el narcotráfico.
La situación ha encendido las alarmas entre organizaciones ambientales, expertos en conservación y autoridades, que advierten que la expansión de la minería ilegal está debilitando la protección de la Amazonía y poniendo en riesgo tanto la biodiversidad como a las comunidades que dependen de estos territorios.
Una minería que avanza sobre áreas protegidas
De acuerdo con información del Ministerio de Defensa de Ecuador, al menos nueve áreas protegidas del país presentan actualmente focos de minería ilegal, de las cuales siete se encuentran en la Amazonía. Sin embargo, organizaciones especializadas en monitoreo ambiental como Fundación EcoCiencia y el Monitoring of the Andean Amazon Project (MAAP) advierten que la dimensión del fenómeno podría ser mayor, debido a las dificultades para vigilar territorios remotos donde la presencia institucional es limitada y el acceso de los guardaparques está restringido por amenazas de grupos armados.
Entre las áreas más afectadas se encuentran el Parque Nacional Sumaco Napo-Galeras, el Parque Nacional Podocarpus y sectores cercanos al Parque Nacional Yasuní, territorios reconocidos internacionalmente por albergar una extraordinaria diversidad biológica y por ser hogar de comunidades indígenas y pueblos en aislamiento voluntario.
De acuerdo con un análisis de la Fundación EcoCiencia, basado en monitoreo satelital de áreas protegidas de Ecuador, la minería ilegal no solo se ha expandido territorialmente, también ha incrementado su capacidad operativa. En el Parque Nacional Podocarpus, por ejemplo, la superficie afectada por esta actividad aumentó cerca de un 125 % entre 2023 y 2024, lo que evidencia la rapidez con la que las redes dedicadas a la extracción ilegal de oro logran consolidarse incluso dentro de ecosistemas protegidos.
La extracción ilegal de oro implica la apertura de caminos clandestinos, instalación de maquinaria pesada, destrucción de bosques primarios y contaminación de fuentes hídricas mediante sedimentos y sustancias tóxicas utilizadas durante el procesamiento del mineral. Estos impactos afectan tanto a la fauna y flora amazónicas como a las poblaciones humanas que dependen de los ríos para abastecerse de agua, pescar o desarrollar actividades agrícolas.
Guardaparques bajo amenaza permanente
Quienes primero detectan estas actividades ilegales son los guardaparques. Sin embargo, lejos de recibir respaldo suficiente, muchos han terminado convirtiéndose en objetivos directos de las organizaciones criminales.
Según testimonios recogidos por El País, durante varios patrullajes en el Parque Nacional Sumaco Napo-Galeras, funcionarios fueron interceptados por hombres armados que les quitaron radios, teléfonos y equipos de monitoreo. Los atacantes les advirtieron que protegían operaciones mineras ilegales y que cualquier intento por denunciarlas tendría consecuencias.
Foto: Guardaparques de la Amazonía del Ecuador / Mongabay
Muchos de estos guardaparques reconocen que prefieren no reportar algunos hallazgos por miedo a represalias. Otros han solicitado traslados hacia parques con menor presencia criminal o incluso han optado por renunciar. La sensación de abandono institucional ha crecido debido a la falta de personal, recursos logísticos y acompañamiento de las fuerzas de seguridad durante los patrullajes.
Ecuador cuenta con apenas 598 guardaparques para proteger la totalidad de su Sistema Nacional de Áreas Protegidas, una cifra considerada insuficiente frente al crecimiento de economías ilegales cada vez mejor organizadas.
Especialistas en conservación advierten que esta situación tiene un efecto doble: disminuye la capacidad de vigilancia ambiental y facilita que nuevas zonas sean ocupadas por organizaciones criminales sin encontrar resistencia institucional.
El oro reemplaza al narcotráfico como fuente de financiación
La minería ilegal ha dejado de ser una actividad desarrollada únicamente por pequeños grupos extractivos. Actualmente forma parte de una compleja economía criminal donde convergen organizaciones dedicadas al narcotráfico, tráfico de armas, extorsión y lavado de activos.
Según el Ministerio de Defensa, estructuras criminales como Los Lobos, Los Choneros, Los Galarza y Los Sao Box, además de disidencias armadas colombianas, participan en la protección y administración de operaciones de minería ilegal en la Amazonía ecuatoriana.
Para estas organizaciones, el oro representa varias ventajas estratégicas, pues a diferencia de otras economías ilícitas, el mineral puede comercializarse con relativa facilidad, resulta difícil rastrear su origen y genera importantes ganancias económicas sin depender exclusivamente de rutas internacionales del narcotráfico.
Diversos analistas señalan que estas redes criminales han diversificado sus fuentes de ingresos aprovechando el aumento del precio internacional del oro y las dificultades del Estado para ejercer control sobre zonas selváticas alejadas de los principales centros urbanos.
La violencia escala en la frontera amazónica
El vínculo entre minería ilegal y violencia quedó en evidencia en mayo de 2025, cuando once militares ecuatorianos murieron durante una emboscada ocurrida en Alto Punino, provincia de Orellana, mientras participaban en un operativo contra campamentos mineros ilegales.
Las autoridades atribuyeron inicialmente el ataque a integrantes de los Comandos de la Frontera, una disidencia de las antiguas FARC que mantiene presencia en la frontera entre Colombia y Ecuador, aunque posteriormente la organización negó su responsabilidad. Independientemente de la autoría final, el episodio evidenció el alto nivel de capacidad armada de los grupos que operan alrededor de la minería ilegal.
Tras el ataque, el Ejército reforzó la presencia militar en la zona mediante el despliegue de aproximadamente 1.700 efectivos especializados en operaciones selváticas, pero organizaciones ambientales consideran que las intervenciones puntuales no solucionan un problema estructural relacionado con la presencia permanente del Estado en estos territorios.
Un problema que creció después de la pandemia
La expansión de la minería ilegal se aceleró después de la pandemia. Según análisis de Fundación EcoCiencia y reportes de Mongabay Latam, la combinación entre la crisis económica, el aumento sostenido del precio internacional del oro y la escasa presencia estatal en la Amazonía creó las condiciones para que grupos criminales ampliaran sus operaciones y consolidaran el control sobre nuevos territorios.
En muchas zonas, pequeños mineros terminaron subordinados a estructuras armadas que controlan el acceso a los yacimientos, cobran extorsiones y garantizan protección mediante hombres armados. Este fenómeno ha modificado profundamente las dinámicas sociales de varias comunidades amazónicas, donde la minería ilegal ofrece ingresos inmediatos frente a la escasez de oportunidades económicas legales.
Las consecuencias ambientales van mucho más allá de la extracción del oro; la apertura de minas implica deforestación acelerada, alteración del cauce de los ríos, destrucción de hábitats críticos y contaminación por mercurio y otros compuestos empleados para separar el mineral. Esto afecta especies endémicas y comprometen servicios ecosistémicos fundamentales, como la regulación hídrica y la captura de carbono, funciones esenciales en un contexto global marcado por el cambio climático.
La Amazonía ecuatoriana constituye uno de los territorios con mayor biodiversidad del planeta y cumple un papel estratégico en la estabilidad climática regional. La pérdida progresiva de cobertura forestal incrementa además la vulnerabilidad frente a incendios, erosión y degradación de los suelos.
Los pueblos indígenas también enfrentan la presión
La expansión minera también genera tensiones con comunidades indígenas amazónicas, gracias a que, en varias zonas, las organizaciones criminales buscan controlar territorios ancestrales o utilizar ríos comunitarios para transportar maquinaria y combustible. Esto incrementa los riesgos para líderes indígenas que denuncian actividades ilegales y defienden sus territorios.
Organizaciones ambientales han advertido que la presencia de economías criminales amenaza no solo la conservación de los ecosistemas sino también la autonomía territorial y los derechos colectivos de pueblos indígenas que históricamente han protegido estos bosques.
En territorios como el Yasuní, la presión resulta especialmente delicada debido a la presencia de pueblos indígenas en aislamiento voluntario, cuya supervivencia depende de mantener intactos los ecosistemas donde habitan.
Foto: Comunidades indígenas / Bram Ebus, International Crisis Group
La protección efectiva de la Amazonía requiere fortalecer las instituciones ambientales, aumentar el número de guardaparques, mejorar los sistemas de monitoreo satelital, garantizar protección para quienes denuncian actividades ilegales y coordinar acciones permanentes entre autoridades ambientales, fuerzas de seguridad y fiscalías especializadas.
Organizaciones ambientales como Fundación EcoCiencia y Amazon Conservation (MAAP), así como organismos internacionales como la UNODC y la OCDE, coinciden en que combatir la minería ilegal exige fortalecer la trazabilidad del oro y ejercer un mayor control sobre las cadenas de comercialización. De esta manera se busca evitar que minerales extraídos de áreas protegidas sean mezclados con producción legal y lleguen a los mercados nacionales e internacionales sin posibilidad de identificar su origen.
Una crisis que trasciende las fronteras
Lo que ocurre en Ecuador forma parte de una tendencia regional; durante los últimos años, la minería ilegal ha ganado terreno en distintos países amazónicos, impulsada por organizaciones transnacionales que aprovechan fronteras porosas, debilidad institucional y altos precios internacionales del oro.
La experiencia ecuatoriana muestra cómo esta economía ilegal no solo destruye ecosistemas estratégicos, sino que también transforma áreas protegidas en territorios disputados por actores armados, debilitando la presencia estatal y poniendo en riesgo a quienes trabajan por la conservación.
Mientras los guardaparques continúan recorriendo la selva con recursos limitados y bajo amenazas constantes, la Amazonía enfrenta una carrera desigual entre la protección ambiental y la expansión de redes criminales cada vez más sofisticadas. El desenlace de esa disputa no solo definirá el futuro de algunos de los ecosistemas más importantes del continente, sino también la capacidad de los Estados amazónicos para garantizar la seguridad, los derechos de las comunidades y la preservación de un patrimonio natural fundamental para el equilibrio climático del planeta.
Fuentes
El País América Futura. “La minería ilegal avanza en la Amazonia y acorrala a los guardaparques en Ecuador”
El Oriente. “Minería ilegal y grupos armados intensifican la presión sobre áreas protegidas de la Amazonía ecuatoriana”
Mongabay Latam. Investigaciones sobre crimen transnacional, deforestación y minería ilegal en Ecuador.
Ministerio de Defensa de Ecuador
