En septiembre de 2024, el gobierno de Gustavo Petro anunció el inicio de la construcción del Plan Nacional de Acción en Derechos Humanos (PNADH) 2026–2036, una apuesta que busca convertirse en la principal herramienta de planificación estatal en materia de derechos humanos para la próxima década. Su propósito es orientar, articular y proyectar las acciones institucionales del Estado colombiano a largo plazo, trascendiendo las voluntades de los gobiernos de turno y consolidándose como una política de Estado.
La reactivación del proceso de formulación durante el gobierno implicó una revisión integral de acumulados previos, antecedentes técnicos y avances incompletos, así como la redefinición de una ruta metodológica acorde con los desafíos contemporáneos. Bajo el liderazgo de la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario, encabezada por Lourdes Castro, se rediseñó la arquitectura conceptual del Plan, se construyeron árboles de problemas y objetivos, se ajustaron enfoques y se abrió un amplio proceso participativo.
Uno de los espacios centrales fue el Comité Técnico Operativo (CTO), concebido como instancia de coordinación entre gobierno, sociedad civil y organismos internacionales. Paralelamente, se realizaron encuentros macro-regionales en ciudades como Bogotá, Cali, Pereira, Barranquilla y Barrancabermeja, donde organizaciones sociales, procesos territoriales, organizaciones de mujeres, sectores juveniles, comunidades étnicas y colectivos de víctimas presentaron propuestas y señalaron problemáticas específicas.
El PNADH surge, además, como parte del cumplimiento de compromisos adquiridos por Colombia en el marco del Acuerdo Final de Paz y de diversas recomendaciones formuladas por el sistema de Naciones Unidas. Su formulación parte de una idea central, ubicar la vida y la dignidad humana como ejes ordenadores de la acción pública. El Estado dejaría de entender los derechos humanos únicamente como un conjunto de normas o declaraciones, para asumirlos como un marco que debe orientar la totalidad de las políticas públicas.
Los seis componentes
El Plan busca integrar diferentes agendas públicas bajo una estrategia común y de largo alcance. Se formula sobre problemas estructurales que históricamente han limitado la garantía efectiva de derechos en el país: pobreza persistente, desigualdad territorial, conflicto armado, violencia política, crisis ambiental, exclusión social y debilidad institucional. El PNADH se organiza alrededor de seis grandes componentes estratégicos, orientados a transformar esas condiciones como aquellas que reproducen desigualdades y vulneraciones.
- Superación de la pobreza, inequidad y discriminación, parte del reconocimiento de que las desigualdades económicas y sociales constituyen barreras centrales para el ejercicio de derechos. Su objetivo es reducir brechas sociales, económicas y culturales mediante políticas redistributivas y sostenibles. Incluye acciones relacionadas con la garantía progresiva de los derechos económicos, sociales y culturales, la erradicación del hambre, el fortalecimiento de capacidades territoriales y la incorporación del enfoque de derechos en políticas sociales y fiscales.
- Tierra, territorio y crisis climática y ambiental, introduce una perspectiva de justicia territorial y ambiental. Propone garantizar derechos asociados a la tierra y a la permanencia en los territorios, fortalecer la protección ambiental, prevenir desastres y promover formas sostenibles de desarrollo, además de incorporar la transición energética justa y comunitaria y alternativas económicas frente a actividades ilegales.
- Respeto a la vida, libertades y participación democrática, busca fortalecer garantías fundamentales como la vida, la integridad física, la libertad y la participación política. Entre sus prioridades se encuentran el fortalecimiento de mecanismos de participación, la aplicación de enfoques diferenciales e interseccionales, la consolidación de procesos de educación en derechos humanos y la protección de liderazgos sociales y personas defensoras de derechos humanos.
- Culturas y tecnologías para la vida y el goce de los derechos, reconoce el papel creciente de la cultura y la tecnología en la vida contemporánea. Busca reducir brechas digitales, garantizar derechos culturales, fortalecer la seguridad y privacidad digital y promover una cultura de paz y convivencia en entornos comunitarios y virtuales.
- Construcción de paz, transformación de conflictos y reconciliación, articula el Plan con la agenda de paz total y la implementación del Acuerdo Final. Su propósito es consolidar procesos territoriales de reconciliación, fortalecer la memoria y la no repetición y promover el diálogo social como herramienta de resolución de conflictos. También contempla el fortalecimiento de garantías para el respeto del Derecho Internacional Humanitario.
- Justicia, institucionalidad y gobernanza, se orienta al fortalecimiento de las capacidades estatales para garantizar derechos y combatir la impunidad. Incluye medidas para ampliar el acceso a la justicia, fortalecer mecanismos de transparencia y rendición de cuentas, enfrentar la corrupción y garantizar derechos de las víctimas a la verdad, la reparación y la no repetición.
Una de las características más relevantes del PNADH es su duración. Su vigencia de diez años busca garantizar continuidad institucional y articulación con planes nacionales y territoriales de desarrollo. Esto pretende evitar que la política de derechos humanos dependa exclusivamente de prioridades coyunturales o cambios de administración.
La implementación del Plan estará basada en un modelo de coordinación interinstitucional liderado por la Comisión Intersectorial de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario. Además, contará con un sistema robusto de seguimiento, monitoreo y evaluación articulado con estándares de Naciones Unidas y con indicadores verificables para medir avances.
El mecanismo de seguimiento incorporará herramientas como la Narrativa de Reporte y Trazabilidad de Derechos (NRTD), diseñada para armonizar información institucional cualitativa y cuantitativa y facilitar la interoperabilidad entre entidades. La plataforma prevista permitirá además acceso público a los avances, fortaleciendo la transparencia y la participación ciudadana.
La implementación será progresiva y comenzará en territorios priorizados según niveles de pobreza, conflictividad, vulneración de derechos o debilidad institucional. La intención es que las regiones históricamente más afectadas por la violencia y la exclusión sean las primeras en recibir intervenciones integrales.
El PNADH representa un intento de reorganizar la política pública en torno a cómo construir capacidades estatales para garantizar efectivamente la vida y la dignidad en un país marcado por profundas desigualdades y conflictos persistentes. Su alcance real dependerá de factores como la capacidad institucional, la continuidad política, la asignación de recursos y la participación activa de los territorios. Sin embargo, su construcción ya marca un giro significativo al entender los derechos humanos no como una agenda sectorial, sino como un principio ordenador de la acción del Estado colombiano.
