“Que empiecen los operativos coordinados para dar con los inmigrantes ilegales, primero los que están cometiendo delitos, segundo los que no tienen regularizada su situación, que en el término de la distancia tendrán que ser deportados” (EL PAÍS,2026). Con este anuncio, Abelardo de la Espriella ordenó hace algunos días iniciar operativos para deportar a inmigrantes irregulares, precisando en su alocución lo siguiente: “No voy a aceptar a inmigrantes ilegales, de donde sea que vengan, que estén cometiendo fechorías en Colombia. Se van y los deportamos. Es una decisión política y administrativa y yo la asumo” (EL PAÍS,2026).
Tras esta decisión, Colombia transforma completamente su política migratoria de la última década, caracterizada por la apertura, regularización e integración, promovidas por los gobiernos de Juan Manuel Santos, Iván Duque y Gustavo Petro. Bajo el segundo gobierno de Juan Manuel Santos, se desarrollaron principalmente dos herramientas para atender el éxodo venezolano, la Tarjeta de Movilidad Fronteriza y el Permiso Especial de Permanencia (PEP). Luego, con la llegada del gobierno de Iván Duque, se creó mediante el Decreto 216 el Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos (ETPV), con vigencia de diez años, orientado a regularizar a cerca de un millón de migrantes irregulares y a encaminarlos hacia la residencia mediante el Permiso de Protección Temporal (PPT), medida que fue respaldada y referenciada internacionalmente. Finalmente, el gobierno de Petro continuó con el Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos (ETPV) (hasta su fecha de corte), y creó el Permiso Especial de Permanecía para Representantes Legales y/o Custodios (PEP Tutor) instrumento diseñado para proteger la unidad familiar de los migrantes venezolanos.
En ese sentido, desde que inició el proceso migratorio venezolano, Colombia fue el principal receptor de esta diáspora, creando en respuesta instrumentos jurídicos y sociales para la regularización de los migrantes, garantizando así sus derechos. Por esta razón, tras del anuncio de De la Espriella este paradigma cambia, transformando los ejes de la política migratoria abierta y regularizadora de la última década, en una política caracterizada por el control, la detención y la deportación. Este enfoque, además modifica la percepción internacional de Colombia, que se presentaba como un referente de acogida frente a la migración, con este nuevo lineamiento se sustituye la narrativa de acogida por expulsión.
Es preciso señalar, que esta transformación de la política migratoria se inscribe en una tendencia internacional y regional vinculada con la llegada de los gobiernos de ultraderecha, los cuales promueven operativos, redadas y deportaciones de migrantes irregulares. Colombia se suma a la lista de países que promueven enfoques de migración más restrictivos y punitivos, alineando su política migratoria con Estados Unidos, Chile, El Salvador, Ecuador, Italia, Hungría, entre otros.
¿Cuáles serían las implicaciones de esta nueva política migratoria?
La medida de deportación afectaría principalmente a la población venezolana residente en el país, particularmente, impactaría sobre los cerca de 848.000 inmigrantes venezolanos que se encuentran en situación irregular, según datos oficiales de Migración Colombia, de estos 193.000 son niñas, niños y adolescentes (EL PAÍS,2026). Esta condición de irregularidad se encuentra vinculada con las diferentes barreras de acceso a las cuales se enfrentan miles de venezolanos para regularizar su estancia en Colombia, pues muchos enfrentan múltiples barreras para acceder a documentos oficiales en su país, entre ellos el pasaporte, debido al mal funcionamiento de las autoridades encargadas, a los altos costos (Universidad de los Andes,2022), y en algunos casos al riesgo que puede suponer acercarse a cualquier autoridad del régimen, como por ejemplo, en los casos de defensores de DD.HH, periodistas, y opositores políticos, que sean vistos como una amenaza.
Además, en muchos casos no se cuenta con la documentación necesaria para realizar el trámite de regularización debido a que muchas personas huyeron de su país por las condiciones de riesgo y seguridad que enfrentaban allí. Las circunstancias en las cuales muchas personas huyeron respondían a una situación de urgencia por salvaguardar su vida, razón por la cual la documentación quedó relegada a una preocupación “menor” frente a la premura de la urgencia.
Por ello, el problema no es que muchos migrantes venezolanos no quieran regularizar su estancia en Colombia, sino que se encuentran condicionados en muchas ocasiones por las barreras de acceso descritas anteriormente, que les impiden contar con la documentación requerida para iniciar el trámite de regularización. Por consiguiente, la política de migración debería tener en cuenta este escenario, dado que como señala Ana Karina García, directora de la Fundación Juntos Se Puede “No se puede perseguir a un migrante por no querer regularizarse si no hay una metodología de regularización” (France 24,2026), y menos aún que no tenga en cuenta estas particularidades adaptada a las necesidades de esta población.
La nueva política migratoria desconoce estas particularidades, y vincula la irregularidad con criminalidad al usar términos como “inmigrantes ilegales”. Pese a que parece simplemente una cuestión de leguaje, no lo es, pues este término sitúa la posición desde la cual el Estado determina que tratamiento darle a una persona en condición de irregularidad, al referirse de tal forma, no se considera la condición de irregularidad como una falta administrativa sino como una conducta criminal.
En consecuencia, teniendo en cuenta lo descrito anteriormente, las implicaciones de esta nueva política migratoria derivan en un riesgo para los derechos de las personas migrantes, particularmente migrantes venezolanos, considerando que:
- El derecho a la igualdad y no discriminación se ve en riesgo, ya que, al vincular la irregularidad con la criminalidad, como señala Jacques Ramírez, docente de posgrado de la Universidad de Cuenca, en Ecuador, “puede fomentar la percepción de los migrantes como responsables de la inseguridad y alimentar la xenofobia”, dado que “uno de los primeros efectos que se generan cuando un alto dignatario de un país hace referencia al tema migratorio es que esto legitima de cierta manera los comportamientos xenófobos de una parte de la población” (Rodríguez, 2026).Además, la frase de “Primero los colombianos, segundo los colombianos y tercero los colombianos” pronunciada por De la Espriella, refuerza ese trato diferenciado por nacionalidad.
- El principio de no devolución (non-refoulement), se ve en riesgo, pues varias personas en condición de irregularidad pueden tener necesidad de protección internacional, como puede ser el caso de las personas defensoras de DD.HH exiliadas en Colombia, quienes huyeron de su país debido al riesgo que les representaba para su integridad física y psicológica quedarse en Venezuela. Pese a que Colombia se encontraba avanzando durante el gobierno anterior en el diseño de la primera política pública de refugio, la cual pretendía abordar las necesidades particulares de esta población en riesgo, su continuidad por el momento es incierta. Por lo tanto, al no reconocer aún a la población en situación de refugio, se da paso a una deportación indiferenciada arriesgando la seguridad de personas refugiadas sin haberlas identificado, por ello, Maureen Meyer, vicepresidenta para Programas de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), señala que “es importante que las personas que estaban buscando protección tengan la posibilidad de acceder a ella y que no sean devueltas a situaciones de riesgo en su país de origen”.
- Los derechos de la niñez migrante pueden verse afectados. Como se señaló anteriormente, aproximadamente 000 niñas, niños y adolescentes venezolanos se encuentran con una condición migratoria irregular, por ello, los operativos de deportación de adultos pueden derivar en separación familiar o en la expulsión de menores sin evaluar su interés superior, que debería primar sobre cualquier consideración migratoria.
Referencias
EL PAIS. (2026). Abelardo de la Espriella ordena la deportación inmediata de los inmigrantes irregulares: “Se van, es una decisión política”.https://elpais.com/america-colombia/2026-08-24/abelardo-de-la-espriella-ordena-la-deportacion-inmediata-de-los-inmigrantes-irregulares-se-van-es-una-decision-politica.html
Universidad de los Andes. (2022). Regularización migratoria: principal barrera de migrantes venezolanos en Colombia. https://derecho.uniandes.edu.co/regularizacion-migratoria-principal-barrera-migrantes-venezolanos-colombia/
France 24. (2026). Venezolanos en el limbo: ¿cómo queda la mayor población migrante de Colombia con De la Espriella? https://www.france24.com/es/am%C3%A9rica-latina/20260826-venezolanos-en-el-limbo-c%C3%B3mo-queda-la-mayor-poblaci%C3%B3n-migrante-de-colombia-ante-de-la-espriella
- (2026). El giro migratorio de Colombia y América Latina.https://www.dw.com/es/el-giro-migratorio-de-colombia-y-am%C3%A9rica-latina/a-78537584
El Tiempo.(2026). Presidente Abelardo De La Espriella ordena operativos contra migrantes y abre el debate sobre el manejo del fenómeno en Colombia. https://www.eltiempo.com/justicia/paz-y-derechos-humanos/presidente-abelardo-de-la-espriella-ordena-operativos-contra-migrantes-y-abre-el-debate-sobre-el-manejo-del-fenomeno-en-colombia-3580573
