Por: Prensa Odevida, capítulo Venezuela
Foto tomada de: Semana
A pesar de toda la letra que se ha escrito durante la Revolución Bolivariana garantizando la vida y la perpetuación de las costumbres de los 52 pueblos indígenas que habitan el suelo venezolano, sus condiciones no han hecho sino deteriorarse. La dejadez del Estado es absoluta y se ve en la desforestación de los bosques, la contaminación de los ríos, la destrucción de sus mundos. Y al que denuncia lo matan. Así sucedió con el guardia territorial uwottüja Virgilio TRUJILLO ARANA en Puerto Ayacucho en junio del 2022, con las masacres que ha sufrido el pueblo Yanomami, todo sepultado por la sábana de plomo de la impunidad.
La minería está acabando con el hábitat de los indígenas en Venezuela. El arco minero del Orinoco, promovido por Nicolás Maduro, ha sido un causante de contaminación y miseria. Si la riqueza está enquistada en zonas prohibidas el gobierno, sin importarle nada, igual entra y destruye. Si se denuncia la minería ilegal el Estado entra con sus tropas y se queda con la riqueza. La explotan ellos. Los indígenas quedan en medio del fuego cruzado. Los Yanomami además sufren la invasión de los colonos que quieren participar del festín que deja la minería. El Estado, ante esa situación, sólo se cruza de brazos.
El gran problema es que este atropello no se ha podido denunciar con la dimensión que se merece. La ley mordaza impera en Venezuela. Un ejemplo de este vacío informativo es que el Ministerio del Poder Popular de los Pueblos Indígenas, lleva siete años sin publicar nada en su página web. Nada, ni un reporte, ni un aviso, ni nada.
El ejecutivo no se ha cansado de incumplirle a los pueblos indígenas. Hasta el momento sólo le ha entregado el 13% de los títulos de tierra sobre sus hábitats que les prometió. El no demarcar la tierra les ha costado a las indígenas violaciones a sus mujeres y asesinatos. Operaciones militares ordenadas por el gobierno, con el fin de preservar el medio ambiente, como la Operación Autana en el parque nacional Yapacana y el operativo Roraima, en el estado Bolívar, trajeron más miseria y muerte. Mientras tanto los grupos armados irregulares se disputan palmo a palmo la riqueza minera en la tierra de los indígenas. Entre 2019 y 2023 FundaRedes registró a través de su trabajo de monitoreo y documentación un total de 44 personas asesinadas, de las cuales 20 pertenecían a pueblos indígenas de Amazonas (11 casos) y Bolívar (9). La invasión de garimpeiros, nombre que reciben los mineros brasileros expulsados de su país por orden de Lula Da Silva, ha ocasionado muerte y destrucción en los pueblos indígenas del alto Orinoco y de la comunidad Haximú. Los militares venezolanos cobran vacuna a los garimpeiros para usar mano de obra indígena en sus minas.
Los mineros de oro ejercen violencia contra estos indígenas y propagan enfermedades contagiosas, como malaria, sarampión y afecciones bronquiales, a las comunidades que allí habitan, altiempo que contaminan los ríos con mercurio comprometiendo su alimentación, generando problemas de salud y padecimientos neurológicos en los recién nacidos.
A todos estos males se suma la explotación de Coltán por parte del ELN en territorios de la Amazonía venezolana, desplazando de su territorio a etnias como jivi. Las Farc también están apareciendo en la tierra de los indígenas. En un informe de Armando Info se destaca lo siguiente: ; las FARC controlan Pisco, en la mina Valledupar. Su forma operativa comienza con el reclutamiento, seduciendo con dinero rápido y teléfonos celulares a jóvenes y niños; también ofrecen incentivos económicos a las familias, al tiempo que los coaccionan para que no revelen los hechos.
En las zonas mineras también están ocurriendo hechos de violencia sexual contra las mujeres. En la zona del Rio Aro, hasta el Orinoco, se han documentado casos de trata de niñas. En Amazonas, la organización de mujeres indígenas Wanaaleru explica que en las currutelas compran mujeres como cualquier objeto de uso diario con el fin de generar más ganancias en los negocios. La mayoría de las mujeres son niñas y adolescentes a quienes obligan a permanecer en “vitrinas de escogencia” para intercambios sexuales o compra de esclavas; son cambiadas por gramos de oro (entre 5 y 10), siendo las más pequeñas las más costosas, pues mientras más edad tenga la mujer será menos solicitada y, por tanto, más económica. Los niños, además, están siendo reclutados por grupos irregulares.
Esto ha provocado efectos en la población indígena venezolana que está migrando al Brasil debido a estos atropellos deliberados y permitidos por el gobierno venezolano. En su territorio hay hambre y cada vez los servicios básicos como agua potable y luz, escasean. La precariedad en servicios de salud ha hecho que reaparezcan viejas enfermedades que parecían erradicadas, como la tuberculosis.
En este informe de Provea en donde se detalla la situación de Derechos Humanos de los pueblos indígenas en Venezuela durante el 2023, se hace un llamado urgente a que se tome, desde afuera, las medidas necesarias para evitar lo que sería un etnocidio en pleno siglo XXI.