Por: Catalina Neva y Nataly Páez, Investigadoras nacionales de ODEVIDA
Entre 1980 y el año 2000 era usual encontrarnos cada día con una noticia sobre el Perú. Casi siempre el encabezado hablaba de carros bombas, secuestros, tomas a pequeños poblados. El paso de Sendero Luminoso se hacía sentir. Las víctimas, por supuesto, eran los indígenas y los campesinos. La exclusión y la desigualdad, el abandono estatal y la frágil representación democrática eran las principales causas de esta violencia. Abimael Guzmán era el líder de este grupo calificado como terrorista que dejó, entre muertos y desaparecidos, a 12.564 víctimas según la Comisión de la Verdad. El aparato estatal, en su contraofensiva, dejó 7.260 víctimas. Las fuerzas paramilitares dejaron 466 víctimas mientras el grupo guerrillero, Tupac Amarú fue responsable de la muerte y desaparición de 339 personas.
Estos grupos perpetraron crímenes de lesa humanidad en los estados más pobres del Perú. Los campesinos llevaron la peor parte. Con la necesidad de reparar a las víctimas se crea en el 2005 el Plan Integral de Reparaciones. Pero, hasta el 2024, la implementación de este plan había sido absolutamente ineficiente. Una ley amenaza con beneficiar a los victimarios: sus crímenes prescribirán. La promulgación de esta ley afectaría por lo menos 5.000 víctimas de violencia sexual se verán afectadas. Los crímenes de lesa humanidad no prescriben pero el Estado Peruano a hecho todo lo posible para que esto suceda entrando en un negacionismo absurdo y ha llegado a afirmar que “El conflicto nunca sucedió”.
La ambigüedad de la ley también están oradando el camino para intervenir la selva amazónica afectando a la gente que vive allí, todo para poder explotar sus recursos.
La crisis institucional en el Perú, exacerbada tras la salida de Pedro Castillo del ejecutivo y el ascenso de Dina Boluarte a la presidencia, ha desencadenado un complejo panorama de debilitamiento institucional. La concentración del poder en el ejecutivo ha permitido la aprobación de varios proyectos de ley que atentan contra la promoción y protección de los derechos humanos en el país. Hay tramitándose leyes que llevarían al Perú al retiro de la Convención Interamericana de Derechos Humanos.
El siguiente, más que un informe, es un disparador de alertas para evitar que la crisis institucional promueva la impunidad en un país que necesita reparar a sus víctimas y proteger tanto a los pueblos indígenas como a sus recursos naturales.
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