Por: Clima21
Desde hace un breve tiempo el gobierno venezolano parece haber vuelto su foco de atención al tema del cambio climático.
Se anuncian conferencias, conversatorios y reuniones, se informa que, por fin, se dará inicio al trabajo para la elaboración de la Tercera Comunicación Nacional de Cambio Climático. Incluso se desempolva la Ley de Cambio Climático, proyecto engavetado desde hace varios años.
Asimismo, durante las celebraciones del Día Internacional de la Familia el pasado 15 de mayo el presidente de la República declaró que el lema para esta efeméride de este año era “Las familias y el cambio climático”, la cual, “busca crear conciencia sobre cómo este problema mundial que afecta directamente la salud, vida y bienestar de las familias”.
Aparentemente, la crisis climática hizo su debut en el complejo panorama de las elecciones presidenciales nacionales
Todo ello dentro de un período que, según el registro de noticias ambientales que lleva Clima21, las noticias relacionadas con el cambio climático estuvieron dominadas por la desaparición del glaciar La Corona, lgran cantidad de incendios de vegetación que según la NASA alcanzaron un nuevo record y cubrieron literalmente de humo el territorio nacional, por las temperaturas extremas que golpearon al país, el reporte de que Venezuela es uno de los países más afectados por la sequía y las cada vez más frecuencias denuncias de los daños producidos por el cambio climático a la salud humana y la producción agrícola y pecuaria.
Asimismo, recientemente los gobernadores de los estados Táchira y Sucre acusaron al cambio climático de ser culpables de las extremadamente duros racionamientos eléctricos que sufren los pobladores de sus territorios.
El inicio de la temporada de lluvias en un año “Niña” potenciado por el cambio climático y a la vista de las catastróficas inundaciones recientes ocurridas en el sur de Brasil, le agregan una nueva capa de preocupación al creciente impacto del cambio climático sobre el país.
Detrás de cada una estas noticias está el sufrimiento de grandes grupos de población que están siendo afectas de manera desproporcionada por los efectos del cambio climático. Por ello, quisiéramos creer que todas las actividades que se están realizando o anunciando fueran un síntoma del interés real por parte del gobierno nacional por el cumplimiento de sus obligaciones en relación con este tema. Para que este interés sea algo más que una nube pasajera en un cielo de verano podríamos sugerir que se incluyeran los siguientes aspectos en sus próximos anuncios:
La presentación de un cronograma de trabajo para el diseño participativo y sin exclusiones del Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático, el cual tiene al menos 14 años de retraso en ser elaborado.
En conjunto con el proceso anterior, la actualización o presentación del Plan Nacional de Gestión de Riesgos 2015-2025. El cual en este momento no sabemos si no existe o no está disponible para ser consultado.
Avanzar en el proceso para interconectar los dos instrumentos de planificación previamente mencionados, de acuerdo con las recomendaciones emanadas del Marco de Sendai.
La actualización del marco de derechos humanos y cambio climático que quedó sólo sugerido en el Plan Nacional de Derechos Humanos 2016-2019 y que luego nunca llegó a concretarse.
La elaboración de Planes de Protección contra el Cambio Climático para grupos vulnerables como mujeres, niños, niñas y adolescentes, comunidades indígenas, adultos mayores, personas LGBTI+.
La implementación de una política de acceso a la información, participación y justicia en temas ambientales y climáticos de acuerdo con las orientaciones del Acuerdo de Escazú.
El diseño e implementación de un programa nacional intersectorial y participativo de educación para la resiliencia climática.
Definitivamente, el tema del cambio climático debe convertirse en una política de Estado y en una acción donde todos y todas las venezolanas debemos participar mucho más allá de las campañas electorales y sus coyunturas.
Ello permitirá, devolver la confianza y credibilidad en el compromiso del Estado venezolano con respecto a la protección de la población frente al cambio climático.
Si este proceso de cambio es sincero será necesario abandonar los discursos ideologizantes que buscan sólo externalizar los costos y postergar indefinidamente las necesarias y urgentes acciones para la protección de la población contra el cambio climático.
Estamos conscientes de que en esta crisis existen responsabilidades comunes y diferenciadas entre los países. Por ello, las naciones industrializadas deben liderar los cambios necesarios en sus economías y los modelos de consumo, acompañar a los países menos favorecidos para lograr una adaptación plena al cambio climático, así como compensar los daños y pérdidas que están ocurriendo sobre países, territorios y personas.
Pero esta responsabilidad de los países generadores de la crisis de ninguna manera borra la obligación de cada país de proteger a su población de los daños generados por el cambio climático. Daños que frecuentemente están siendo potenciados por la ineficacia y la corrupción que pervierte la gestión ambiental del país.
Por ello, la única respuesta que esperamos del gobierno, más allá de los anuncios vacíos, debería ser: Estamos abriendo un proceso urgente de toma de decisiones, vías de participación y fuentes de financiamiento para la acción climática como política de Estado.