Diagnóstico de la CIDH en materia de derechos humanos: entre avances y desafíos

Recientemente, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), un órgano autónomo de la OEA encargado de la promoción y protección de los derechos humanos en el continente americano, presentó su informe anual, en el cual documenta a través de seis capítulos, resultados, avances y desafíos en la promoción y protección de los derechos humanos en las Américas. El informe, presenta un balance sobre los avances y desafíos en materia de derechos humanos en el continente, además expone las peticiones que fueron realizadas ante la Comisión, medidas cautelares expedidas, y seguimiento a las recomendaciones[1] que realizó la Comisión a algunos Estados.

Los hallazgos generales del informe, exponen una tendencia regional caracterizada por: una polarización exacerbada, persistencia de acciones de militarización en la región y uso excesivo de la fuerza en medio de protestas sociales, reducción del espacio cívico en algunos Estados, desafíos para abordar los altos índices de violencia e inseguridad producto de la criminalidad y crimen organizado, acciones promovidas por grupos de poder desde dentro y fuera del Estado, con el objetivo de debilitar la independencia judicial (CIDH,2026), entre otras tendencias que caracterizaron al continente en el último año.

Desde ODEVIDA (Observatorio para la Defensa de la Vida), vemos con especial atención la situación de derechos humanos en Colombia, Perú, y Venezuela, países en los cuales el observatorio ha centrado su quehacer. Por ello, abordaremos a continuación los principales hallazgos del informe para cada uno de estos tres países.

Colombia

Durante 2025, la CIDH evidenció de manera general avances significativos en el reconocimiento normativo y judicial de los derechos de comunidades étnicas, además de la consolidación de enfoques de género y discapacidad en diversas políticas públicas. Paralelamente, destacó la reforma pensional, y avances en el marco de la justicia transicional, donde la Jurisdicción Especial para la Paz emitió sus primeras sanciones restaurativas (CIDH,2026, p.544). Asimismo, de manera particular, en cuestiones específicas como la institucionalidad democrática, implementación del Acuerdo de Paz, seguridad ciudadana y acceso a la justicia, la CIDH indicó que el Estado colombiano se encontraba implementando acciones dirigidas a garantizar la protección para el ejercicio del derecho al voto en el contexto actual de seguridad, además se expusieron algunos avances derivados de la implementación del Acuerdo de Paz, así como, acciones orientadas al fortalecimiento de la seguridad ciudadana, y se destacó la aprobación de la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia en octubre de 2024.

Pese a estos avances, se resaltó la persistencia de varios desafíos estructurales vinculados con la violencia política, la presencia de Grupos Armados Organizados y Grupos de Delincuencia Organizada, y la existencia de economías ilícitas. Asimismo, se recalcó sobre los retrasos en la implementación del acuerdo de paz, los desafíos vinculados con la seguridad y garantía de derechos de firmantes del acuerdo, la débil capacidad institucional para implementar políticas territorializadas y diferenciales, y los altos niveles de impunidad en los casos de homicidios en contra de personas líderes y defensoras de los derechos humanos.

De cara a las próximas elecciones presidenciales, estos desafíos adquieren aún más relevancia, pues se presentan como un insumo adicional que permite identificar los ejes temáticos claves que requieren acciones urgentes, donde indistintamente de quien asuma la presidencia, es necesario avanzar hacia la implementación de políticas que garanticen la defensa y promoción de los derechos humanos.

Tal como lo señaló la CIDH, la persistencia de los desafíos se encuentran vinculados con factores estructurales, pese a que se menciona la violencia política como uno de estos, no se menciona la desigualdad como uno de los factores causales principales de dicha violencia, por ello, pese a los amplios aportes que ofrece el informe sobre la situación de derechos humanos en Colombia, sigue siendo necesario consultar más insumos de manera que se logre establecer una óptica más holística sobre el panorama.

Perú

Aunque la CIDH documentó algunos avances en la reducción de la pobreza multidimensional, destacando políticas dirigidas a personas mayores y a familias que viven en pobreza extrema. La mayoría de sus apreciaciones se concentran más en los desafíos que atraviesa el país que en sus avances, pues es claro que Perú experimenta una grave crisis institucional, caracterizada por el uso recurrente de la “vacancia presidencia” y un desequilibrio entre las ramas del poder público, donde el Congreso (Legislativo) ha cooptado gran parte del poder, lo que en consecuencia ha derivado en ocho presidentes en una década.

En ese sentido, el informe señala la profundización de un ciclo de inestabilidad política tras la aprobación de la vacancia de la expresidenta Dina Boluarte, indicando que esta figura carece de un catálogo objetivo. Además, en términos de acceso a la justicia e independencia judicial, se expone la ratificación de una ley  promovida por el congreso, que se orienta a conceder amnistía a los miembros de las Fuerzas Armadas, de la Policía Nacional del Perú y de los Comités de Autodefensa que “participaron en la lucha contra el terrorismo entre 1980 y 2000”, o dicho en otras palabras, miembros de la Fuerza Pública y Comités de Autodefensa que participaron en medio del conflicto armado interno, donde fueron vulnerados varios derechos humanos por parte de estos miembros.

Por otra parte, en términos de independencia judicial, se menciona el cuestionamiento por parte de varias organizaciones de derechos humanos sobre la “reciente” composición de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), calificando una injerencia en la autonomía funcional del Ministerio Público, y señalando que este hecho establece un grave precedente para la independencia institucional debido a las formas en cómo se estableció tal composición. Asimismo, en términos de seguridad ciudadana, la CIDH expone que Perú registró en 2025 su año más violento desde 2017, con un aumento sostenido en los homicidios.

Es claro que el diagnóstico realizado por la CIDH brinda varios elementos que permiten comprender la deuda que recibe el pueblo peruano de cara a las próximas elecciones presidenciales, donde en medio de una crisis institucional priman más los desafíos que los avances. Frente a las violaciones de derechos humanos ocurridas tanto en medio del conflicto armado interno, como en el marco de las protestas, es claro que la candidatura que asuma la presidencia debe avanzar hacia la promoción, garantía y protección de derechos, así como asegurar condiciones efectivas para el ejercicio de derechos fundamentales.

Venezuela

A diferencia de Colombia y Perú, Venezuela cuenta con un apartado especial, debido a la vulneración sistemática de derechos humanos relacionadas con el ejercicio abusivo de poder por parte del gobierno.

En ese sentido, la CIDH concluye que en 2025 se consolidó una dictadura en Venezuela tras la juramentación de Nicolás Maduro el 10 de enero, la cual careció de legitimidad democrática debido a denuncias de fraude electoral y falta de transparencia en los comicios de 2024, de manera que el gobierno cooptó todos los poderes públicos, eliminando la independencia judicial y el Estado de Derecho.

Al respecto, el régimen ha utilizado el aparato judicial y las fuerzas de seguridad (como el SEBIN y la DGCIM) para castigar las voces críticas, utilizando mecanismos represivos como las detenciones arbitrarias, las desapariciones forzadas, la “diplomacia de rehenes”[2], y violaciones al debido proceso. Asimismo, la CIDH evidenció un cierre casi total del espacio cívico, a través de varias estrategias como: (i) la cesura y el hostigamiento, donde se cerraron arbitrariamente emisoras de radio, se confiscan los equipos y se deportaron periodistas extranjeros, (ii) mediante el control digital, donde el régimen bloquea sistemáticamente sitios web de noticias, redes sociales (como TikTok y Telegram) y uso de tecnologías para vigilancia y recolección masiva de datos personales, (iii) a través de las restricciones a las ONG, con la entrada en vigor de leyes de fiscalización que ha forzado a muchas organizaciones a suspender actividades o exiliarse para proteger a su personal, y (iv) mediante la anulación de pasaportes, donde el régimen cancela los documentos de identidad como medida de castigo contra voces críticas.

En consecuencia, según señala el informe, esto ha desencadenado una emergencia humanitaria caracterizada por  el colapso económico, la crisis sanitaria, carencia de servicios básicos y una emergencia ambiental debido a una deforestación acelerada,  contaminación por derrames petroleros y expansión de la minería ilegal en el Amazonas que afecta gravemente a comunidades indígenas.

¿Como aporta el informe a la situación de derechos humanos en estos países?

El informe emitido por la CIDH se presenta como un aporte relevante que permite identificar de manera general el panorama de derechos humanos de cada uno de estos tres países, aportando un diagnóstico clave que sirve como insumo para establecer una hoja de ruta y focalizar los esfuerzos para superar los desafíos identificados.

Este informe adquiere especial relevancia de cara las próximas a las elecciones presidenciales en Colombia y Perú, donde se pueden encontrar las principales deudas que posee actualmente cada uno de los Estados en materia de derechos humanos, utilizándolo como un recurso que puede usar la ciudadanía para contrastar si los planes de gobierno propuestos por los candidatos abordan los desafíos en cuestión.

Frente a las vulneraciones de derechos humanos perpetradas tanto en Colombia como en Perú, es ineludible que los candidatos y candidatas a la presidencia prescindan de abordar una agenda de derechos humanos, la protección de derechos no es negociable y por el contrario es deber de los Estados. Pese a ello, es claro que algunos planes de gobierno de candidatos y candidatas tanto en Perú como en Colombia ponen en entredicho el enfoque de derechos humanos, posicionándolo en un segundo o tercer plano y despojándolo de su importancia, hecho que genera preocupación y aún más cuando se invocan valores, principios y políticas del pasado que se caracterizaron por vulnerar sistemáticamente derechos humanos.

[1] “La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) formula recomendaciones a los Estados Miembros de la Organización de los Estados Americanos (OEA), con el fin de fomentar el debido respeto a los derechos humanos” (CIDH, s.f).

[2] El Estado ha intensificado la detención de extranjeros y personas con doble nacionalidad para utilizarlos como objeto de canje político con otros países.