La violencia contra personas líderes y defensoras de derechos humanos en Colombia es un problema estructural que antecede al periodo analizado en este informe. Sus causas se relacionan con patrones históricos de exclusión, la limitada presencia estatal en algunas regiones, las disputas por la tierra y el control territorial de actores armados. En 2023, la Corte Constitucional declaró un estado de cosas inconstitucional (Sentencia SU-546 de 2023) frente a la situación de esta población. La decisión reconoció tanto la persistencia y gravedad de las vulneraciones como las deficiencias institucionales para prevenirlas, proteger a quienes están en riesgo y garantizar justicia. Este antecedente plantea la pregunta de si el Estado ha logrado transformar las condiciones que permiten que estas violencias se repitan.
Durante el gobierno de Gustavo Petro se adoptaron medidas dirigidas a fortalecer las garantías para quienes ejercen liderazgos sociales y defienden derechos humanos. Entre ellas se encuentran la reactivación de la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, la ampliación de la capacidad operativa de la Unidad Nacional de Protección y la expedición, al cierre del periodo, de la Política Pública Integral de Garantías. Estos avances ampliaron el marco institucional y normativo de protección. Sin embargo, su existencia no se tradujo automáticamente en una respuesta oportuna y eficaz en los territorios ya que durante el periodo analizado persistieron los asesinatos, las amenazas, la impunidad y las dificultades para adecuar las medidas a los riesgos y necesidades de cada liderazgo.
La violencia homicida es una de las formas más graves de agresión, ya que silencia a quienes defienden derechos, territorios y procesos comunitarios, y debilita la participación de las comunidades para su buen vivir. Entre 2022 y el primer semestre de 2026, el Observatorio para la Defensa de la Vida (ODEVIDA) registró 786 casos de violencia homicida contra personas líderes y defensoras de derechos humanos. La cifra da cuenta de la magnitud del problema durante el periodo analizado y de un escenario marcado por la persistencia de la violencia y la reconfiguración del conflicto, entre las causas de este tipo de violencia.
El cambio de gobierno en 2026 plantea nuevas preguntas sobre la continuidad de las medidas de prevención y protección y sobre la capacidad estatal para cumplir las órdenes derivadas del estado de cosas inconstitucional. La prolongación de respuestas tardías, ineficaces o desarticuladas podría mantener los riesgos que enfrentan las personas defensoras, en particular cuando las medidas no corresponden a las dinámicas territoriales ni a las necesidades de cada liderazgo. El desafío es que la garantía del derecho a defender derechos humanos se traduzca en acciones sostenidas, coordinadas y capaces de anticiparse a las agresiones.
En este contexto, el presente informe ofrece un balance sobre la situación de las personas líderes y defensoras de derechos humanos en Colombia entre 2022 y el primer semestre de 2026. El primer apartado examina los factores contextuales que explican las violencias ejercidas contra esta población. El segundo presenta un balance cuantitativo de dos de las agresiones más recurrentes: los asesinatos selectivos y las amenazas. El tercero analiza los niveles de esclarecimiento de los casos de violencia homicida y la normatividad vigente en materia de protección.
