En medio de un clima político tenso y esperanzas opositoras, Venezuela vive uno de los pocos momentos de apertura política en más de una década de represión y detenciones arbitrarias: la promesa de liberar a presos políticos mediante una Ley de Amnistía General que ha reactivado las demandas por justicia, reparación y memoria.
La pugna entre el Estado y la sociedad civil no solo gira en torno a los términos legales de la amnistía, como lo son delitos excluidos, los criterios para acceder al beneficio y la anulación o no de antecedentes penales, sino también a las vidas que ya han sido marcadas por la detención, tortura y separación forzada de familias. En el fondo, el debate jurídico se centra en si la ley se limitará a extinguir procesos penales o si incluirá garantías de reparación y no repetición que reconozcan las violaciones cometidas.
Organizaciones de derechos humanos han documentado que durante años la sociedad civil venezolana ha enfrentado detenciones arbitrarias, criminalización y violencia física por ejercer derechos fundamentales, desde defender la participación democrática hasta exigir transparencia estatal. Esta dinámica ha colocado a defensores, lideresas sociales, activistas y manifestantes en constante riesgo.
Hoy, las discusiones alrededor de la libertad de presos políticos son también un espejo de esos años de violencia estructural: ¿qué significa la libertad cuando la ley excluye a amplios sectores de detenidos? ¿Puede haber reconciliación sin reparación? ¿Qué lugar tienen las familias que han pasado meses o años a la espera de resultados y respuestas?
En este contexto, ODEVIDA, en alianza con PROVEA, se ha venido documentando el progresivo cierre del espacio cívico en Venezuela. En el informe Democracia Cero: Maduro les declara la guerra a las organizaciones sociales en Venezuela, evidencia un patrón sistemático de persecución estatal contra organizaciones y personas defensoras de derechos humanos. Entre los principales hallazgos de esta investigación se encuentra el aumento sostenido de ataques y actos de hostigamiento contra defensores, la utilización de figuras penales ambiguas como “terrorismo” o “traición a la patria” para criminalizar la disidencia, y la imposición de marcos normativos que restringen el financiamiento y funcionamiento de ONG. Estos elementos permiten comprender que la discusión sobre la amnistía no ocurre en un vacío, sino en un escenario de debilitamiento estructural de garantías democráticas.
Los límites de una amnistía parcial
La Asamblea Nacional, controlada por el oficialismo, aprobó en primera lectura un proyecto de Ley de Amnistía que, en teoría, busca “perdonar” delitos políticos cometidos desde 1999 hasta 2026. El texto, promovido por la presidenta actualmente encargada Delcy Rodríguez, incluye medidas para cancelar procesos judiciales viciados e incluso eliminar órdenes de captura, con la expectativa de permitir el retorno de venezolanos exiliados.
No obstante, organizaciones y familiares han denunciado que esta amnistía es insuficiente, porque excluye explícitamente a quienes han sido condenados o procesados por delitos considerados graves, tales como homicidio, violaciones de derechos humanos, narcotráfico y otros cargos que el Estado ha usado frecuentemente para criminalizar la protesta y acciones o agendas que no se alineen con su horizonte social y político, que, en perspectiva, tiene bases chavistas.
Según las voces opositoras, esta exclusión dejaría a más de la mitad de los presos políticos fuera de la medida, especialmente aquellos que han sido acusados bajo cargos fabricados o desproporcionados.
Familiares de detenidos han exigido, además, que esta ley contemple reparación integral, garantías de no repetición y mecanismos efectivos de justicia transicional. La ausencia de estos elementos ha generado una percepción de que el proceso responde más a una estrategia de control político que a una verdadera apertura democrática, tal como han señalado familiares y organizaciones sociales en protestas recientes frente a la Asamblea Nacional y en declaraciones recogidas por medios internacionales como El País y RTVE.
Voces que emergen tras los barrotes
Desde las puertas de cárceles como El Helicoide o El Rodeo I, familiares narran un sufrimiento que va más allá de la privación de libertad: años de aislamiento, torturas psicológicas y físicas, desapariciones forzadas, borrado o manipulación de información, y el desgaste emocional de no saber si algún día volverán a encontrarse con sus seres queridos. Muchos presos liberados han relatado condiciones inhumanas, desde alojamientos infrahumanos hasta violencia sistemática que buscaba quebrar su voluntad en silencio.
Algunos excarcelados han salido con medidas restrictivas que limitan su libertad de movimiento o participación política, lo que para sus familias equivale a seguir encarcelados. Estas voces, que una vez fueron marginadas o silenciadas, reclaman ahora no solo su libertad física, sino el reconocimiento del daño sufrido y la garantía de que no se repitan estos patrones de violencia.
Casos emblemáticos como el de Rocío San Miguel, presidenta de Control Ciudadano, detenida bajo acusaciones de conspiración; o el de Javier Tarazona, director de Fundaredes, encarcelado tras denunciar la presencia de grupos armados irregulares en la frontera, evidencian cómo la persecución ha alcanzado a perfiles técnicos y defensores de derechos humanos con reconocimiento nacional e internacional. Estos casos son indispensables y pues se han convertido en símbolos de la criminalización de la labor de defensa y monitoreo independiente en Venezuela.
De la protesta a la negociación
Este proceso no ha ocurrido de manera aislada ni improvisada. Desde 2024, diferentes hitos han marcado el camino hacia la liberación parcial de presos políticos en Venezuela:
En paralelo, medios internacionales han reportado casos de recaptura de personas previamente liberadas, lo que ha generado preocupación entre organizaciones sociales y familiares sobre la estabilidad y coherencia del proceso de excarcelación.
Balances: esperanza y límites
La discusión en torno a la liberación de presos políticos se encuentra en una encrucijada de balances contradictorios, puesto que, por un lado, para muchos afectados y sus allegados, la salida de cientos de detenidos representa un avance histórico en medio de años de represión y estigmatización. La posibilidad de reunificación familiar, de contar lo vivido y de reconstruir proyectos de vida suspendidos durante años es una fuente de alivio y esperanza.
De acuerdo con organizaciones de monitoreo como Foro Penal, aunque más de 400 personas han sido liberadas desde enero de 2026, aún permanecen detenidas cientos de personas por motivos políticos. Esto implica que el porcentaje de excarcelación, si bien significativo, no represente una solución integral al fenómeno de la prisión política en el país. Además, no existe claridad pública sobre los criterios utilizados para definir quiénes acceden a la amnistía y quiénes quedan excluidos, lo que ha generado cuestionamientos sobre posibles patrones selectivos en las liberaciones.
Pero por otro, las exclusiones de la ley, las condiciones restrictivas impuestas tras las excarcelaciones y la falta de mecanismos de reparación ponen en evidencia que no hay libertad plena sin justicia real ni garantías estructurales de derechos humanos. La narrativa de reconciliación promovida por sectores oficiales colisiona con la experiencia de quienes han sufrido el peso de la detención arbitraria y la violencia institucionalizada.
Al mismo tiempo, durante este proceso de “liberación” se han registrado casos en los que personas excarceladas han sido nuevamente sujetas a la privación de libertad o a medidas restrictivas inmediatamente después de su salida; la ONG Foro Penal verificó 426 excarcelaciones, pero aclaró que uno de los liberados fue recapturado horas después, evidenciando que la “liberación” puede ser frágil cuando se reactivan procesos judiciales inmediatamente tras excarcelar a una persona. Este patrón de recapturas o re-detenciones alimenta la percepción de que la supuesta liberación es frágil y condicional, y no garantiza de ninguna manera el derecho a la libertad cuando persisten procesos penales o nuevos cargos bajo criterios judiciales opacos.
Los debates legales y las recapturas son solo uno de los tantos puntos en esta amnistía, pues este proceso de excarcelaciones ha sido acompañado por medidas de protesta extremas por parte de familiares de presos políticos. Desde mediados de febrero de 2026, decenas de familiares, mujeres en su mayoría, iniciaron una huelga de hambre indefinida frente al comando policial de la Policía Nacional Bolivariana conocido como Zona 7, en Caracas, para exigir la liberación completa de sus parientes tras las promesas incumplidas de excarcelación hechas por altos funcionarios del Parlamento. Los manifestantes, debilitados por más de tres días sin alimentos, han denunciado problemas de salud, desmayos y falta de acceso médico, y sostienen que el ritmo de las liberaciones sigue siendo insuficiente frente a los más de 600 presos políticos que aún permanecen detenidos según organizaciones de derechos humanos.
De cara al futuro, el proceso podría estar condicionado tanto por dinámicas políticas internas como por la relación bilateral entre Venezuela y Estados Unidos, especialmente tras los recientes acontecimientos que alteraron el escenario político. Organizaciones sociales han insistido en que la liberación debe ir acompañada de reformas estructurales, mecanismos independientes de verificación y garantías de no repetición. Hasta el momento, no es claro si estas demandas están siendo incorporadas por el oficialismo en el debate legislativo.
