Por: Unidad para las Víctimas
La alianza estratégica entre la Asociación de Cabildos Indígenas y la Fundación Paz y Reconciliación permitió fortalecer la organización comunitaria y capacitar a profesionales locales en las distintas fases y momentos del proceso de reparación.
La Unidad para las Víctimas culminó la tercera etapa de la ruta de reparación colectiva con los resguardos indígenas Nasa de Las Delicias, La Concepción, Guadualito y Cerro Tijeras, ubicados en el Norte del Cauca, mediante la caracterización de los daños colectivos que sufrieron en el marco del conflicto armado.
Esta etapa que, como la fase de alistamiento, se realizó en articulación entre la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca Çxhab Wala Kiwe (ACIN) y la Fundación Paz y Reconciliación (PARES), a través del apoyo realizado por parte de la Fundación FORD, es un paso fundamental en el esfuerzo por documentar y visibilizar el proceso de reparación administrativa contemplado en el Decreto Ley 4633 de 2011, liderado por la Unidad para las Víctimas y en trabajo coordinado con la Fundación PARES y la Çxhab Wala Kiwe-ACIN, en aras de avanzar en la formulación de sus Planes Integrales de Reparación Colectiva (PIRC) que permitan contribuir a la reparación de los daños y afectaciones sufridas por estas comunidades que durante décadas han enfrentado el impacto de la guerra en su vida, su cultura y en especial en la relación con sus territorios.
Durante la fase de caracterización del daño, las comunidades participaron en jornadas de trabajo enmarcadas en el derecho fundamental a la consulta previa, implementando metodologías como recrear líneas de tiempo, mapeos territoriales y trabajo con mayores, jóvenes, mujeres y sabedores culturales permitiendo un análisis profundo y detallado de los daños ocasionados por el conflicto armado colombiano en sus territorios.
El ejercicio se realizó mediante metodologías propia de la Unidad para las Víctimas debidamente concertadas con la comunidad que facilitó la recolección de testimonios y vivencias colectivas, proporcionando un registro integral de las afectaciones a sus prácticas colectivas, formas de organizaciónrelacionamiento, planes de vida, así como a sus formas de autorreconocimiento y principalmente los daños y afectaciones a sus territorios.
Para los mayores de las cuatro comunidades, este ejercicio fue una experiencia de altibajos. Mediante una declaración conjunta, los y las mayoras de los resguardos dijeron: “Recordar las tragedias y sacrificios de nuestro pueblo ha sido doloroso, pero necesario. Aunque devastadoras, estas memorias reflejan la resistencia y la fortaleza de nuestras comunidades, que hoy se mantienen firmes en su identidad y derechos”.
La caracterización permitió a cada resguardo identificar patrones de victimización específicos y devastadores. En el resguardo de Las Delicias, por ejemplo, los mayores recordaron los años de violencia que transformaron radicalmente el territorio: la expansión de cultivos ilícitos, el despojo de tierras ancestrales y el daño al medio ambiente que dejó a la comunidad con un ecosistema frágil y reducido. Además, la violencia directa contra los jóvenes mediante el reclutamiento forzado desintegró el tejido familiar y social, dejando en riesgo la pervivencia física y cultural para las generaciones más jóvenes.
En Guadualito, las consecuencias de la violencia se reflejan en la destrucción de espacios sagrados y la alteración de los rituales comunitarios que conforman la vida cultural y espiritual. La mayora Ana Julia Rivera enfatizó en el impacto emocional de estos daños.
Por su parte, en el resguardo de Cerro Tijeras, los y las sabedores culturales y autoridades espirituales enfrentaron años de persecución y violencia, lo que forzó a muchos a ocultarse o abandonar sus prácticas, debilitando la transmisión de conocimientos tradicionales a las nuevas generaciones. Este daño a las prácticas ancestrales, especialmente en la medicina tradicional y en la conexión con el entorno, ha dejado una marca duradera en el colectivo.
Y en La Concepción, la comunidad ha experimentado no solo el desplazamiento forzado, sino también la destrucción de su biodiversidad y la profanación de sus sitios de armonización.
Un daño común a los cuatros resguardos ha sido la vulneración generalizada y sistemática de los derechos de las mujeres, pues el dolor y sufrimiento causado por hechos terribles como el empalamiento, violaciones e incineración fueron utilizados por los actores armados con estrategia de guerra, que desestructuro el tejido mujer y familia dentro del colectivo.
La memoria de los daños en los cuatro resguardos ha sido transmitida con dolor a las generaciones actuales, como un recordatorio de la importancia de defender y preservar el territorio: “La comunidad dio su testimonio y compartió su dolor, reconociendo que la pérdida de seres queridos y de nuestros sitios sagrados son daños que no pueden repararse. Aun así, esperamos que esta reparación sea un acto de dignificación para todos”, señalaron los y las mayoras.
Entre tanto el subdirector de Reparación Colectiva de la Unidad para las Víctimas, Jesús Leandro Tarazona, destacó la importancia del proceso y del convenio entre la Unidad Para las Víctimas con PARES y ACIN, estableciendo así una “estrategia pionera”, resaltando la contratación de profesionales locales, dejando capacidad instalada en las comunidades y fortaleciendo la organización de ACIN en el territorio.
La Unidad para las Víctimas culminó la tercera etapa de la ruta de reparación colectiva con los resguardos indígenas Nasa de Las Delicias, La Concepción, Guadualito y Cerro Tijeras, ubicados en el Norte del Cauca, mediante la caracterización de los daños colectivos que sufrieron en el marco del conflicto armado.
Esta etapa que, como la fase de alistamiento, se realizó en articulación entre la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca Çxhab Wala Kiwe (ACIN) y la Fundación Paz y Reconciliación (PARES), a través del apoyo realizado por parte de la Fundación FORD, es un paso fundamental en el esfuerzo por documentar y visibilizar el proceso de reparación administrativa contemplado en el Decreto Ley 4633 de 2011, liderado por la Unidad para las Víctimas y en trabajo coordinado con la Fundación PARES y la Çxhab Wala Kiwe-ACIN, en aras de avanzar en la formulación de sus Planes Integrales de Reparación Colectiva (PIRC) que permitan contribuir a la reparación de los daños y afectaciones sufridas por estas comunidades que durante décadas han enfrentado el impacto de la guerra en su vida, su cultura y en especial en la relación con sus territorios.
Durante la fase de caracterización del daño, las comunidades participaron en jornadas de trabajo enmarcadas en el derecho fundamental a la consulta previa, implementando metodologías como recrear líneas de tiempo, mapeos territoriales y trabajo con mayores, jóvenes, mujeres y sabedores culturales permitiendo un análisis profundo y detallado de los daños ocasionados por el conflicto armado colombiano en sus territorios.
El ejercicio se realizó mediante metodologías propia de la Unidad para las Víctimas debidamente concertadas con la comunidad que facilitó la recolección de testimonios y vivencias colectivas, proporcionando un registro integral de las afectaciones a sus prácticas colectivas, formas de organizaciónrelacionamiento, planes de vida, así como a sus formas de autorreconocimiento y principalmente los daños y afectaciones a sus territorios.
Para los mayores de las cuatro comunidades, este ejercicio fue una experiencia de altibajos. Mediante una declaración conjunta, los y las mayoras de los resguardos dijeron: “Recordar las tragedias y sacrificios de nuestro pueblo ha sido doloroso, pero necesario. Aunque devastadoras, estas memorias reflejan la resistencia y la fortaleza de nuestras comunidades, que hoy se mantienen firmes en su identidad y derechos”.
La caracterización permitió a cada resguardo identificar patrones de victimización específicos y devastadores. En el resguardo de Las Delicias, por ejemplo, los mayores recordaron los años de violencia que transformaron radicalmente el territorio: la expansión de cultivos ilícitos, el despojo de tierras ancestrales y el daño al medio ambiente que dejó a la comunidad con un ecosistema frágil y reducido. Además, la violencia directa contra los jóvenes mediante el reclutamiento forzado desintegró el tejido familiar y social, dejando en riesgo la pervivencia física y cultural para las generaciones más jóvenes.
En Guadualito, las consecuencias de la violencia se reflejan en la destrucción de espacios sagrados y la alteración de los rituales comunitarios que conforman la vida cultural y espiritual. La mayora Ana Julia Rivera enfatizó en el impacto emocional de estos daños.
Por su parte, en el resguardo de Cerro Tijeras, los y las sabedores culturales y autoridades espirituales enfrentaron años de persecución y violencia, lo que forzó a muchos a ocultarse o abandonar sus prácticas, debilitando la transmisión de conocimientos tradicionales a las nuevas generaciones. Este daño a las prácticas ancestrales, especialmente en la medicina tradicional y en la conexión con el entorno, ha dejado una marca duradera en el colectivo.
Y en La Concepción, la comunidad ha experimentado no solo el desplazamiento forzado, sino también la destrucción de su biodiversidad y la profanación de sus sitios de armonización.
Un daño común a los cuatros resguardos ha sido la vulneración generalizada y sistemática de los derechos de las mujeres, pues el dolor y sufrimiento causado por hechos terribles como el empalamiento, violaciones e incineración fueron utilizados por los actores armados con estrategia de guerra, que desestructuro el tejido mujer y familia dentro del colectivo.
La memoria de los daños en los cuatro resguardos ha sido transmitida con dolor a las generaciones actuales, como un recordatorio de la importancia de defender y preservar el territorio: “La comunidad dio su testimonio y compartió su dolor, reconociendo que la pérdida de seres queridos y de nuestros sitios sagrados son daños que no pueden repararse. Aun así, esperamos que esta reparación sea un acto de dignificación para todos”, señalaron los y las mayoras.
Entre tanto el subdirector de Reparación Colectiva de la Unidad para las Víctimas, Jesús Leandro Tarazona, destacó la importancia del proceso y del convenio entre la Unidad Para las Víctimas con PARES y ACIN, estableciendo así una “estrategia pionera”, resaltando la contratación de profesionales locales, dejando capacidad instalada en las comunidades y fortaleciendo la organización de ACIN en el territorio.
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