Por: Redacción Pares
En el próximo informe del observatorio para la defensa de la vida de la Fundación Paz & Reconciliación titulado Venezuela 2024: se profundizó el cierre del Espacio cívico y la criminalización y represión al movimiento de derechos humanos que se publicará el próximo 15 de octubre, se dan unos datos escalofriantes. Según el Centro para los Defensores de la Justicia en su informe “Situación de las personas defensoras de derechos humanos en Venezuela” se reportaron 592 ataques a defensores de derechos humanos, lo que repersenta un incremento del 92% si se compara con el 2023.
Este fue un año de extrema agitación política. Como hemos venido reportando desde la línea de democracia la violencia electoral por parte del oficialismo hacia la oposición fue una constante. La campaña electoral que, en resultados que aún se discuten, dio como ganador a Nicolás Maduro, estuvo marcada por el hostigamiento, los señalamientos y la violencia contra los que estaban en las toldas de la Plataforma Unitaria Democrática, el partido que encabezan María Corina Machado y Edmundo González.
Entre las organizaciones no gubernamentales de derechos humanos victimizadas durante 2024 se encuentran el Programa Venezolano de Educación-Acción de Derechos Humanos (Provea), Espacio Público, Acceso a la Justicia, Foro Penal, Transparencia Venezuela, Amnistía Internacional, Control Ciudadano, Instituto Prensa y Sociedad (IPYS Venezuela) y Un Mundo Sin Mordaza, entre otras, las cuales fueron objeto de amenazas, hostigamiento, intimidación y estigmatización.
En este informe queda claro que en Venezuela es un oficio de alto riesgo intentar hacer valer los derechos civiles. Si el periodo se amplía desde enero del 2021 hasta marzo del 2024 el número de agresiones llega a 2098 casos de presecusión y criminalización. Entre las formas de violencia están las detenciones arbitrarias, típicas de una dictadura. En el informe que presentaremos veremos como fueron víctimas de detención arbitraria Javier Tarazona, director de Fundaredes, quien fue detenido en el 2021 durante un año hasta que Amnistía Internacional adoptó su caso por ser considerado un hombre que había cometido un único crímen: defender los derechos de los demás. Uno de los casos a los que se le dio más despliegue mediático fue el de Rocio Sanmiguel, quien en febrero del 2024 fue detenida cuando estaba a punto de salir del país en el aeropuerto internacional de Maiquetía. Duro incluso un tiempo desaparecida hasta el fiscal Tarek William Saab confirmó que su detención se había dado bajo los cargos de “traición a la patria”. Ya cumple nueve meses detenida sin que se le sea asignado siquiera un abogado.
En el informe de ODEVIDA, que constituye una prueba que no hay garantías para ejercer la defensa de los derechos humanos en la Venezuela de Maduro, también se abordan casos de amenazas, hostigamientos y violencia contra miembros de ONG. Incluso Amnistía Internacional le hizo llegar a Karim Khan, Fiscal de la Corte Penal Internacional, una carta denunciando estos hechos de extrema gravedad.
ODEVIDA, con valentía, es una de las voces que con más decisión ha enfrentado y denunciado los abusos del régimen de Nicolás Maduro reflejados, sobre todo, en el hostigamiento y violencia hacia la sociedad civil.
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