Persiste la crisis humanitaria y económica en Venezuela

Asimismo, se precisó sobre la urgencia de liberar a todos los presos políticos, quienes al igual que los presos comunes, continúan siendo víctimas de precarias condiciones carcelarias. De hecho, “el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) ha denunciado que 21 prisioneros han muerto bajo custodia del Estado desde marzo de 2026. El último de ellos fue Víctor Alfonso Rivero, preso común fallecido hace pocos días por el deterioro de su salud” (El País,2026).Recientemente, el Comité por la Libertad de los Presos Políticos en Venezuela (Clippve), exigió nuevamente la liberación de todos los presos políticos y denunció que la promesa de tal liberación anunciada el 8 de enero por parte de la Asamblea Nacional no ha sido cumplida:

“Han permanecido esperando el cumplimiento de una promesa que aún no se concreta. Durante este tiempo han exigido libertad, acompañado a sus seres queridos y denunciado torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes que han continuado después del 3 de enero” (Clippve,2026).

Sumado a esto, el doble sismo del 24 de junio agudizó aún más la crisis existente, y develó los problemas estructurales que posee Venezuela, según Beatriz Borges, directora del Centro de Justicia y Paz (Cepaz), “El terremoto no creó la crisis venezolana, la expuso”. Al respecto, el Clippve también se pronunció y afirmó que “mantener a los presos políticos en centros penitenciarios con denuncias sobre deficiencias estructurales, falta de protocolos de emergencia y limitaciones para el acceso de familiares y abogados incrementa el riesgo para su integridad”, además señaló que la emergencia humanitaria derivada del sismo no puede usarse para relegar la agenda de derechos humanos.

Bajo este panorama, en medio de la audiencia sobre la situación de derechos humanos en Venezuela, las organizaciones de derechos humanos descritas anteriormente solicitaron al Congreso de Estados Unidos que se condicione cualquier acercamiento con el gobierno venezolano a compromisos como:

“La liberación incondicional de todos los presos políticos, la derogación de la ley anti-ONG y de otras normas que criminalizan la disidencia, el acceso pleno al país de mecanismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Misión de Determinación de los Hechos de la ONU, la restitución de la libertad de prensa y una hoja de ruta creíble para restablecer el orden constitucional” (PROVEA,2026).

Pese a ello, las probabilidades de condicionar los acercamientos con compromisos basados en la garantía, protección y promoción de derechos humanos son escasas, debido a la poca disposición de la administración Trump para garantizarlos tanto en su política interna como en su política exterior. Tras su llegada al poder, el Departamento de Defensa, ahora llamado Departamento de Guerra, ha experimentado varias transformaciones que han debilitado las salvaguardias de derechos humanos destinadas a limitar el uso de la fuerza y garantizar el cumplimiento del derecho internacional y derecho internacional humanitario.

Este debilitamiento, se ha manifestado en la reciente operación conjunta entre Estados Unidos y Venezuela donde fue asesinado alias “Niño Guerrero” líder del Tren de Aragua. En medio de esta operación, PROVEA (2026) documentó desalojos y riesgos de desplazamientos en el Estado de Bolívar, asimismo, evidenció que, de acuerdo a lo mencionado por los habitantes de la zona, el despliegue militar coincidió con la llegada de inversionistas extranjeros al municipio El Callao (perteneciente al Estado de Bolívar).

Esto, aunado a la desvinculación de Estados Unidos de varias organizaciones y órganos internacionales, incluyendo su retiro del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, indica que en medio de la actual intervención de Estados Unidos en Venezuela han pesado más sus intereses estratégicos (petróleo, lucha contra el crimen organizado) que la transición a una democratización rápida y exigir cuentas por violaciones de derechos humanos. Por el momento, no se percibe un interés real hacia una transición, y la agenda de derechos humanos se encuentra subordinada a las reformas centradas en atraer capital al sector petrolero y minero.