Por: Odevida Capítulo Venezuela
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El presente informe, redactado de la mano de Clima 21 y Mulier Venezuela, se presenta en el marco de la revisión del Noveno Informe Periódico del Estado Venezolano CEDAW/C/VEN/9 ante el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW), y presenta un resumen de los efectos del deterioro ambiental sobre los derechos humanos de las mujeres venezolanas. Este informe fue enviado fuera de las fechas previstas para recibir las contribuciones de las organizaciones venezolanas, por lo que se considera sólo como un complemento de apoyo adicional a la evaluación realizada en este evento.
El Gobierno Venezolano ha venido estableciendo un nuevo modelo económico basado en el extractivismo minero, fundamentalmente centrado en la explotación de oro y carbón, con los cuales se espera sustituir a la industria petrolera como generador de divisas. Dentro de este proceso se destacan dos casos emblemáticos: la creación de la Zona de Desarrollo Estratégico Nacional Arco Minero del Orinoco (AMO) y la aceleración de la explotación de carbón en el estado Zulia.
Este modelo causa graves problemas socioambientales en los territorios en los que se ejecutan que están incidiendo de manera desproporcionada sobre grupos tradicionalmente vulnerados como mujeres, personas en situación de pobreza, niños y niñas, comunidades indígenas y campesinas, así como en personas discapacitadas. Algunos de estos efectos que registramos en el informe, son:
La mayoría de las zonas actualmente bajo explotación minera han sido ocupadas por grupos armados irregulares de diferente índole y origen. Éstos ejercen un extractivismo sin control ni límites, a la vez que imponen su poder y control mediante la violencia y la coerción, lo cual genera graves daños sociales, ambientales y culturales a las poblaciones locales. En este contexto se ha documentado que las mujeres están siendo afectadas de múltiples maneras, incluyendo el trabajo bajo condiciones de esclavitud moderna, la prostitución y el trabajo en condiciones degradantes de alta inseguridad.
La actividad minera está relacionada con la expansión acelerada de la malaria tanto en la región amazónica venezolana como en el resto del territorio nacional.
La contaminación por mercurio es una amenaza creciente no atendida. En el caso de las mujeres, el efecto de la contaminación por mercurio ha sido evidenciado en un informe del IPEN de 2021 que analizó datos de mujeres en tres países de Suramérica (Bolivia, Colombia y Venezuela) y encontró en el pueblo minero de El Callao (estado Bolívar) que un 37% de las mujeres participantes excedió el umbral de 1 ppm y un 60% de las participantes excedió el nivel de 0,58 ppm.
La falla generalizada de los servicios públicos tiene afectaciones diferenciadas en mujeres, niños y niñas, en especial las de zonas vulnerables, rurales y comunidades indígenas. Por razones culturales basados en arraigados estereotipos de género, las labores de cuidado de los niños, niñas, adolescentes, adultos mayores y el mantenimiento del hogar, recaen de forma desproporcionada en las mujeres, niñas y adolescentes, y ante la falta de servicios públicos de calidad para una vida digna, son ellas las que ponen su tiempo de vida en la búsqueda de agua, sus cuerpos frente a cocinas de leña y su salud mental para la carga terrible de gestionar la cotidianidad sin las condiciones mínimas requeridas.
Le invitamos a leer el informe completo:
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