Alertas por violaciones a derechos humanos en medio de la nueva estrategia de seguridad de De la Espriella

Durante su campaña presidencial, Abelardo de la Espriella, estructuró una estrategia de seguridad bajo un enfoque de “mano dura” y militarista. Esta estrategia se vería materializada en primera medida a través de un plan de choque de 90 días para recuperar el control territorial y paralelamente la seguridad, reduciendo según él, la violencia en un 50% (Infobae,2026). De acuerdo con lo descrito en la página web de Defensores de la Patria (2026), partido político fundado por De la Espriella, y plataforma divulgativa sobre su programa de gobierno, este plan de choque, o plan de seguridad, se estructuraría bajo un enfoque ofensivo en cinco movimientos: (i) presencia inmediata de la Fuerza Pública en territorios vacíos; (ii) alianza estratégica con Estados Unidos e Israel; (iii) reactivar veteranos y reservistas; (iv) presupuesto armas y tecnología de punta; y (v) internacionalizar el problema.

Tras dos meses de su llegada a la presidencia, ya se encuentra en marcha la implementación de este plan, el cual ha sido publicitado activamente por De la Espriella a través de anuncios mediáticos donde se ostentan los resultados, enfocados en cifras de capturas, “dadas de baja”, incautaciones de droga y decomisos de maquinaria ilegal, acompañados de actos como el del pasado 2 de septiembre, donde se le ve a De la Espriella caminando entre bolsas blancas de cadáveres de presuntos miembros de la disidencia de las FARC liderada por Iván Mordisco.

¿Qué impacto ha tenido el plan de choque de 90 días sobre los derechos humanos?

La estrategia de seguridad del gobierno, implementada inicialmente a través del plan de choque de 90 días ha generado graves afectaciones a la población civil. Plataformas de derechos humanos, organizaciones de la sociedad civil y ONGs, han denunciado ejecuciones extrajudiciales y otro tipo de violaciones a los derechos humanos en el marco de esta estrategia de seguridad. Entre los casos documentados se encuentran:

• Afectaciones a campesinos durante el primer bombardeo ordenado por el gobierno

En el marco del primer bombardeo ejecutado por el gobierno el pasado 10 de agosto en la subregión de Catatumbo contra el ELN, medios como Vorágine e instituciones como la Defensoría del Puebloinformaron que al menos tres campesinos quedaron heridos en medio del bombardeo, se documentaron además desplazamientos forzados hacia el Tarra. El Ministerio de Defensa negó afectaciones a civiles, pero la Defensoría y organizaciones de la sociedad civil comprobaron lo contrario.

• Primera denuncia por ejecución extrajudicial, caso Ricardo Andrés Rodríguez Martínez

El 21 de septiembre de 2026, el gobierno realizó un operativo contra las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN) en la vereda Quebrada del Sol, zona rural de Santa Marta. El balance del gobierno reportó siete integrantes del grupo neutralizados y tres capturados, entre los muertos se encontraba José Luis Pérez, alias “Cholo” segundo cabecilla de las ACSN, y también Ricardo Andrés Rodríguez Martínez, un joven de 18 años. Según su familia, el joven trabajaba como jornalero en Quebrada del Sol, su madre Marelvis Rodríguez, sostiene que no pertenecía a ningún grupo armado. En el relato publicado por el EL PAÍS se describe como surgió el rumor en redes sociales de que le joven era hijo de alias “Pinocho”, en medio del rumor, hubo montajes con inteligencia artificial para hacerlo ver con un fusil, la presión mediática fue tal que el Ministerio de Defensa se pronunció al respecto, señalando que ninguna fuente oficial de la Fuerza Pública “ha afirmado que fuera el hijo de Pinocho”. Una vecina que se encontraba en la zona declaró que vio a un policía tomar a Ricardo del brazo y dispárale, mientras se encontraba en estado de indefensión. La defensora del pueblo, Iris Marín, pidió a la Fiscalía esclarecer las circunstancias de la muerte y señaló que su cuerpo estuvo entre las bolsas blancas que recorrió De la Espriella tras el operativo.

• Denuncia por tortura y secuestro por parte de la Fuerza Pública caso Yuli Andrea Motta Tovar y posible segunda alerta de ejecución extrajudicial

El 22 de septiembre de 2026, durante un operativo del Ejercito en una finca entre La Macarena (Meta) y Calamar (Guaviare), Yuli Andrea Motta Tovar fue retenida por soldados que, según su testimonio, la amarraron, la interrogaron durante horas, le presionaron un fusil bajo el mentón y amenazaron con que su familia la recogería “en bolsas”, tal como lo relata Vorágine (2026):

“—Usted es una hijueputa guerrillera, concluyó el militar ante el desplante. 

“Me apuntó con el fusil y me dijo ‘acuéstese ahí’.  Yo me fui a sentar suave y él me puso la mano en la nuca y me empujó”, contó Yuli. 

—Amarrela, amarrela, dijo otro soldado.

[…]

—Usted me está mintiendo, hijueputa perra. Si usted no colabora aquí la matamos y su familia la va a tener que recoger así sea en pedazos o en bolsas. 

“Yo temblaba, estaba muy atemorizada. Solamente pensaba en mis hijos y mi esposo y creía que no iba a volver a verlos. Dijeron que si el guerrillero que estaban buscando no llegaba, que me iban a llevar con ellos”. El estado de exaltación de los hombres armados era evidente. Había empezado a llover y el miedo de Yuli se convertía en agotamiento.”

En medio del operativo llegó a la vivienda Luis Carlos Mojica Guzmán, a quien la comunidad describe como campesino de la zona y afiliado a la junta de Acción Comunal de la vereda Cachicamo, según el esposo de Yuli, los militares le dispararon y lo remataron cuando estaba herido en el suelo, mientras la hija de la pareja, de 7 años, se escondía bajo la cama. El Ejercito sostiene que Luis Carlos Mojica era alias “Rafael”, integrante de la disidencia de Calarcá y niega que Yuli fue retenida. Mientras que una denuncia de la Junta de Acción Comunal de la vereda Guaduales Nueva Esperanza afirma lo contrario, señalando que Luis Carlos Mojica era una persona inocente. Tras lo sucedió, también se reporta que los militares se llevaron el cuerpo, el cual al parecer no ha sido entregado a sus familiares (Infobae,2026)

• Denuncia por ejecución extrajudicial, caso Keiner Banguera

El 2 de octubre de 2026, Keiner Banguera fue asesinado durante un operativo de la Fuerza Pública en el municipio de El Charco, Nariño. Según INDEPAZ y el Movimiento Étnico y Social del Pacifico, era un joven líder afrodescendiente y defensor de derechos humanos, integrante del Consejo Comunitario Pro Defensa del Río Tapaje. Ambas organizaciones denuncian que iba en una embarcación propia cuando infantes de marina le dispararon y luego llevaron su cuerpo al casco urbano. Las autoridades lo señalan como integrante de una estructura de las disidencias, mientras que la comunidad y organizaciones de la sociedad civil rechazan esta afirmación. El 4 de octubre la Defensoría del Pueblo pidió esclarecer las circunstancias de su muerte, que las pruebas se pongan a disposición de la Fiscalía y que se verifique si se cumplieron los protocolos de actuación de la Fuerza Pública.

La necesidad de presentar resultados inmediatos medidos por demostraciones visibles de fuerza genera escenarios proclives a el uso desmedido de esta, donde se legitima y se prepondera la fuerza como justificación en aras de combatir la criminalidad y restablecer el orden. En este caso, los hechos documentados en tan solo dos meses de gobierno dan cuenta como este modelo de seguridad impulsado por discursos punitivitas y militaristas incrementan los riesgos para la vulneración de los derechos humanos, recordado patrones del pasado usados durante la conocida “Seguridad Democrática”, donde 7.837 personas fueron víctimas de ejecuciones extrajudiciales (falsos positivos) en nombre de una política de seguridad que media el éxito por el número de muertes.

El respaldo político De la Espriella a las Fuerzas Militares, manifestado desde campaña y evidenciado a través de sus alocuciones, donde ha mencionado que ningún soldado ni policía debe tener miedo de hacer su trabajo, y ha afirmado que va a ser el primer defensor de los soldados y policías de la patria, que nunca más serán maltratados, vilipendiados y arrodillados (Infobae,2026). Pone de manifiesto la legitimación total de las acciones de la Fuerza Pública indistintamente si estas incurren en alguna vulneración a los derechos humanos, de hecho, De la Espriella no se ha pronunciado sobre las denuncias de ejecuciones extrajudiciales y casos de abuso de la fuerza durante su mandato, y por el contrario ha celebrado públicamente las operaciones militares realizadas.

Bajo este panorama, se suma la apuesta del gobierno por ampliar el margen de intervención policial en medio de escenarios de protesta social, permitiéndoles actuar sin agotar el dialogo. A través del borrador presentado por el gobierno para modificar el Decreto 003 de 2021, se busca modificar los protocolos de actuación estatal y de la Fuerza Pública durante manifestaciones, en el borrador “se identifican una serie de vacíos que pueden llegar a traducirse en interpretaciones descontextualizadas y acciones desproporcionadas, que, a su vez, pueden llegar a vulnerar derechos en el marco de ejercicios legítimos de protesta social”(PARES,2026).

En definitiva, la estrategia de seguridad nacional de De la Espriella recurre a patrones ya vistos en el pasado, tales como medir el éxito por el número de muertos, exhibir los cuerpos como trofeos, usar un lenguaje que borra la distinción entre civiles y combatientes, y promover menor control judicial junto con un mayor blindaje a la Fuerza Pública; factores que incrementan el riesgo de vulneración de derechos humanos y permitien que la violencia ya no provenga únicamente de los actores armados ilegales y bandas criminales, sino también del propio Estado. Como lo señaló recientemente la Corte Interamericana de Derechos Humanos (2026) a través de un comunicado “El deber del Estado de proteger a las víctimas de la criminalidad no puede significar crear nuevas víctimas”.