Una crisis, tres candidatos: seguridad, orden y democracia en la encrucijada electoral de Perú

Perú llega a las elecciones de 2026 atravesado por una de las crisis políticas más prolongadas de América Latina. En menos de diez años, el país ha tenido ocho presidentes, una cifra que no solo evidencia inestabilidad, sino también un deterioro estructural del sistema político.  

Desde 2016, la sucesión de gobiernos ha estado marcada por escándalos de corrupción, enfrentamientos constantes entre el Ejecutivo y el Congreso, y el uso recurrente de la “vacancia presidencial”; una figura constitucional que permite destituir al mandatario por “incapacidad moral”. Esta herramienta, fue utilizada de manera más recurrente y flexible, convirtiéndose así en un mecanismo de disputa política más que en un recurso excepcional. Este desgaste institucional no solo ha fragmentado el sistema de partidos, sino que ha profundizado una creciente demanda social por orden, seguridad y autoridad.

El ciclo comenzó con la renuncia de Pedro Pablo Kuczynski en 2018, en medio de investigaciones por corrupción vinculadas al caso Odebrecht. Lo sucedió Martín Vizcarra, quien fue destituido por el Congreso en 2020 y tiempo después fue condenado a 14 años de prisión por el delito de cohecho por haber recibido unos US$680.000 en coimas de empresas constructoras cuando ejerció como gobernador de la región de Moquegua, todo esto desató una crisis social con protestas masivas. Luego vinieron gobiernos de transición débiles, como el de Manuel Merino, que duró apenas días, y Francisco Sagasti, seguidos por el mandato de Pedro Castillo, que terminó en 2022 tras un intento fallido de disolver el Congreso. Desde entonces, el país ha oscilado entre liderazgos como los de Dina Boluarte, José Jerí, y José María Balcázar. 

Este panorama se inscribe, además, en un contexto particularmente crítico en materia de derechos humanos. La última década ha estado atravesada por ciclos de protesta social respondidos sistemáticamente con represión estatal, dejando decenas de personas asesinadas, cientos de heridas y una persistente impunidad. Desde las movilizaciones de 2020 hasta las protestas posteriores a la caída de Pedro Castillo en 2022 y las más recientes de 2025, el uso desproporcionado de la fuerza por parte de las autoridades se ha consolidado como un patrón. La seguridad, en este escenario, no aparece como un problema aislado de criminalidad, sino como un campo atravesado por la tensión entre control estatal y garantías democráticas.

Resultados electorales: entre la derecha y la izquierda

La jornada electoral que inició el pasado domingo 12 de abril,  se desarrolló en medio de retrasos inéditos en el escrutinio. La jornada incluso debió extenderse al día siguiente en Lima por problemas logísticos, y el país tuvo que esperar varios días para conocer resultados parciales. Sin embargo, en medio de ese escenario fragmentado que se dio con más de 30 candidaturas y sin ningún candidato superando el 20%, hay ya una certeza: Keiko Fujimori encabezó los resultados y tiene asegurado su paso a la segunda vuelta.

Keiko Fujimori, candidata del partido Fuerza Popular, e hija del expresidente Alberto Fujimori, en su propuesta “Perú con orden”,reivindica el legado fujimorista establecido por su padre, reafirmando la vigencia de sus principios basados en el neoliberalismo, anticomunismo y autoritarismo. Esta narrativa incide directamente sobre el enfoque de derechos humanos, dado que durante el gobierno de Fujimori se perpetraron varios crímenes de lesa humanidad, siendo condenados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por casos como los de Barrios Altos y La Cantuta, esterilizaciones forzadas de mujeres campesinas e indígenas, y el autogolpe de 1992 que disolvió el Congreso y el Poder Judicial. En medio de las reivindicaciones a las posturas fujimoristas, el plan de gobierno omite por completo los crímenes cometidos, y refuerza posturas de “orden” y seguridad que vulneraron de manera sistemática derechos humanos.  

En ese sentido, entre las propuestas establecidas se puede encontrar una reforma penitenciara basada en la construcción de cuatro mega cárceles de máxima seguridad, con notables características del “modelo Bukele”. De la misma manera, Keiko también propone implementar un modelo de vigilancia tecnológica masiva, omitiendo marcos regulatorios de protección de datos, además del establecimiento de unidades de flagrancia express, las cuales, al centrarse en procesos inmediatos y sentencias rápidas, pueden alterar el debido proceso penal, que brinda garantías de respeto a los derechos del imputado.  

Por otra parte, se evidencia una contradicción entre la agenda minero energética y ambiental, pues mientras se alude a un programa de cero deforestación ilegal, por otro lado se refiere a un establecimiento de un “mecanismo fast track para la aprobación de grandes proyectos energéticos estratégicos, reduciendo la tramitología excesiva” (Fuerza Popular,2026,p.47), facilitando las concesiones mineras sin establecer ninguna diferenciación en zonas de amplia protección ambiental como la Amazonía, lo que podrían erosionar estándares de protección ambiental y de consulta previa. Además, es preciso señalar la omisión de un enfoque de derechos interseccional y de género, de hecho, se evidencia una postura restrictiva sobre derechos reproductivos implícita en el decálogo del plan de gobierno “Protegemos decididamente el derecho a la vida desde su concepción” (Fuerza Popular, 2026, p.11). 

Si el paso de Fujimori a segunda vuelta es un hecho, la disputa por quién la enfrentará sigue abierta entre dos perfiles distantes: Rafael López Aliaga y Roberto Sánchez.

López Aliaga, candidato de Renovación Popular, representa una derecha ultraconservadora con un discurso fuertemente punitivo, logra posicionarse como candidato atractivo ya que recoge las propuestas de la derecha nacional e internacional sin cargar el legado del fujimorismo. Su propuesta se articula en torno a la guerra contra la delincuencia, el comunismo y el feminismo. Su armazón político recoge referentes internacionales como Jair Bolsonaro y Donald Trump.

En materia de seguridad, plantea un enfoque de mano dura que incluye medidas como el retiro de Perú de la Corte Interamericana de Derechos Humanos con el argumento de recuperar soberanía jurídica; al igual que Keiko, proyecta la implementación de cárceles “modelo Bukele” en zonas aisladas; entre sus propuestas se encuentra también la de jueces “sin rostro”, para procesar delitos vinculados al llamado terrorismo urbano.

Su programa también propone inversiones masivas en inteligencia policial y militar, con sistemas de videovigilancia, drones e interceptación de comunicaciones, también la cadena perpetua para delitos como extorsión, sicariato y corrupción. A esto se suma el uso de grilletes electrónicos para extranjeros no registrados y acuerdos internacionales para operaciones conjuntas contra el crimen. En conjunto, su visión de seguridad privilegia el control, la vigilancia y el endurecimiento penal, con un claro desplazamiento de los estándares de derechos humanos en nombre de la eficacia y la seguridad.

En contraste, la candidatura de Roberto Sánchez se ubica en un espectro distinto, vinculada a sectores de izquierda y al legado político de Pedro Castillo. Exministro de Comercio Exterior y Turismo y dirigente cercano a movimientos sociales, Sánchez recoge el descontento frente al modelo económico y político vigente desde otra arista ideológica, proponiendo una mayor intervención estatal y el inicio de un enfoque redistributivo.

En materia de seguridad, su propuesta apuesta por un enfoque integral que articula prevención, fortalecimiento institucional y atención a las causas estructurales de la violencia, parte del legado de violencia y vulneración a los derechos humanos que ha atravesado el país en su historia reciente. Esto incluye el impulso de políticas sociales en territorios con alta conflictividad, la reforma y profesionalización de la policía y el fortalecimiento del sistema de justicia.

Sánchez plantea reforzar los marcos de protección y garantizar las libertades fundamentales, incluyendo el derecho a la protesta. Su agenda incorpora un énfasis en derechos colectivos, especialmente de comunidades campesinas e indígenas, así como en la defensa del territorio frente a proyectos extractivos. A diferencia de López Aliaga, no propone rupturas con el sistema interamericano, sino que lo reivindica como un mecanismo de control frente a abusos estatales.

El contraste entre estos tres perfiles adquiere mayor relevancia a la luz de la deuda que recibe el próximo gobierno en Perú, indiferentemente de quien lo asuma. La principal deuda del Estado peruano es garantizar justicia, reparación y no repetición frente a las violaciones de derechos humanos ocurridas en el marco de las protestas, así como asegurar condiciones efectivas para el ejercicio de derechos fundamentales.

Sin embargo, al revisar las propuestas, se evidencia una desconexión significativa de estas necesidades. Tanto Fujimori como López Aliaga priorizan enfoques de seguridad centrados en el endurecimiento del aparato coercitivo, sin incorporar mecanismos claros de rendición de cuentas ni políticas de reparación para las víctimas de la represión estatal. En ambos casos, la seguridad aparece desligada de los derechos humanos, y más que eso, en tensión directa con ellos. La salida del sistema interamericano planteada por López Aliaga o la flexibilización de garantías procesales en las propuestas de Fujimori son ejemplos de ello.

Por su parte, la propuesta de Sánchez se acerca más a las demandas que los movimientos sociales y el grueso de la población han planteado en garantías para la vida, esto al reconocer la necesidad de fortalecer instituciones, garantizar derechos y abordar las causas estructurales de la violencia. No obstante, enfrenta un desafío político evidente, en un contexto donde lo urgente se demarca en la capitalización de la preocupación por la inseguridad y el crimen organizado, un enfoque así queda corto al plantear la solución a situaciones del pasado sin una estrategia clara para la situación actual en materia de seguridad.

Al momento (24 de abril 12:30 pm), se encuentran el 95.146 % de las actas actualizadas, Roberto Sánchez lleva la delantera con 1.926.100 votos, seguido por 1.905.755 votos de Lopez Aliaga, se espera que el resultado final se tenga a mediados de mayo. Estas elecciones no solo definen un gobierno, sino el rumbo de la relación entre Estado, seguridad y derechos humanos. Entre la promesa de orden a través de la coerción y la apuesta por una seguridad con enfoque de derechos, el país se enfrenta a una decisión que marcará si rompe o profundiza el ciclo de violencia, impunidad y desconfianza que ha caracterizado su última década.