A la fecha, con en el 99,4% del escrutinio de las votaciones de segunda vuelta de la presidencia en Perú, Keiko Fujimori, candidata del movimiento Fuerza Popular e hija del exdictador Alberto Fujimori se alza con 41.017 votos sobre Roberto Sánchez, izquierdista y candidato del partido Juntos por el Perú.
Mientras se define cuál de los dos se sentará en la silla presidencial a partir del 28 de julio para el periodo de 2026-2031, existen temas críticos en la situación de seguridad que no admiten espera y deberán ser enfrentados por una de las dos propuestas políticas que vienen con visiones opuestas sobre el rumbo que debe tomar el país. La deuda en materia de derechos humanos sigue marcada por la persistencia de altos niveles de impunidad frente a violaciones cometidas en las últimas décadas y durante las recientes crisis políticas; la consolidación del crimen organizado se refleja en su creciente capacidad para controlar territorios, infiltrarse en economías legales y desafiar la capacidad raquítica del Estado; la proliferación de economías ilícitas continúa alimentando redes criminales vinculadas al narcotráfico, el contrabando y la trata de personas; y la expansión de la minería ilegal ha profundizado los conflictos socioambientales, la degradación de ecosistemas estratégicos y la violencia en distintas regiones del país, son algunos de los desafíos que ocuparán un lugar prioritario en la agenda del próximo mandatario. Para comprender el punto de partida del próximo gobierno, es necesario realizar un mapeo del estado actual de algunos de estos puntos, sus principales deudas y los desafíos que plantean:
El avance del crimen organizado y la minería ilegal
Uno de los principales desafíos que recibirá el próximo gobierno peruano es el fortalecimiento de estructuras criminales que han encontrado en la inestabilidad política y en las recientes reformas legislativas un entorno favorable para expandir su influencia. Desde 2023, distintas modificaciones impulsadas por el Congreso debilitan herramientas clave para la investigación y sanción del crimen organizado. Entre ellas se encuentran cambios a la Ley de Colaboración Eficaz, restricciones a las facultades de allanamiento y registro, modificaciones a la Ley de Extinción de Dominio y nuevas limitaciones a la labor de organizaciones de la sociedad civil y organismos de control. Estas reformas reducen gradualmente y en fragmentos la capacidad del Estado para perseguir redes criminales, recuperar activos ilícitos y procesar casos complejos de corrupción y lavado de dinero.
En este contexto, las organizaciones criminales han ampliado su capacidad para penetrar espacios institucionales y condicionar decisiones públicas. Investigaciones de InSight Crime señalan que sectores vinculados a economías ilícitas, particularmente la minería ilegal, han incrementado su influencia sobre la política nacional mediante el financiamiento de campañas y la promoción de candidatos afines a sus intereses, representantes relacionados con estas actividades tienen presencia en la mayoría de las bancadas parlamentarias, configurando una relación cada vez más estrecha entre redes económicas ilegales y poder político.
La expansión de la minería ilegal constituye una de las expresiones más visibles del fortalecimiento del crimen organizado en Perú, la actividad ya tiene presencia en once regiones amazónicas. Uno de los principales focos de preocupación es el Registro Integral de Formalización Minera (REINFO), un mecanismo creado en 2016 para permitir que pequeños mineros informales avanzaran gradualmente hacia la legalidad mientras cumplían requisitos ambientales, técnicos y administrativos. Concebido inicialmente como una medida temporal, el programa ha sido prorrogado en múltiples ocasiones y terminó convirtiéndose en una puerta de entrada para que operadores ilegales desarrollaran actividades extractivas bajo una cobertura administrativa que dificulta los controles estatales. Apenas una pequeña fracción de los inscritos ha culminado exitosamente el proceso de formalización, mientras decenas de miles continúan explotando y comercializando minerales amparados por un régimen transitorio que debía ser excepcional, esta situación ha alimentado cuestionamientos sobre la capacidad del Estado para distinguir entre minería en proceso de formalización y actividades controladas por redes criminales que aprovechan los vacíos regulatorios para expandirse.
La minería ilegal por otra parte se ha consolidado como una de las principales fuentes de lavado de activos del país y constituye el soporte financiero de redes dedicadas al contrabando, la trata de personas y otras actividades criminales. El auge de los precios internacionales del oro ha incrementado aún más la rentabilidad del negocio, favoreciendo la expansión de estas estructuras hacia nuevas regiones amazónicas y andinas. La violencia se ha vuelto una permanente asociada a estas economías ilícitas que solo va en escala, hechos como la masacre ocurrida en la provincia de Pataz durante 2025 donde fueron asesinados trece trabajadores vinculados a actividades mineras, evidenció el grado de control territorial alcanzado por bandas criminales que disputan corredores de extracción y comercialización de oro. Episodios como estos ponen en evidencia la capacidad operativa de estos grupos y las dificultades del Estado para ejercer control efectivo en regiones donde confluyen minería informal, minería ilegal y organizaciones armadas dedicadas a la protección de estos negocios.
La minería ilegal ha superado al narcotráfico como la economía ilícita más rentable del país., estimaciones recientes calculan que esta actividad movilizó cerca de 12.000 millones de dólares durante 2025, una cifra que supera ampliamente los ingresos generados por el tráfico de drogas y que ha convertido al oro en uno de los principales activos utilizados para el lavado de dinero. El crecimiento de este mercado ha fortalecido la capacidad financiera de redes criminales con presencia en distintas regiones del país y ha incrementado los incentivos para la captura de instituciones y territorios estratégicos. La consolidación de estas estructuras ya no se limita a zonas periféricas o mercados ilegales específicos, sino que comienza a reflejarse en la capacidad de influir sobre normas, instituciones y procesos electorales. La respuesta que adopte la próxima administración será determinante para establecer si Perú logra contener el avance del crimen organizado o si este continúa profundizando su inserción en las estructuras del Estado.
Economías ilícitas como motor de la violencia y la captura territorial
Perú enfrenta un escenario marcado por la consolidación de múltiples economías ilícitas que han adquirido una dimensión cada vez más relevante para la seguridad nacional. El narcotráfico, la trata de personas, el contrabando, la tala ilegal y la extracción ilícita de minerales conforman un entramado económico que moviliza miles de millones de dólares cada año y que alimenta la expansión de organizaciones criminales en distintas regiones del país. De hecho, el Foro Económico Mundial identificó para 2026 a la delincuencia y las actividades económicas ilícitas como el principal riesgo para el desarrollo económico y social del Perú, por encima de otros desafíos estructurales, siendo también uno de los principales productores mundiales de hoja de coca y cocaína, con corredores que atraviesan la Amazonía y conectan con mercados de Brasil, Europa y otros destinos internacionales.
El narcotráfico continúa siendo uno de los componentes centrales de este entramado. Perú se mantiene entre los principales productores mundiales de cocaína y zonas como el Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro (VRAEM) siguen concentrando buena parte de los cultivos de coca y de las rutas de procesamiento y transporte de droga. Aunque el Estado ha mantenido operaciones de erradicación e interdicción, las organizaciones criminales han demostrado una alta capacidad de adaptación, desplazando actividades hacia nuevas áreas y aprovechando condiciones de precariedad institucional para sostener sus operaciones.
La extorsión se ha consolidado como una de las actividades criminales de mayor crecimiento en los últimos años, afectando especialmente a transportistas, pequeños comerciantes, empresas y complejos residenciales en las principales ciudades del país. Las autoridades han identificado la participación de organizaciones transnacionales como el Tren de Aragua y sus distintas facciones en redes dedicadas al cobro de cupos, secuestros y préstamos extorsivos bajo la modalidad “gota a gota”, particularmente en Lima y otras zonas urbanas. La expansión de estos grupos ha contribuido a que la extorsión sea en un mercado criminal con estructuras especializadas de recaudo, intimidación y lavado de activos.
Paralelamente, el tráfico ilegal de armas, municiones y explosivos abastece a organizaciones dedicadas al narcotráfico, la minería ilegal y la extorsión, mientras que delitos como la trata de personas y la tala ilegal operan en muchos casos de manera complementaria.
El desafío para el próximo gobierno no radicará únicamente en combatir actividades ilícitas específicas, sino en enfrentar un sistema económico criminal cada vez más diversificado y sofisticado. La expansión simultánea del narcotráfico, la minería ilegal y otras rentas ilícitas ha permitido la acumulación de recursos sin precedentes por parte de organizaciones criminales que hoy poseen capacidad para corromper instituciones, ejercer control territorial y disputar espacios de poder al Estado.
La persistente deuda en derechos humanos
La situación de los derechos humanos seguirá siendo uno de los principales desafíos para el próximo gobierno peruano. En los últimos años, organismos nacionales e internacionales han advertido sobre la persistencia de altos niveles de impunidad frente a violaciones de derechos fundamentales, particularmente aquellas cometidas durante los ciclos de protesta social que han acompañado la prolongada crisis política del país. Desde las movilizaciones contra el gobierno de Manuel Merino en 2020 hasta las protestas que siguieron a la destitución de Pedro Castillo entre 2022 y 2023, decenas de personas murieron y cientos resultaron heridas como consecuencia de la actuación de las fuerzas de seguridad. Aunque se han abierto investigaciones sobre estos hechos, organizaciones de derechos humanos continúan denunciando la lentitud de los procesos judiciales y la ausencia de avances significativos en materia de verdad, justicia y reparación para las víctimas.
La preocupación no se limita a los hechos ocurridos durante las protestas, la respuesta estatal frente a la movilización social ha tendido a privilegiar la represión y la criminalización de la protesta antes que el diálogo político, generando cuestionamientos sobre las garantías para el ejercicio de libertades fundamentales como la reunión, la asociación y la libertad de expresión. Esta situación ha contribuido a un deterioro de la confianza ciudadana en las instituciones y ha profundizado la percepción de que el Estado no ofrece mecanismos efectivos para canalizar demandas sociales ni proteger los derechos de quienes se movilizan.
A estas deudas se suman problemas estructurales que afectan de manera desproporcionada a poblaciones históricamente vulnerables. Comunidades indígenas, habitantes de zonas rurales, mujeres, niños, niñas y adolescentes continúan enfrentando obstáculos para acceder plenamente a derechos básicos como salud, educación, justicia y servicios públicos. La trata de personas sigue siendo una preocupación creciente, especialmente en regiones vinculadas a la minería ilegal, el narcotráfico y otras economías ilícitas, donde mujeres y menores de edad son frecuentemente captados para fines de explotación sexual o laboral. Asimismo, persisten riesgos para líderes sociales, defensores ambientales y comunidades indígenas que enfrentan amenazas derivadas de conflictos territoriales, actividades extractivas ilegales y la débil presencia estatal en amplias zonas del país.
De cara al inicio de un nuevo gobierno, la agenda de derechos humanos aparece marcada por una doble exigencia: responder a las demandas de justicia frente a las violaciones ocurridas durante los últimos años y avanzar en la garantía efectiva de derechos para sectores históricamente excluidos. La capacidad de la próxima administración para romper con los ciclos de impunidad, fortalecer las garantías para la protesta social y ampliar la protección de las poblaciones más vulnerables será un indicador clave de la salud democrática del país en los próximos años.
Dos caminos posibles
Los desafíos descritos ocupan un lugar central en la agenda del próximo gobierno. Sin embargo, las dos candidaturas que disputan la presidencia representan diagnósticos y respuestas diferentes frente a estos problemas.
Por un lado, Keiko Fujimori ha centrado su propuesta en la recuperación del orden mediante el fortalecimiento de las capacidades coercitivas del Estado. Su programa plantea endurecer la política criminal, ampliar el sistema penitenciario, incrementar la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad y otorgar mayores facultades a los organismos encargados de combatir el delito. No obstante, esta visión también ha despertado cuestionamientos entre sectores que advierten sobre los riesgos de privilegiar respuestas punitivas, de persecución y que se caracterizan por una idea de seguridad vinculada a la protección de ciertos intereses, esto en un contexto donde persisten denuncias por uso excesivo de la fuerza, impunidad frente a violaciones de derechos humanos, debilitamiento de los mecanismos de control institucional y un deterioro absoluto de la garantía de condiciones de vida digna para la población. El énfasis en la mano dura puede traducirse en una profundización de tendencias autoritarias sin atacar las condiciones estructurales que permiten la expansión del crimen organizado y las economías ilícitas.
Por otro lado, Roberto Sánchez ha planteado una aproximación que vincula los problemas de seguridad con la desigualdad, la exclusión territorial y la crisis de representación política. Su propuesta combina medidas de persecución al crimen organizado con iniciativas orientadas a fortalecer la presencia estatal en regiones periféricas, ampliar derechos sociales y recuperar capacidades institucionales. Desde esta perspectiva, la seguridad no depende únicamente del fortalecimiento de la fuerza pública, sino también de la capacidad del Estado para reducir las brechas sociales y recuperar legitimidad en los territorios donde hoy predominan las economías ilegales.
El próximo gobierno deberá enfrentar una tensión que atraviesa buena parte de América Latina, cómo responder a la creciente demanda de seguridad sin que signifique sacrificar derechos, vidas y soluciones estructurales. La respuesta a esa pregunta marcará no solo el rumbo de la política de seguridad peruana, sino también la calidad de su democracia durante los próximos años.
