Por: Clima21 y Odevida Capítulo Venezuela
En Venezuela las personas y comunidades afrovenezolanas han sido históricamente marginadas e invisibilizadas. En la actualidad, si bien el Estado ha avanzado en el reconocimiento de los derechos de esta población, las acciones no han generado cambios significativos en las condiciones de vida de los afrovenezolanos.
Por otra parte, el gobierno nacional viene desarrollando una política extractivista minera que pone en riesgo los derechos humanos de las comunidades afrovenezolanas existentes en las zonas afectadas por dichas actividades.
Frente a esta situación, el objetivo del presente informe fue documentar el impacto de la política extractivista minera en las comunidades afrovenezolanas de El Callao y Aripao del estado Bolívar desde un enfoque de derechos humanos.
Los resultados encontrados en la investigación indican que, debido a la expansión incontrolada de las actividades mineras al sur del país, se ha producido un incremento de la violencia y un grave deterioro ambiental en todo este territorio, así como un aumento de las amenazas al patrimonio cultural de los pueblos que allí habitan. El daño ambiental se manifiesta en una muy alta deforestación, contaminación por mercurio e incremento de los casos de malaria.
Esas circunstancias permiten concluir que las comunidades afrovenezolanas de El Callao y Aripao viven en una zona de sacrificio. Es decir, en un territorio donde se ha producido un deterioro de las condiciones socioambientales de tal magnitud que se generan graves violaciones a los derechos humanos de sus habitantes. Esta situación se hace más grave debido a que el Estado invisibiliza estas situaciones y omite sus obligaciones de proteger a la población.
Ello redunda en un doble sufrimiento de los pobladores de las comunidades estudiadas; uno causado por las graves enfermedades, muerte y pobreza relacionadas con el deterioro ambiental y por la desatención, abandono y olvido por parte del Estado.
Uno de los factores que contribuye a esta realidad es la persistencia de formas de racismo sistémico y estructural implícitas en las políticas ambientales y económicas del Estado.
Transformar este estado de cosas pasa por comprender que los derechos ambientales de las poblaciones afrodescendientes en las zonas afectadas por la minería de oro son derechos humanos, por lo que los Estados están en la obligación de respetar, proteger y adoptar las medidas adecuadas para hacer posible la plena realización de estos derechos.
En tal sentido, se proponen recomendaciones al Estado venezolano tales como: descartar el extractivismo minero como medio de financiamiento Estatal; incorporar a la Agenda Programática de las y los Afrodescendientes acciones para la protección de los derechos humanos ambientales de la población afrovenezolana; implementar políticas públicas ambientalmente sostenibles en Guayana que incorporen prácticas económicas tradicionales de los pobladores locales; suscribir el Acuerdo de Minamata; así como firmar y ratificar el Acuerdo de Escazú para proteger el derecho a la información pública, la participación y el acceso a la justicia en materia de ambiente.
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