Por: ODEVIDA
Está claro, después de presentar el informe sobre Derechos Humanos en Venezuela el pasado 30 de abril, que el estado venezolano ha venido incumpliendo en sus políticas de medio ambiente y de protección a los pueblos indígenas. La minería lega o ilegal, están acabando con la naturaleza en Venezuela. El gobierno de Maduro ha permitido extracción de recursos incluso en áreas de reserva o parques nacionales. Uno de los lugares más maltratados en Venezuela es el parque nacional Yapacana en pleno Amazonas. Acá circula, impunemente, la guerrilla colombiana. Según este informe de Provea, el derrame de petróleo y otras alteraciones al medio ambiente siguen siendo una constante en los últimos siete años. Otro de los aspectos que preocupa en este informe es que el acceso al agua siga siendo muy deficiente en todo el territorio venezolano, siendo el estado Lara uno de los lugares donde este problema es más profundo. En Barquisimeto se cuentan por miles las familias que deben abastecerse del líquido usando el río Turbio.
La falta de información por parte del Estado venezolano con respecto a niveles de contaminación preocupa y este informe es una alerta a este descuido deliberado. La deforestación es otro de los males que azotan el país. Se desforesta para obtener carbón vegetal. Estas acciones ilegales ponen en riesgo la existencia de ecosistemas vulnerables, sin que exista una respuesta institucional a la altura del problema y poniendo en duda los compromisos internacionales de velar por la biodiversidad y evitar la desertificación.
El Arco Minero del Orinoco, que es una de las iniciativas que ha llamado el gobierno Maduro la Zona de Desarrollo Estratégico Nacional, ha sido una debacle para los indígenas del Amazonas. En el Informe se advierte y señala que “La mayoría de las zonas donde se practica minería son Áreas Bajo Régimen de Administración Especial (ABRAE), como reservas de biósfera, monumentos naturales y parques nacionales; además de poseer las mayores reservas de agua dulce del país”.
En todas las formas el gobierno de Maduro ha traicionado a los pueblos indígenas que dijo defender. La entrega de tierras a estos pueblos es apenas del 13%. A la lucha contra grupos ilegales, algunos venidos desde Colombia, los indígenas venezolanos deben enfrentarse también ante la probada incompetencia estatal. Los datos son escalofriantes, entre el 2019 y el 2023 fueron asesinados veinte indígenas. Todos los homicidios tuvieron que ver con actividades de minería ilegal. ODEVIDA registró entre el año 2013 y 2022 un total de 40 líderes representantes indígenas víctimas de homicidios, de los cuales 15 fallecieron en manos de efectivos militares venezolanos y 25 fueron asesinados por grupos guerrilleros de Colombia y sicarios pertenecientes a organizaciones de minería ilegal.
Este informe que leerán a continuación además denuncia las actividades de explotación de coltán del ELN y de narcotráfico por parte de disidencias FARC dentro del territorio venezolano sin que sean combatidos seriamente por el ejército venezolano.
La situación de los pueblos indígenas se agrava cuando se miden otros indicadores de bienestar como la alimentación, la salud o el derecho a la educación, ambos están en números rojos. El paludismo, a estas alturas del siglo XXI, sigue causando estragos. Provea, en este informe, le exige al estado venezolano una serie de puntos que deben resueltos a la mayor brevedad. Las necesidades de los pueblos indígenas no dan espera.