Las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) han ocupado históricamente un lugar crucial en la arquitectura democrática contemporánea. Su relevancia no se limita únicamente a la implementación de programas de asistencia, desarrollo o ayuda humanitaria, sino que radica, ante todo, en su capacidad para contribuir a la protección de derechos humanos y en la generación de espacios de participación política alternativa. En contextos donde los Estados presentan serias falencias institucionales, ya sea por corrupción estructural, represión, cooptación de poderes, impunidad o debilitamiento del Estado de Derecho, las ONG emergen generalmente como garantes de una democracia mínima y como canales a través de los cuales las poblaciones excluidas o vulneradas pueden acceder a justicia, visibilidad y reparación.
