La Vorágine del siglo XXI : El costo de la transición energética y el desarrollo tecnológico en la Amazonía 

Históricamente, la región amazónica ha sido percibida como un territorio vacío, una frontera “salvaje” carente de productividad, y con una despensa “inagotable” de recursos naturales. Esta percepción ha afectado directamente a las formas de vida que habitan allí, invisibilizando tanto a las comunidades indígenas, campesinas y afros, como a la fauna y flora del territorio, posibilitando así un ciclo continuo de violencias basadas en lógicas coloniales y extractivistas, traducidas en consecuencia en formas de violencia socioespacial.

A lo largo de los últimos siglos las demandas del mercado internacional han alimentado las largas cadenas de bonanzas extractivas y formas de explotación en la Amazonía, donde cada ciclo económico ha operado bajo lógicas de enclave, imponiendo dinámicas de violencia, servidumbre, y graves impactos socioambientales sobre las comunidades y otras formas de vida que habitan estos territorios. La fiebre del caucho y la quina a finales del siglo XIX y mediados del XX fue una de las primeras formas visibles de explotación sobre los recursos naturales amazónicos, desencadenando consigo el etnocidio de cerca de 50.000 indígenas (CEV,2022). Posteriormente, a lo largo del siglo XX se desarrollaron ciclos de explotación forestal de maderas preciosas y cacería silvestre por parte de “madereros” y “tigrilleros” (CEPES,2007). A mediados de 1950, el otorgamiento de enclaves petroleros e hidrocarburos al sector privado en territorio amazónico derivó en desplazamientos forzados y servidumbre (CEV,2022). En medio de este panorama, países amazónicos como Colombia[1], Perú[2], y Brasil[3], promovieron leyes y políticas de adjudicación de tierras y colonización dirigida, asumiendo la amazonia como un espacio “vacío” que merecía “aprovechamiento”, provocando consigo el despojo masivo de territorios originarios. Años más tarde, economías ilícitas como el narcotráfico y la explotación ilegal de oro se consolidarían en el territorio como una de las fuentes principales de financiación para Grupos Armados Organizados y grupos de crimen organizado transnacional.

Como se evidencia, las fuentes de explotación socioambiental en la Amazonía han sido variadas y han estado presentes a lo largo de casi un siglo y medio, respondiendo de manera directa a las demandas del mercado global. Bajo el actual escenario geopolítico internacional, la pugna por el poder entre las potencias hegemónicas y las potencias emergentes ha direccionado la demanda hacia el control de minerales estratégicos para la transición energética y el desarrollo tecnológico, indispensables para baterías, semiconductores, condensadores, turbinas eólicas, paneles solares, sistemas de defensa y aeroespaciales (como misiles), motores de aviones y municiones antiblindaje, entre otros. La demanda internacional de estos minerales ha impactado directamente sobre la Amazonía, pues en esta región se encuentran formaciones geológicas que albergan importantes depósitos de estos minerales codiciados, convirtiendo a este territorio en una zona de interés para la extracción de estos.

La débil presencia estatal en territorios amazónicos, la desigualdad, y los deficientes marcos regulatorios de la actividad minera, particularmente asociada con estos minerales, ha permitido que Grupos Armados Organizados y grupos de crimen organizado transnacional controlen operaciones mineras en la zona fronteriza entre Brasil, Colombia y Venezuela, estos actores han logrado extraer minerales estratégicos como el coltán, la casiterita (estaño), la wolframita (tungsteno), el titanio (ilmenita), y algunos elementos de tierras raras como la monacita y xenotima, los cuales suelen extraerse mezclados dentro de las concentraciones de las llamadas “arenas negras”(Amazon Underworld, 2025).De acuerdo con una investigación de Amazon Underworld (2025), el ELN y la Segunda Marquetalia, controlan las zonas de extracción en Colombia y Venezuela, mientras que en Brasil se destaca la participación del Primer Comando de la Capital.

En medio de estas actividades extractivas ilegales se han documentado graves violaciones a los derechos humanos como trabajo infantil, explotación laboral, violencia sexual, reclutamiento forzado, homicidios selectivos, desplazamiento forzado, y afectaciones al medio ambiente, generando consigo otro ciclo de violencia más vinculado con las cadenas de bonanzas extractivas. La persistencia de las dinámicas de violencia asociadas con el control de los recursos naturales y en consecuencia con el control de la tierra, sumado al débil accionar estatal por parte de los países amazónicos, manifiesta la violencia socioespacial que aún pervive en la amazonia, donde los Estados ejercen asimétricamente su soberanía y dan espacio a la gobernanza ilegal, que usa las condiciones de desigualdad en su favor, pues frente a las escasas oportunidades de subsistencia, la minería ilegal se presenta como una alternativa rentable, convirtiéndose en muchos casos en un salvavidas económico.

Bajo este contexto, cobra especial relevancia el interés de Estados Unidos y China sobre los minerales estratégicos existentes en Latinoamérica, entendiendo que esta es una región vital para el abastecimiento y establecimiento de cadenas de suministro de estos minerales. Por ello, tanto China como Estados Unidos han intensificado su accionar en la región en los últimos años, particularmente Estados Unidos bajo la reivindicación de la Doctrina Monroe, ahora, actualizada bajo el corolario Trump como Doctrina Donroe, reafirmando la posición de Latinoamérica como una zona de interés e influencia para su seguridad nacional. En ese sentido, los recientes memorandos de entendimiento para el aseguramiento de cadenas de suministro de minerales estratégicos, firmados entre Estados Unidos y varios países latinoamericanos (4 de ellos amazónicos, exceptuando la condición de Venezuela) como Argentina, Chile, México, Paraguay, Bolivia, Ecuador, Colombia y Perú, sumado a la intervención directa de Estados Unidos sobre Venezuela, materializa los intereses de Estados Unidos por estos minerales en la región. Pese a que los memorandos de entendimiento no son jurídicamente vinculantes, es preciso señalar que pueden orientar políticas públicas nacionales, priorizar proyectos y acelerar permisos para la exploración y explotación de estos minerales, de hecho, en muchas ocasiones funcionan como antesala para instrumentos más concretos como acuerdos o contratos con empresas.

En medio de este panorama es necesario preguntarse como la posible llegada del sector privado, particularmente a territorio amazónico, puede incidir sobre las formas de vida que habitan allí, para ello, los datos del Monitor global de Minerales de Transición (MMT) del Centro EDH, una herramienta que rastrea, documenta y analiza denuncias e impactos en los derechos humanos vinculados a la extracción a gran escala de minerales estratégicos, contribuye a dilucidar posibles escenarios. De acuerdo con el mencionado monitor, entre 2010 y 2025 se documentaron 447 denuncias de vulneraciones a los derechos humanos vinculados con la extracción de minerales clave en la transición energética en Sudamérica, lo que la posiciona como la región con mayor número de denuncias a nivel mundial. Solo en 2025, los principales abusos registrados se relacionaron principalmente con impactos ambientales, consulta insuficiente y falta de consentimiento libre, previo e informado, ataques a personas defensoras de derechos humanos, impactos en los medios de vida y violaciones de los derechos de los pueblos indígenas.

En ese sentido, las condiciones estructurales de desigualdad, despojo, exclusión, junto con la presencia estatal selectiva (activa para habilitar la extracción, pero débil en la protección de derechos), convierten a este territorio en una zona vulnerable a la agudización de las violencias ya existentes. Por ello, la posible llegada del sector privado, bajo el auspicio de Estados Unidos, puede suponer un nuevo escenario de riesgo para la vulneración de derechos.

En síntesis, el progreso tecnológico del norte global depende de la extracción de recursos en el sur global, lo que permite cuestionar la forma en la cual se ha pretendido materializar la transición energética, la cual se constituye como una nueva modalidad de extracción donde las comunidades y otras formas de vida se han visto afectadas. En este caso, la amazonia y otros territorios de Latinoamérica terminan convirtiéndose en zonas de sacrificio como consecuencia de la carrera mundial por recursos estratégicos, donde actúan las operaciones mineras tanto legales como ilegales, las cuales se alimentan de la violencia socioespacial histórica basadas en lógicas coloniales y extractivistas presentes en el territorio. Por ello, frente a esta problemática, es necesaria la presencia sostenida de los Estados en la región, de manera que se garanticen los derechos de las comunidades y otras formas de vida que habitan allí, se formulen políticas públicas descentralizadas y participativas, se regularice y fiscalice las operaciones mineras, pues la transición energética y el desarrollo tecnológico no debe darse a costa de los derechos de otros.

[1] Ley 135 de 1961.

[2] Ley 1220 de Tierras de Montaña y colonización dirigida en 1964.

[3] Decreto-Ley1.164 y proyectos de colonización de INCRA.