Por: ODEVIDA
En Altamira, en Brasil, la selva arde. Sin embargo, en los cuatro años en los que Jair Bolsonaro fue presidente el panorama se convirtió en infernal. Se estima que dos mil millones de árboles fueron talados en esta región del mundo en ese gobierno. El lugar en donde se concentró toda la barbarie ambiental es Altamira. Allí, en el año 2017, asesinaron a Waldomiro Costa Pereira, cabeza del movimiento de los Trabajadores Rurales sin Tierra. Lo habían herido con cinco disparos. Mientras se recuperaba en un hospital volvió a ser abaleado.
En el 2016 Brasil registró un número escalofriante de activistas ambientales asesinados, 61. Los gritos de los ambientalistas en Brasil no han impedido que suceda el ecocidio: 40% del Amazonas brasilero ha sido intervenido por las grandes empresas. Brasil es sólo el ejemplo de un continente donde no es seguro ser líder ambiental.
En el 2022, por ejemplo, según la ONG Global Witness, al menos 177 personas “defensoras de la tierra y el medio ambiente” fueron asesinados en todo el mundo, de ellos el 88% de esos crímenes ocurrieron en Latinoamérica. En el Amazonas, ese año, se perpetraron 32 asesinatos de activistas en lo que aún llaman “El pulmón del mundo”. Muchos de estos activistas son indígenas que han cuidado, desde hace generaciones, la selva. Mantienen el equilibrio y ven como a su gran enemigo al hombre.
Por eso se necesitan tomar medidas que blinden a los defensores del medio ambiente. Por eso la Corte Interamericana está pensando en medidas para blindar a estos líderes, quienes hasta el momento han estado expuestos a la violenta arremetida de los que quieren arrasar al bosque. Desde Odevida se está haciendo un llamado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para que emplee los estándares del Acuerdo de Escazú y armonice las garantías para los defensores y las defensoras ambientales en América Latina y el Caribe en el contexto de la emergencia climática.
En esa solicitud se pide lo siguiente: “Como organizaciones de la sociedad civil, movimientos sociales, comunidades locales, y Pueblos Étnicos e Indígenas, hemos elaborado esta declaración conjunta, solicitando a la Corte que emplee los estándares del Acuerdo de Escazú, cuando los interamericanos no sean más altos, para (i) precisar el contenido esencial mínimo de los derechos de acceso a la información, participación pública y justicia en materia ambiental, y, (ii) armonizar los estándares en materia de garantías para los defensores y las defensoras ambientales en la región”.
La declaración se entregará a la Corte en la segunda sesión de las audiencias públicas de la Opinión Consultiva, que tendrán lugar en Brasilia y Manaos, Brasil, a finales de mayo.
Para los que estén interesados en firmar esta iniciativa pueden hacerlo desde acá:
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