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Jacob Garzón Guevara/ODEVIDA
24 jul

La minería ilegal se adueña de la selva peruana.Se reporta que Perú es el país que más exporta oro ilegal de Latinoamérica

Por: Jacob Garzón Guevara



Foto tomada de: Revista Minergía



El Instituto Peruano de Economía (IPE) el pasado 22 de mayo publicó el informe “Análisis comparativo de acciones gubernamentales frente a la minería ilegal e informal en América del Sur” en el que afirma que Perú es el país que más exporta oro ilegal de Latinoamérica con un porcentaje del 44%, le siguen Colombia con 25% y Bolivia con 12%.[1]

En los últimos años el precio del oro ha incrementado sobremanera, en el que se estima que el precio por gramo se ha multiplicado siete veces desde el 2000, superando los US$63 en 2023.[2] Esto ha conllevado a que la actividad ilegal aumente en Latinoamérica, principalmente en Perú, en la que se estima alcanzó en el 2023 las 77 toneladas, lo que equivale a US$4833 millones.


También se ha observado una diversificación de países compradores, en la cual a partir de que Estados Unidos y Suiza han ido reduciendo sus importaciones debido a las implicaciones legales, países como Emiratos Árabes Unidos y la India han tomado ventaja. Canadá es otro país que también representa un gran porcentaje de importación, pero este se ha mantenido estable durante los años, en cambio los países asiáticos han ido tomando el liderato con respecto a los otros países. [3]  


Esta investigación resulta preocupante porque la minería ilegal se considera el delito más rentable en Perú[4], debido a que su posición geográfica lo convierte en un territorio estratégico para las bandas criminales, el IEP afirma que en Latinoamérica existen cuatro zonas clave para la minería ilegal, en las que tres de ellas cruzan Perú[5], lo que ha repercutido en altos índices de delincuencia y crimen organizado transnacional.[6] 


Es así como se ha observado que la minería ilegal ha afectado gravemente al país, por ejemplo, en los últimos dos años 16 colaboradores de la minera Poderosa en Pataz (La libertad) han fallecido y 15 torres de alta tensión han sido derribados[7].  De igual forma, de acuerdo con la base de datos de ODEVIDA, se reportan en el presente año 7 amenazas (dos fueron atentados a residencias) y 1 homicidio a líderes(as) ambientales indígenas.


Así mismo, la minería ilegal representa un gravísimo daño para el medio ambiente, puesto que se contempla que la minería de oro artesanal informal o ilegal ha sido responsable del 40% de las emisiones globales de mercurio, además que en los últimos 5 años se han deforestado 120 mil hectáreas en Perú, Brasil, Colombia y Ecuador, lo que es equivalente a 170 mil canchas de futbol.[8]


A partir de esto el IPE y varios medios de comunicación han señalado 5 puntos en los cuales el Estado peruano ha flaqueado en la lucha contra la minería ilegal[9]:


·  Políticas insuficientes: A pesar de que Perú fue de los primeros países en Latinoamérica (inicios de siglo) en penalizar la minería ilegal y establecer políticas de formalización, esto no ha resultado en medidas efectivas contra la minería ilegal[10].

·  Políticas punitivas insuficientes: Los actores criminales han podido adaptarse a los vacíos legales de estas políticas, además que no hay una clara coordinación efectiva entre el monitoreo y la ejecución constante de políticas.

·  No se cuenta con una política de trazabilidad a lo largo de la cadena de suministro de oro.

·   En los últimos años se ha agravado la debilidad institucional, puesto que se ha dado una elevada rotación de ministros del interior, desde julio de 2021 se han nombrado 13, lo que corresponde a un promedio de 2 meses en el cargo, nueve veces menos que durante los 20 años previos (18 meses en promedio). Esto ha repercutido a que se dificulte la continuidad de las políticas destinadas a erradicar estas actividades.[11] 

·   Poca cooperación internacional: Perú tiene una fuerte restricción de insumos químicos, sin embargo, en Bolivia no hay un control eficiente, por lo tanto, esto permite un fácil contrabando de insumos químicos como el mercurio, que son clave para la actividad minera[12].


Con base en esto, el IEP recomienda 6 puntos para poder mitigar la minería ilegal[13]:


·    Acciones de interdicción permanentes, coordinadas y estratégicas, con énfasis en un mayor trabajo de inteligencia.

·   Políticas de formalización con plazos estrictos, fiscalización y acompañamiento efectivos, y sin excepción a la regla.

·    Una política de trazabilidad integral a lo largo de toda la cadena de suministro del oro.

·    Fomentar alternativas de desarrollo económico.

·    Articulación y coordinación interinstitucional a partir de indicadores estratégicos que trasciendan a una sola entidad.

·    Impulsar una mayor cooperación transfronteriza


En definitiva, es importante que el Estado Peruano y diferentes países colaboren y creen medidas pertinentes para mitigar las afectaciones de la minería ilegal, ya que esto representa un gran daño para el medio ambiente y la protección a líderes(as) sociales, además que supone una gran fuente de enriquecimiento por parte de bandas criminales nacionales e internacionales. Por lo tanto, se hace urgente un llamado a la creación de políticas para la protección de la naturaleza y a los(as) defensores ambientales e indígenas. 

 


 

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