El riesgo de defender derechos: 410 personas defensoras de derechos humanos fueron asesinadas entre 2022 y 2025

El pasado 19 de marzo, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, presentó el informe temático sobre la situación de personas defensoras de derechos humanos en Colombia entre 2022 y 2025. El informe presenta un balance sobre los patrones de violencia homicida contra líderes y personas defensoras de derechos humanos, detallando la concentración geográfica de los casos, al igual que los tipos de liderazgos más afectados, y los principales perpetradores de este crimen. De la misma manera, expone otras formas de agresión como los ataques y amenazas, y detalla la respuesta institucional por parte del Estado colombiano frente a esta problemática, realizando un diagnóstico general sobre las políticas de prevención, protección, acceso a la justicia y lucha contra la impunidad.

¿Cuáles son los hallazgos del informe?

ONU Derechos Humanos, al igual que el Observatorio para la Defensa de la Vida (ODEVIDA), reconocen que la violencia contra las personas líderes y defensoras de derechos humanos se encuentra vinculada a factores estructurales como: (i) la débil presencia institucional y (ii) la persistencia de conflicto armado interno y las dinámicas de violencia que de allí se derivan, las cuales afectan de manera diferencial a esta población, quienes debido a su labor de defensa enfrentan altos niveles de riesgo y vulnerabilidad, siendo víctimas de agresiones constantes que amenazan su vida y la continuidad de su labor.

De manera general, el informe da cuenta de lo mencionado anteriormente, y señala que 410 personas defensoras de derechos humanos fueron asesinadas entre el 1 de enero de 2022 y el 31 de diciembre de 2025. Se identificó que del total de casos, 354 víctimas fueron hombres, 49 mujeres y 7 personas defensoras LGBTIQ+ (4 mujeres trans, 2 hombres gays, y 1 persona no binaria). Además, del total general de casos, 171 eran campesinas, 95 indígenas y 42 afrodescendientes.Asimismo, se identificó que el 76% de total de casos verificados, se concentró en 10 departamentos que coinciden con las zonas de mayor conflictividad armada en el país; Cauca (37), Nariño (36), Arauca (36), Putumayo (34), Norte de Santander (21), Antioquia (19), Bolívar (15), Chocó (14) y Guaviare (14). Las cifras del monitor de violencia homicida contra personas líderes y defensoras de derechos humanos del Observatorio para la Defensa de la Vida (ODEVIDA), son coincidentes en la concentración geográfica de los casos. Según ODEVIDA, durante el mismo periodo de tiempo, Cauca (129 casos) se posicionó como el departamento más afectado por este tipo de violencia.

De la misma manera, el informe señaló un patrón que indica que “la violencia se dirige principalmente contra personas defensoras de base con alta incidencia en la organización social y con representación comunitaria, fundamentales para la cohesión social, la gobernanza y la transformación del territorio” (p.10).En ese sentido, ONU Derechos Humanos observó que los tipos de liderazgo que sufren mayores niveles de vulnerabilidad son: autoridades, sabedores ancestrales y liderazgos de Pueblos Indígenas y comunidades afrodescendientes, personas dignatarias de las Juntas de Acción Comunal, liderazgos campesinos, personas defensoras del medio ambiente, mujeres defensoras, personas defensoras LGBTIQ+, personas defensoras de derechos de los niños y las niñas, personeros y personeras municipales y liderazgos políticos. Paralelamente, los datos de ODEVIDA indican que los tipos de liderazgos más afectados son: el liderazgo comunal, comunitario, indígena, campesino, político, sindical, juvenil, afro y LGTBIQ+.

Además, de acuerdo con las cifras expuestas por ONU Derechos Humanos, se evidenció que el 73% de los presuntos perpetradores de los crímenes, podrían corresponder a grupos armados ilegales, “el 8% a organizaciones criminales, el 4% a particulares, otro 4% a grupos de poder económico y político locales, y en el 11% restante, no se logró identificar a los presuntos responsables” (p.9).

Es preciso señalar que, la violencia homicida no es el único tipo de agresión que padecen las personas líderes y defensoras de derechos humanos, esta población enfrenta otros tipos de hechos victimizantes que afectan directamente la permanencia de su labor. El informe detalló que entre 2022 y 2025, se reportó un total de 2.018 casos de amenazas y ataques contra personas líderes y defensoras de derechos humanos.

Por otra parte, pese a que se reconoce la apertura del actual gobierno por implementar medidas de protección y prevención que mitiguen los riesgos y amenazas que enfrentan la población líder, las medidas han resultado insuficientes, pues las respuestas estatales continúan siendo fragmentadas y desarticuladas entre los diferentes niveles de administración, desde lo nacional, departamental y municipal, dejando en evidencia las debilidades y retos que enfrenta el Estado colombiano.

De igual forma, la persistente asimetría entre los riesgos asumidos por los defensores y las capacidades institucionales de respuesta refleja la urgencia de reorientar el modelo hacia una protección colectiva y participativa, donde las comunidades no sean receptoras pasivas de medidas, sino coautoras en la definición, seguimiento y evaluación de los planes de prevención y protección. Para ello, resulta esencial fortalecer los canales de comunicación y garantizar que las comunidades conozcan e incidan en los planes de protección, desde un enfoque territorial, diferencial y culturalmente adecuado.

El informe da cuenta que aún persiste la necesidad de adoptar medidas efectivas que garanticen el derecho a defender derechos, de manera que se supere el Estado de Cosas Inconstitucional declarado como consecuencia de la violación sistemática, masiva y generalizada de los derechos de personas líderes y defensoras de derechos humanos. Los hallazgos expuestos en el informe indican no solo la persistencia de la problemática, sino también la necesidad de abordar las causas y consecuencias de esta, reformular el modelo estatal de protección que históricamente ha privilegiado las medidas individuales y reactivas sobre las colectivas y preventivas, y superar la impunidad como garantía de no repetición. De lo contrario, la violencia persistirá y continuará afectando el tejido social, la capacidad de resistencia, y a su vez la defensa de los derechos humanos, particularmente en los territorios donde estos son más vulnerados.