Por: Línea de Democracia y Gobernabilidad y Pares
Una crisis histórica
La frontera entre Colombia y Venezuela tiene un tramo de 2.219 kilómetros. Allí se han dado dinámicas históricas de ausencia estatal y una alta militarización como respuesta de ambos Estados para hacer presencia institucional; pero, sobre todo, una porosidad criminal persistente.
Se cumplen 5 años del inicio de la migración masiva desde Venezuela hacia Colombia. Las causas responden a diferentes factores sociales, económicos y, principalmente, políticos. Colombia ha sido el país que ha recibido la mayor cantidad de migrantes venezolanos, tanto regulares registrados por Migración Colombia, como irregulares por trochas.
Estos hechos se agravaron con mayor intensidad en el marco de la pandemia del Covid-19. De acuerdo con la investigación en desarrollo por parte de la Fundación Paz y Reconciliación (Pares), a continuación, se presenta una radiografía sobre las problemáticas más complejas, desde la visión fronteriza de los departamentos colombianos de La Guajira y Norte de Santander con los estados del Zulia y el Táchira, respectivamente.
Entre las principales problemáticas relacionadas con el Covid-19 y las fronteras hay seis aspectos específicos: i) La crisis migratoria; ii) La crisis institucional en Venezuela; iii) La situación de seguridad; iv) La corrupción; v) El déficit sanitario y; vi) La ruptura diplomática y de relaciones bilaterales.
La pandemia y la crisis migratoria
La declaración de la cuarentena nacional en Colombia, y la dependencia de los mercados informales por parte de la población migrante venezolana, ha incentivado el masivo retorno de estos al Zulia y el Táchira, generando problemas sanitarios en los municipios fronterizos de Maicao, La Guajira; y, a su vez, en Cúcuta y Puerto Santander, Norte de Santander.
Esto se refleja en las paupérrimas condiciones del agua potable y saneamiento básico, con una alta exposición al contagio.
En esta situación alrededor de 130.000 venezolanos retornaron a su país desde el inicio de la pandemia, de acuerdo con informes de la Organización de Estados Americanos (OEA) y la ONG Human Rights Watch.
Independientemente de la manera de retorno, los migrantes venezolanos han sido expuestos a una estigmatización por parte del régimen de Nicolás Maduro, asegurando que son “esclavos y mendigos”. A lo que se suma una persecución judicial por ser los supuestos responsables del aumento de casos de Covid en Venezuela, los cuales llegan a 186.745 casos y 1965 muertes al 21 de abril de 2021 según el mapa COVID-19 del centro de recursos sobre el coronavirus de la Universidad John Hopkins. Las cifras del gobierno son de 185.786 contagios, de los cuales 169.685 se han recuperado y 1944 han fallecido.
Al 21 de abril de 2021 en los estados Zulia y Táchira hay 15.774 y 10.976 contagios, respectivamente, desde que comenzó la pandemia. Zulia cuenta con 163 fallecidos por Covid-19, representando esta cifra el 8,29% de los muertos a nivel nacional. En cuanto a Táchira no hay consenso frente al número de fallecidos, el Gobierno Nacional reportó únicamente 139 decesos para el 19 de marzo de 2021, sin embargo, el alcalde de San Cristóbal afirmó que las cifras ascienden a 839 fallecidos.
Adicionalmente, Pares ha identificado gran opacidad en la información reportada por el Gobierno de Nicolás Maduro, teniendo en cuenta la posible falta de transparencia en los reportes de casos. Esto ha ambientado la discriminación del gobierno venezolano, estableciendo que el virus proveniente de Colombia es mayormente peligroso y tiene como propósito desestabilizar el Estado Venezolano, señalando a retornantes como “armas biológicas”.
La situación humanitaria en cifras
La llegada del Covid-19 en marzo de 2020 generó un cierre de las fronteras y de todo el flujo migratorio regular por cualquier medio de transporte. Esto como medida de autoprotección contra la entrada del virus, lo que también impulsó a las autoridades a aplicar cuarentenas.
Estas medidas tuvieron dos consecuencias sobre los migrantes venezolanos: por un lado, la disolución de sus formas de subsistencia económica en Colombia, en su mayoría a través del trabajo informal. Y, por otra parte, la decisión de una minoría de regresar a su país de origen, donde encontraría en su familia un apoyo para superar la pandemia.
Este cambio en la dinámica de la migración se vio reflejado en las cifras de recepción y salida de todos los puestos migratorios entre Colombia y Venezuela. En el Puesto Migratorio de Paraguachón, corregimiento del municipio de Maicao, y que conecta el departamento de La Guajira con el estado de Zulia, las entradas de ciudadanos venezolanos en 2020 se redujeron en un 87,5 %, mientras que las salidas se redujeron el un 75,3 %, ambas cifras en comparación con 2019.
Por su parte, en el Puesto Migratorio La Unión, ubicado en Puerto Santander, Norte de Santander, municipio que colinda con el estado del Táchira en Venezuela, las cifras de flujo migratorio del primer trimestre de 2019 y 2020 presentaron una reducción en las entradas de migrantes venezolanos del 52,7%, junto con una reducción en las salidas de la misma población de un 25%. (Debido a que los datos oficiales del 2020 solo comprenden el primer trimestre del año no se puede realizar una comparación anual).
A diferencia de las otras periodicidades, el análisis Migración Colombia no tiene información pública sobre el flujo migratorio en el puesto de Puerto Santander para el resto de 2020, ni para 2021.
En el puesto migratorio que conecta la ciudad de Cúcuta con San Cristóbal, el Puente Internacional Simón Bolívar, la tendencia negativa es la misma. Las entradas de ciudadanos venezolanos al país durante el 2020 disminuyeron en un 88,2 %, mientras que las salidas disminuyeron en un 71,6% en comparación con 2019. Las grandes variaciones negativas en el flujo migratorio se producen después de marzo del 2020, puesto que las entradas y salidas entre enero y marzo del año pasado representaron el 99,4% de todo el flujo migratorio.
Los migrantes residentes en los municipios fronterizos
Según cifras oficiales de Migración Colombia, residen en territorio colombiano alrededor de un millón 742 mil 927 migrantes venezolanos, de los cuales cerca del 54% se encuentra en condición irregular. De acuerdo con esta entidad, en los últimos dos meses de 2020, y aunque los pasos fronterizos legales se encuentran cerrados, se identificaron más de 18 mil migrantes venezolanos en carreteras del país.
Para enero de 2021 Migración Colombia señala que, del total de migrantes venezolanos en Colombia, un 10,73% de dicha población se ubica en Norte de Santander (187.121) y un 8,65% en La Guajira (150.806). Siendo Cúcuta el tercer municipio con mayor número de migrantes en el país, al registrar 94.847, mientras en Puerto Santander se reporta la presencia de 2.186 ciudadanos venezolanos y de 51.361 en Maicao (séptimo municipio).
La respuesta institucional
La estrategia de Maduro para contener a los migrantes ha sido la creación de los Puestos de Atención Integral (Pasi), lugares donde estos sufren de maltratos, desabastecimiento de agua potable y racionamiento de comida, mientras se encuentran en confinamiento por parte de la Guardia Nacional. La denuncia de estos abusos contra la población migrante ha desencadenado una serie de amenazas, desapariciones forzadas y abusos por parte de la Guardia Nacional hacia los periodistas, de acuerdo con la investigación de Pares.
A pesar de que algunos casos de Covid son de origen importado, no se puede asegurar que la ola de propagación tenga preponderante y exclusivamente este origen. La gravedad del contagio se encuentra relacionada estrictamente con una crisis hídrica existente desde hace una década en algunos estados fronterizos, que ha generado deplorables condiciones de agua potable para una parte de la población que no tiene acceso a esta como servicio domiciliario.
La cuestión de los servicios domiciliarios está profundamente ligada a la seguridad y soberanía alimentaria de las personas. De acuerdo con una investigación de la Ucab, el 79,3% de los venezolanos no tiene cómo cubrir la canasta de alimentos, lo que ha generado que muchas familias de diversos municipios fronterizos deban adoptar estrategias de sobrevivencia de manera colectiva.
Se trata del intercambio de alimentos, la cocina colectiva y caminatas por alimentos. Estas prácticas en plena pandemia son altamente riesgosas porque no permiten el distanciamiento social necesario para la prevención. En especial, hacen disfuncionales las medidas de cuarentena estricta en las fronteras.
Por su parte, las medidas del Gobierno venezolano y estadales se han centrado en la provisión de alimentos casa por casa a través de los Comité Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP). Sin embargo, no existen las condiciones básicas de sanidad para la disposición de estos alimentos. Insight Crime y Armando Info han señalado a la empresa Salvad Foods, encargada de los empaquetados, por no cumplir con las medidas de bioseguridad, y se le atribuye un foco de contagio, además de las investigaciones sobre sus relaciones con Alex Saab y el lavado de activos.
La Guajira y El Zulia: un desierto para los Derechos Humanos
En 2021 Pares realizó diversos viajes a las fronteras de La Guajira y Norte de Santander con el Zulia y Táchira, en donde hizo entrevistas, talleres, grupos focales y una profunda investigación donde se pudo identificar las consecuencias de estos cierres y de la situación humanitaria que afrontan los migrantes.
En primer lugar, el cierre de pasos regulares como barrera contra el virus no fue eficaz y terminó por fortalecer el control e interés de grupos criminales y bandas por las trochas o pasos ilegales en La Guajira, así como un aumento del número de personas que las utilizan para pasar sin ningún tipo de control epidemiológico.
Según un mapeo realizado por el Ejército en 2019, y que fue presentado a las distintas organizaciones de cooperación internacional con presencia en Maicao, se habían identificado 216 trochas en toda la frontera del departamento de La Guajira, un número que claramente excedía la capacidad de control de la Fuerza Pública.
El número de trochas aumenta porque la cantidad de migrantes que pasan estas, contrario a lo que se esperaba al inicio de la pandemia, aumentó. La explicación se fundamenta en los motivos de migración. Anteriormente, el fenómeno en Maicao era de migración pendular, es decir, un integrante de un núcleo familiar migraba para conseguir un trabajo temporal en Colombia u otros países latinoamericanos, enviaba remesas desde allí a Venezuela y después de cierto tiempo volvía a su país.
Ahora los migrantes que han llegado a Paraguachón, y posteriormente al casco urbano de Maicao, no vienen con la intención de regresar a Venezuela, ni siquiera piensan en utilizar el municipio como un sitio de paso para llegar a las grandes urbes.
Por el contrario, familias enteras se han dado a la titánica tarea de pasar por las trochas para establecerse permanentemente. Según estimaciones de Pastoral Social, entre Riohacha y Maicao se podría contar un censo de 100.000 migrantes, más del 50 % en el municipio fronterizo. Muestra de estas aproximaciones son los casi 50 asentamientos informales en las periferias del municipio.
Los asentamientos cuentan con una organización particular. Los terrenos son, presuntamente, propiedad de indígenas Wayuú, quienes los parcelan y luego venden a familias de migrantes. Los lotes no cuentan con acceso a servicios públicos y su valor varía desde dos millones de pesos por un terreno vacío hasta 3 millones por una parcela más grande de 7x14m y con una modesta construcción. Adicionalmente, los dueños garantizan seguridad privada a todo el predio.
Cada lote se separa en manzanas y en cada una de ellas se elige un líder o representante que aboga por las distintas necesidades de la manzana. Este tipo de asociación de migrantes es característica única de la frontera con Venezuela en Maicao.
No obstante, este carácter de permanencia que asumen los migrantes en Maicao aumenta sus riesgos. Familias enteras se ven más afectadas por el uso masivo de trochas. Se enfrentan a los riesgos epidemiológicos de la pandemia en asentamientos que no cuentan con acceso a servicios básicos como agua o a la reducción de atención primaria en albergues operados por organizaciones internacionales. Adicionalmente, la xenofobia de la que son víctimas desde que empezó la migración por su asociación con eventos de inseguridad o por la misma recepción de subsidios y ayudas.
Entre la inseguridad y la ausencia estatal
El 15 de diciembre de 2020 Pares publicó el informe “Seguridad y Migración en la frontera Colombia-Venezuela, donde documentó las principales problemáticas en materia de seguridad -presencia de grupos armados y economías ilegales-, que vivían los principales puntos de paso entre ambos países.
Para el caso de la frontera entre La Guajira y el Zulia, a diferencia de puntos como Norte de Santander y Táchira o Arauca y Apure, la situación no era tan alarmante en temas de enfrentamientos y desplazamientos por parte de grupos armados ilegales y Fuerza Pública. Sin embargo, tanto en La Guajira como en el Zulia se pudo establecer la presencia de grupos criminales que controlan los pasos ilegales, y ejercen varios tipos de violencia contra quienes allí transitan.
Pares realizó una serie de entrevistas a actores claves y a migrantes que cruzaron de manera irregular hacia Colombia para identificar los principales puntos de acceso a este municipio. A raíz de esta indagación, se pudo constatar que los pasos se ubican en los corregimientos de Paraguachón, La Majayura y Carraipía.
En el Puesto de Control Migratorio, localizado en el corregimiento de Paraguachón, es donde se encuentran las autoridades migratorias y donde hay constante presencia de Fuerza Pública; pese a eso, a 100 metros de este puesto se encuentra la trocha ´La Cortica´, que si bien fue “clausurada” en 2019 por autoridades colombianas, varias fuentes en territorio confirmaron que esta sigue siendo una de las más transitadas por migrantes.
De acuerdo con la información recogida en el territorio, en esta trocha ejerce control la banda criminal conocida como “La Zona”, al mando de Douglas Chacón, hermano del exalcalde del municipio de La Guajira (Zulia), Hebert Chacón.
La trocha conocida como “La 80” también se encuentra en el corregimiento de Paraguachón y, de acuerdo con la información dada por migrantes que han utilizado este paso, se les conoce así debido a los 80 peajes ilegales que hay que pagar durante el trayecto. Varias de las personas entrevistadas manifestaron que en esa trocha ejerce control un grupo armado que tendría nexos con el gobernador del Zulia Omar Prieto, a quien portales como TalCual Digital en Venezuela, han señalado de al parecer tener conocimiento de la creación de grupos armados en la frontera.
Otro punto de acceso es por el corregimiento La Majayura. Este es uno de los pasos más complejos para ingresar, no solo porque la vegetación es más agreste, sino también por la presencia de actores armados. Según las entrevistas realizadas a los migrantes que por allí entraron, e incluso con información de Pastoral Social, se coincidió en que en este lugar transitan varios grupos criminales, de las cuales se ha podido identificar solamente a miembros del ELN.
En el corregimiento Carraipía, en el caserío Garrapatero y hacia la reserva natural Montes de Oca, también hay fuerte presencia de grupos criminales. Estas zonas, según la información recolectada por Pares, están siendo usadas como lugar de alistamiento y entrenamiento de personas que han llegado a ser reclutadas por estas estructuras criminales.
El negocio y los vejámenes de las trochas
Pares entrevistó diversos migrantes venezolanos en los que se pudo establecer que el valor para llegar desde Maracaibo a Maicao oscila entre los 80 y 120 dólares por persona, donde estos precios pueden variar de acuerdo con la cantidad de retenes que se tengan que cruzar y el tipo de transporte al que se acceda.
La única forma de ingresar a Maicao desde Venezuela es por vía terrestre, es por lo que la oferta se acomoda al tipo de vehículo que usan los migrantes para cruzar. Quienes cuentan con menos ingresos, deciden comprar un pasaje en una camioneta en la que caben entre 10 y 12 pasajeros, donde el costo de este transporte está entre 80 y 90 mil pesos.
Durante el recorrido hay varios “peajes”, que no son más que una cuerda o una cadena, a la que popularmente llaman “mecate” y que impide el paso del vehículo. Una vez es detenido, quienes controlan el retén cobran por el paso de cada uno de los pasajeros; sin embargo, si en la camioneta llevan bolsas con comida, por cada una de estas se cobran $100.000 pesos para poder ingresarla. Y, en caso de no tener el dinero para pagar por esto, son despojados de sus pertenencias para saldar la deuda. Muchas veces los migrantes llegan a los retenes finales sin dinero y sin sus pertenencias, por lo que son sometidos por parte de grupos armados a diversas formas de violencia para poder continuar su recorrido.
La segunda forma de viajar es a través de un servicio “puerta a puerta”, que suele ser usado por los núcleos familiares que deciden migrar hacia Colombia, donde se hacen dos trayectos hasta llegar a Maicao. Desde Maracaibo hasta Carrasquero (estado del Zulia) el costo del carro es de $300.000 pesos colombianos, y desde ahí hasta Maicao el costo es de $120.000, por lo que el viaje desde la capital del Zulia hasta Maicao cuesta 420.000 pesos colombianos, sin tener en cuenta los retenes ilegales.
A pesar de que los migrantes entrevistados manifestaron que es más fácil llegar a Colombia haciendo uso de estos vehículos, expresaron que muchos de los transportadores utilizan esto como fachada para transportar droga, particularmente desde Colombia hacia el vecino país, donde algunos de los entrevistados manifestaron que incluso algunos de estos conductores incriminan a los migrantes retornados cuando son descubiertos por las autoridades venezolanas.
En los puntos más cercanos entre La Guajira y el Zulia, existen bandas criminales a las que apodan como “los moteros”, los cuales se dedican al hurto de personas que transitan de manera irregular por la frontera. Por otro lado, están los grupos armados que establecen retenes con cadenas y pincha llantas que usan cuando las personas que abordan los vehículos no tienen el dinero suficiente para cruzar.
Estas personas portan armas largas y se encuentran encapuchados. Adicionalmente, en las entrevistas realizadas mencionaron que existen grupos de indígenas Wayúu que ponen este tipo de peajes, debido a que las trochas suelen atravesar parte de sus predios y consideran necesario cobrar por ello.
Historia de Cúcuta y Puerto Santander, Norte de Santander – Táchira
El cierre de los pasos, casi que por completo, por causa de la pandemia, conllevó al aumento de la demanda de los pasos irregulares. Para el caso de Norte de Santander, por ejemplo, se calcula que alrededor de 700 personas ingresan diariamente por los albergues de Pamplona. Este cierre de fronteras fue recientemente extendido hasta el 1 de junio de 2021bajo el argumento de continuar con la mitigación de la propagación del virus.
Bajo este contexto se imponen dos tipos principales de hechos victimizantes y/o situaciones de riesgo en esta zona fronteriza que deben enfrentar los migrantes venezolanos: un panorama general de violencia expresada a través de procesos extorsivos y xenofobia, y un conjunto de riesgos epidemiológicos y de salud, consecuencia de la situación de salud pública internacional.
El costo de huir hacia Norte de Santander
En promedio, según se identificó en este viaje, el paso cuesta entre 25 y 35 mil pesos colombianos. Aun con esto, Víctor Muñoz, Secretario de Fronteras del departamento de Norte de Santander, ha expresado que “se sabe de gente que paga entre 200 y 300 dólares para venir a hacer un trámite […] hay una gama de tarifas que va desde los $10.000 los más pobres hasta 500 dólares el más rico, dependiendo de lo que lleve”.
El cobro depende, básicamente, de tres cosas: i) del migrante: quienes recaudan tienen identificado quién pasa siempre y quién tiene el perfil de una persona que viene del interior de Venezuela; ii) del actor que ejecute el cobro y iii) del punto de paso. Ureña, por ejemplo, es una frontera más relajada en contraste con la de San Antonio, en donde los pasos se realizan a plena vista de las autoridades venezolanas y en algunos casos colombianas. Estas mismas contaban que Migración Colombia tiene la potestad sobre los puentes, pero que la supervisión del resto de la frontera corresponde al Ejército y a la Policía; a pesar de esto no existe la capacidad de control suficiente pues al momento de cerrar un paso, los actores ilegales ya tienen otro nuevo abierto. Algo similar a esto sucedió en diciembre pasado con el Plan Muralla (con el que cerraron y militarizaron); sin embargo, al pasar por Pamplona, no se evidenciaba una reducción en las personas intentando cruzar.
Además de los cobros extorsivos, la violencia directa es constante en las trochas: en lo corrido de 2021 han asesinado a 12 personas en la trocha La Carbonera, en Boconó; dos hombres en la trocha el Palmar, dos en la trocha Los Mangos y hasta un hombre fue encontrado descuartizado en un costal en la trocha La Marina (municipio de Villa del Rosario). En febrero pasado, en la trocha La Carbonera, fue asesinado un hombre cuyo cuerpo quedó con la huella del ELN. Aquí se estaría disputando una nueva guerra entre el ELN contra los Pelusos y el Clan del Golfo.
El ritual de la muerte
A esta problemática se suma una no menor: los fallecimientos de migrantes por covid-19 y su traslado a Venezuela, pues ni la Alcaldía, ni el Instituto Departamental de Salud (IDS) apoyan a los migrantes con los gastos de transporte a frontera o los gastos fúnebres de quienes no vuelven a Venezuela. El paso de cuerpos por la frontera no es un proceso sencillo. Para que se les permita a las familias el paso de un familiar fallecido, una funeraria certificada debe estar a la espera en el lado venezolano de la frontera y el Estado despliega apenas un rol de gestión para pasar el cuerpo de un lado al otro, parte de los canales humanitarios permitidos.
La reconfiguración de una vieja guerra y la llegada del Clan del Golfo
En la zona norte del departamento, en la región del Catatumbo que en un punto conecta con la zona rural de Cúcuta, se siguen manteniendo las disputas históricas entre el ELN y el Grupo Armado PosFARC del Frente 33. A dichos actores en conflicto se suman el EPL o Pelusos con presencia en el Catatumbo y la zona rural de Cúcuta y los Rastrojos con presencia en el municipio de Puerto Santander.
El ELN venía desarrollando un proceso de expansión territorial desde XXX, lo que lo enfrentó con los Pelusos en Cúcuta y Los Ratrojos en Puerto Santander y varios municipios fronterizos venezolanos. Tanto los Pelusos como los Rastrojos se vieron fuertemente disminuidos antes esta arremetida por ambos lados de la frontera, coincidiendo con las operaciones de las fuerzas militares venezolanas que buscaron sacarlos de su país.
Más recientemente, según información recogida en campo, el Clan del Golfo hace incursión en la zona para apoyar la debilitada posición de los Pelusos, lo que influye también en los enfrentamientos entre el ELN y los Rastrojos, pues el primero debe enfrentar una nueva amenaza a su control territorial hegemónico.
La doble afectación, víctimas de la crisis y del conflicto en Cúcuta
En lo recorrido de este último año se han presentado varios desplazamientos en el departamento por causa de enfrentamientos entre los Pelusos y el ELN o los Rastrojos y el ELN,en la frontera entre Tibú y Cúcuta. Recientemente cerca de 80 familias se vieron obligadas a desplazarse por su seguridad en la vereda Totumito-Carboneras, dejando un total de 400 personas en condición de desplazamiento, dentro de las que se cuentan algunas familias venezolanas.
Muchos de los migrantes venezolanos sufren lo que se conoce como doble afectación: a su vulnerabilidad inherente por el movimiento migratorio se suman nuevos repertorios de violencia al interior del país receptor, en este caso Colombia, particularmente relacionados con el conflicto armado.
Según fuentes consultadas por Pares en trabajo de campo, en julio del año pasado hubo otro desplazamiento, y la mayoría de las personas afectadas no han recibido el pago de la ayuda humanitaria de emergencia. Estas mismas fuentes documentaron sobre una masacre ocurrida en octubre pasado en Banco de Arena, corregimiento rural de Cúcuta, en medio de la disputa entre el ELN y los Pelusos.
Ilegalidad, informalidad e inhumanidad: las trochas en Puerto Santander
Los pobladores de Puerto Santander y de sus municipios venezolanos vecinos utilizan con frecuencia tres trochas:
La primera en colindancia con el Puente Internacional La Unión, en el barrio La Isla donde se pueden ver las barcas bajo el puente que hacen los cruces en las noches. De hecho este GAO según líderes de la zona se han hecho con predios al borde del río que divide Puerto Santander en Colombia de García de Hevia en Venezuela para mantener una vigilancia constante de la trocha y de quienes se acercan al puente.
La segunda en la vereda El Diamante, donde continuamente se encuentran cuerpos de migrantes y combatientes de los GAO asesinados.
Y la tercera en la vereda El Dave, Kilómetro 57, por las que pasan todo tipo de mercancías, personas, e incluso, armas. Los testimonios recolectados por Pares evidencian el control de esta trocha por el Clan del Golfo, debido a su cercanía al corregimiento de Banco de Arena, en Cúcuta, donde tienen presencia y se han presentado enfrentamientos este año.
La trocha del Puente La Unión y el Dave son presuntamente controladas por Los Rastrojos, estos últimos se concentran en mantener ese control, después de haber sufrido un asedio que los llevó a dejar posiciones consolidadas en Venezuela.
Los caminos a seguir
Para Pares, toda la política de atención a migrantes, incluida la internacional, debe empezar un viraje de la asistencia inmediata, la cual cumple con el objetivo de permitir supervivencia por unos meses, a una política de integración, de desarrollo económico, especialmente en los municipios fronterizos, donde los migrantes ya se organizan socialmente, pero no cuentan con el apoyo para generar un proyecto de vida a mediano o largo plazo.
En esta línea, el Estatuto Temporal de Protección para migrantes venezolanos (ETPV) se ha convertido en un hito de gran relevancia en términos de protección internacional y regional a migrantes. Luego de más de seis años de crisis migratoria en la frontera colombo-venezolana, la decisión anunciada por el Presidente Duque ha sido considerada por varios sectores sociales y políticos como una acción ejemplar.
No obstante, si bien la medida puede ser celebrada, pues se presenta como una oportunidad para mejorar las condiciones de vulnerabilidad de los migrantes venezolanos en Colombia, aún existen varios detalles para analizar sobre su impacto en el flujo migratorio en la frontera, entre los cuales se cuenta, según fuentes consultadas por Pares, que el Estatuto parece estar dirigido a quien no debería.
Esta crisis migratoria se caracteriza por la movilidad de migrantes desde un país donde existe una crisis política, económica y social, hacia otro en el que las condiciones de vida siguen siendo precarias y en el que las capacidades institucionales son limitadas para responder a las demandas de sus mismos ciudadanos y consiguientemente, a las de quienes llegan de fuera.
Ante las dificultades que encuentra la institucionalidad para responder al problema migratorio, muchos ciudadanos venezolanos optan por cruzar la frontera de forma ilegal, acentuando con esto el problema, dado que la vulnerabilidad del migrante se profundiza cuando pululan condiciones de irregularidad en lo que respecta a su situación legal, pues este no encuentra mecanismos ni rutas claras para acceder a servicios que materialicen derechos como la salud, la educación, el empleo y la vivienda.
Esta irregularidad tiene efectos en doble vía, tanto para el migrante como para el Estado receptor; para el primero porque lo pone en una situación de altísimo riesgo en lo que respecta a sus derechos humanos y para el segundo, porque la recolección de información es escasa y, por lo tanto, se dificulta la identificación y caracterización del migrante, junto con el proceso de creación de políticas públicas adecuadas para atender el fenómeno.
Es en este punto donde el ETPV cobra relevancia, pues al ofrecer regularización (no nacionalización, valga aclarar, lo que excluye de ese marco todo derecho político a elegir y ser elegido) se abre un abanico de posibilidades para que el migrante pueda acceder a la oferta institucional que existe en términos de derechos humanos.
La migración no iba -ni va- a parar, con o sin Estatuto. La población en situación de movilidad humana es, hasta cierto punto, indiferente a la regularización: si esta no ocurre, no va a ser frenada (en el marco de una emergencia humanitaria compleja), y lo único a lo que esto podría conducir sería a problemas más graves de seguridad humana.
Sobre este asunto, migrantes consultados recientemente en zona fronteriza resaltaron una debilidad que puede llegar a tener el ETPV: que esté dirigido a quien no debe. Esta consiste en que el requisito de ingreso formal (legal) para quienes lleguen después del 31 de enero de 2021-con pasaporte sellado en palabras simples- para acceder a esta figura jurídica, deja por fuera a la gran mayoría de migrantes para los que acceder a un pasaporte, u otro tipo de documento oficial en Venezuela, es casi imposible.
No obstante, cabe agregar que aún queda bajo la responsabilidad del Estado colombiano, como Estado receptor, avanzar en la creación de políticas públicas acordes con las condiciones y necesidades actuales de la población migrante. Para lo cual necesitará, además de la creación del marco legal eficiente y la adecuada puesta en marcha de las dos etapas contempladas en el ETPV, la articulación con los gobiernos locales, junto con un plan de financiación y de apoyo jurídico para todo el proceso de regularización. Sobre este punto los alcaldes de Ocaña y Pamplona consideran que la efectividad del ETPV dependerá de la complementación de la medida con un plan de inversión social por parte del Gobierno Nacional.
Finalmente, también es necesaria una política de seguridad en frontera que permita ubicar los pasos más recurridos para hacer seguimiento a los grupos armados y bandas criminales allí presentes, para poder intervenir estas zonas y así evitar situaciones de reclutamiento forzado, tal como lo advirtió la Defensoría del Pueblo en la alerta temprana 039-19 de Maicao, en 2019, donde denunció reclutamiento forzado por parte del ELN en los corregimientos de Paraguachón y La Majayura
Créditos
Coordinador Democracia y Gobernabilidad: Esteban Salazar
Investigador Nacional: Sebastián Mora
Asistente de investigación: Juan Sebastián Hernández
Asistente de investigación: Juan José Cortés
Pasante de investigación: Juliana Barrios
Pasante de investigación: María José Parra
Pasante de investigación: Juan Esteban Garzón
Coordinación de comunicaciones: María Fernanda Guerrero
Comunicaciones: Sergio Saavedra, Laura Sanabria, Sebastán Solano, Laura Cano
Video y edición de video: Sergio Saavedra.
Fotografía, infografía y mapas: Laura Sanabria Diseño web: Andrés Narváez
Por: Línea de Democracia y Gobernabilidad y Pares
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