Minería Ilegal en Colombia: Un riesgo para los Derechos Humanos

La minería ilegal se ha convertido en una de las principales fuentes de financiación de los Grupos Armados Ilegales (GAOs). El coronel José Luis Díaz Moreno, jefe del Departamento Conjunto de Operaciones del Comando General, reveló que las rentas criminales derivadas de esta actividad ilícita superan los 8 mil millones de dólares, además añadió que de acuerdo a las investigaciones realizadas por las Fuerzas Militares, se ha estimado que estos actores armados tiene la capacidad de extraer más de 4000 g de oro al mes.

Estas cifras, fueron reveladas el pasado 19 de marzo en el foro “el futuro de la minería: entre la explotación ilegal y los retos legales del Estado”, allí se expuso la compleja problemática que supone la minería ilegal en Colombia, y el vínculo directo de esta actividad con los Grupos Armados Organizados presentes en el país. Además, se contrastó la importancia económica del sector legal con la grave amenaza de la extracción ilícita, destacando una fuga aproximada de más de 300,000 millones de pesos en regalías en el departamento de Nariño. De la misma manera, se advirtió sobre la afectación persistente a comunidades y ecosistemas a causa de esta práctica, y se propuso acelerar la formalización de pequeños mineros, y fortalecer la presencia institucional en el territorio nacional.

Lo expuesto en este foro, dio cuenta de los impactos multidimensionales de la minería ilegal, pues tradicionalmente se destacan las afectaciones que genera este fenómeno sobre las finanzas nacionales, relegando los impactos medio ambientales y sociales que desencadena esta problemática. Tal como lo señaló Erika Castro, Delegada de la Defensoría del Pueblo para los Derechos Colectivos y el Ambiente, existe una vulneración masiva a los derechos humanos en zonas de explotación ilícita de minerales, donde se han documentado desplazamientos forzados, confinamientos, explotación sexual de mujeres e infancias, al igual que reclutamiento forzado. Además, se resalta el daño medioambiental irreversible sobre las fuentes hídricas de regiones como Chocó y la Amazonía por el uso de mercurio.

Como se citó anteriormente, la minería ilegal en Colombia se encuentra directamente vinculada con el accionar de Grupos Armados Organizados presentes en el país. Al utilizar esta práctica como una de las fuentes principales de financiación, se prioriza el control territorial sobre los enclaves mineros que puedan generar utilidades, provocando escenarios de riesgo y vulnerabilidad sobre las poblaciones que habitan estas zonas. Así, por ejemplo, la confrontación armada entre el Clan del Golfo, y el ELN, por el control de los corredores que forman parte del enclave minero de la Serranía de San Lucas, han generado graves violaciones a los derechos humanos y el Derecho Internacional Humanitario, afectado de manera diferencial a mujeres, niños, niñas, adolescentes, líderes/líderesas sociales, personas defensoras de DD. HH, organizaciones agromineras, y población campesina (Defensoría del Pueblo, 2026).

Los impactos de la minería ilegal sobre los derechos humanos son multidimensionales, y afectan de manera diferencial a grupos vulnerables como comunidades indígenas, pueblos afrodescendientes, campesinos, mujeres, y  personas líderes y defensoras de DD.HH. Bajo este panorama, se ha identificado la existencia de una violación sistemática, masiva y generalizada de los derechos de líderes y líderesas sociales, quienes debido a su labor de defensa son identificados como una amenaza por parte de actores armados. De hecho, como producto de la metodología de trabajo de la Unidad Especial de Investigación, se logró constatar que entre 2016 y 2024 las disidencias de la FARC-EP se posicionaron como el principal agresor contra esta población, enseguida del Clan del Golfo y el ELN.

Por otra parte, es preciso señalar que la vulneración a los derechos humanos desencadenada tras la promoción de esta actividad ilegal se extiende a la afectación del derecho a un ambiente sano. El uso generalizado de mercurio para la extracción de oro, representa  uno de los daños más críticos, de manera que se contamina las fuentes hídricas y los suelos, los cuales se degradan y afectan la calidad de vida de las comunidades que habitan el territorio. Además, mediante la deforestación masiva y el ecocidio de áreas protegidas y reservas biológicas fundamentales para la mitigación del cambio climático, se atenta contra la preservación no solo medioambiental, sino también de los modos de vida de comunidades indígenas, campesinas, y afro que habitan tradicionalmente los territorios más afectados por estas actividad.

Asimismo, teniendo en cuenta que la actividad se desarrolla de manera ilegal, por la ausencia de un título minero, se elimina el control efectivo de las condiciones laborales dignas, traduciéndolo en un empleo donde las posibilidades de explotación laboral aumentan, e impera la precarización del mismo, aunado, a la posible presencia de trabajo infantil.

En conclusión, es necesario que el Estado colombiano aumente la presencia institucional de manera homogénea en el territorio nacional, garantice oportunidades de trabajo dignas que reduzcan la potencialidad de las comunidades a verse cooptados y obligadas a tomar estas formas de empleo. Siguiendo lo mencionado por la delegada Erika Castro, es indispensable que se implementen políticas preventivas y no reactivas frente a esta problemática, de manera que se aborden no solo las consecuencias sino también las causas que desencadenan este fenómeno. De igual forma, es necesario una política integral que consulte a todos los sectores, principalmente a las comunidades, e igualmente se implemente lo pactado en el Acuerdo de Escazú, donde prime el acceso a la información, la participación y la justicia. Del mismo modo, siguiendo lo mencionado por el coronel José Luis Díaz Moreno, es imperativa una acción unificada e interinstitucional del Estado que incluya a los ministerios de Minas, Justicia, y Ambiente, con el objetivo de abordar de manera integral la problemática.

Finalmente, se destaca la importancia de adoptar medidas efectivas que garanticen el derecho a defender derechos, pues pese a los avances del Estado colombiano en materia de protección a personas líderes sociales y defensoras de derechos humanos, la implementación de estas medidas continúan siendo parciales frente a la magnitud y complejidad del riesgo que enfrentan estas poblaciones.