El pasado 22 de octubre de 2026, la Cuarta Fiscalía de Derechos Humanos de Perú emitió una disposición en la que se ordena el archivo de la investigación por las esterilizaciones forzadas de 4.172 mujeres, y se declara prescrita toda posible responsabilidad penal por los hechos, donde se encuentran vinculados 52 investigados, entre los que figuran tres ministros de salud durante el gobierno de Fujimori padre (BBC,2026).
El fiscal Jesús Dávila Rojas, asumió la investigación del caso en abril de 2025 y determinó que existían indicios reveladores de esterilizaciones practicadas sin consentimiento, y concluyó que los hechos constituían un crimen de lesa humanidad, entendiendo que las esterilizaciones se habían configurado como un ataque generalizado y sistemático en el marco de una política de Estado, pese a este reconocimiento, dio por prescritos los delitos y archivó el caso. Esta decisión, se enmarca en aplicación de la Ley 32107, promovida por el fujimorismo, la cual permite la prescripción de crímenes de guerra y lesa humanidad cometidos antes del 1 de julio de 2022.
En respuesta, las organizaciones que acompañan a las víctimas anunciaron que apelaran la decisión ante la instancia fiscal superior, denunciarán ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos el cierre del caso, y exigirán que Perú sea incluida en el Capítulo IV.B del informe anual de la CIDH, la lista de países con graves situaciones de derechos humanos (El País,2026)
Ana Piquer, directora para las Américas de Amnistía Internacional se pronunció al respecto y señaló que:
“Archivar una investigación que la propia Fiscalía reconoce que involucra crímenes de lesa humanidad es una afrenta contra las víctimas que llevan casi 30 años esperando justicia. El Estado peruano no puede utilizar una ley contraria al derecho internacional para cerrar el camino a la verdad, la justicia y la reparación. Esta decisión debe revertirse y la Ley 32107 debe ser derogada, para impedir que siga siendo utilizada como una herramienta de impunidad”
Contexto
Entre 1996 y 2000, durante el segundo mandato presidencial de Alberto Fujimori, se implementó el Programa de Salud Reproductiva y Planificación Familiar, el cual se estableció como una política para reducir la pobreza y ampliar el acceso a la planificación familiar. En el marco de esta política fueron esterilizadas de manera forzada más de 2.000 mujeres[1], en su mayoría empobrecidas, provenientes de poblaciones indígenas, campesinas o rurales, y en algunos casos de zonas urbanas marginales.
Organizaciones de la sociedad civil, plataformas defensoras de derechos humanos, colectivos de víctimas, y ONGs peruanas e internacionales, llevan años denunciando que miles de mujeres fueron esterilizadas sin su consentimiento pleno e informado, mediante coacción, engaños, presiones, y amenazas. En muchos casos, engañaron a las mujeres no revelándoles la verdadera intención de la operación y las consecuencias, o simplemente no hubo ninguna información al respecto, aprovechando el paso de las mujeres por el hospital por otro motivo, como un parto, para esterilizarlas. También se emplearon amenazas con retirar ayudas gubernamentales, imponer multas o ir a prisión. En otros casos, se realizaron las esterilizaciones contra la voluntad expresa de las mujeres (Amnistía internacional, 2014;Cuentas Ramírez,2014).
“Primero me escapé tres veces y ellos me seguían”, “Ya no le vamos a dar alimentos porque están llenándose de hijos como las conejas y no quieren hacerse ligar”, “Me subieron a la cama y me agarraron entre cuatro, dos me agarraron de las manos, y dos debajo de los pies para ponerme la ampolla, y de ahí ya no me acuerdo”. Cada una de las frases anteriores corresponde a fragmentos de algunos testimonios recolectados por el Proyecto Quipu, un registro vivo de memoria colectiva y denuncia que da cuenta de los testimonios de miles de mujeres que fueron sometidas a estos procedimientos, que afectaron sus condiciones de vida, y en el caso de mujeres como el de Celia Ramos Durand la llevaron a la muerte.
En el marco de esta política de control demográfico, Alberto Fujimori estableció metas nacionales de esterilizaciones y exigió informes sobre los avances. A nivel local la investigadora Giulia Tamayo descubrió cuotas anuales y metas fijadas por el Ministerio de Salud, y evidenció un sistema de premios y castigos para el personal de salud, donde se fijaban cuotas de esterilización y el Ministerio instaba a cumplirlas mediante promesas de bonificaciones y amenazas de sanciones, convirtiendo así el cuerpo de las mujeres en un indicador de gestión (Cuentas Ramírez,2014).
Pese a la recolección de miles de testimonios de víctimas, y a la evidencia de un patrón sistemático de violencia institucional basado en género, clase y etnia, la postura del fujimorismo se ha centrado en el negacionismo, rechazando y deslegitimando las denuncias de las víctimas. Al respecto, el Comité de Derechos de las Mujeres de la ONU, ha reconocido que el programa de esterilización fue una forma de discriminación intersectorial que derivó en la anulación de la autonomía reproductiva de las mujeres (ONU,2024).Por su parte, en marzo de 2026 la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó y responsabilizó al Estado peruano por la esterilización forzada y muerte de Celia Ramos Durand, así como por la falta de debida diligencia y la demora injustificada en las investigaciones. El tribunal reconoció que las esterilizaciones forzadas fueron graves violaciones a los derechos humanos y una forma de violencia reproductiva enmarcada en una política estatal masiva, que afectó de forma discriminatoria y sistemática a mujeres indígenas, campesinas y rurales en situación de vulnerabilidad (CEJIL,2026;El País,2026).
¿Qué implicaciones tiene la archivación de la investigación por la esterilización forzada de más de 4.000 mujeres en la garantía y protección de DD. HH en el Perú?
La archivación de la investigación por esterilizaciones forzadas no solo afecta y desconoce los derechos de las víctimas, sino que, contradice las normas de Derecho Internacional y las recomendaciones de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, afectado directamente el proceso de justicia transicional emprendido desde hace un poco más de una década. La promulgación de normas de derecho interno no puede constituirse como una justificación para incumplir la obligación imperativa del Estado por garantizar los derechos de sus ciudadanos, ni mucho menos pueden ser una justificación para vulnerar derechos humanos.
Las esterilizaciones forzadas, tal como lo reconoce el mismo fiscal que archivó el caso, constituyen un crimen de lesa humanidad, y en ese sentido se encuentra amparado bajo el principio de imprescriptibilidad, el cual establece que este tipo de crimen debido a su gravedad no pierde su vigencia, y las acciones legales para enfrentarlas no se extinguen con el paso del tiempo, permitiendo que las víctimas puedan acceder a la justicia, la verdad, y la reparación sin importar el tiempo transcurrido de los hechos.
Prescribir la investigación por esterilizaciones forzadas es también desconocer la violencia institucional basada en género, raza, clase y etnia, donde el racismo y la discriminación operaron como política de Estado en nombre de la reducción de la pobreza, bajo la idea de que las poblaciones indígenas, campesinas y rurales debían reproducirse menos. El Estado decidió sobre el cuerpo de las mujeres, eliminando su autonomía reproductiva y por ende su capacidad de decidir.
La archivación de esta investigación en aplicación de la Ley 32107 (Ley de prescripción de crímenes de guerra y de lesa humanidad), impulsada por el fujimorismo, en medio de un contexto donde esta corriente política consolidó el poder institucional tras la elección de Keiko como presidenta, devela la continuidad del fujimorismo por institucionalizar el negacionismo y deslegitimar los crímenes de guerra y de lesa humanidad perpetrados durante la presidencia de Alberto Fujimori entre 1990 y 2000. La aprobación e implementación esta ley, la cual permite que los crímenes de guerra y de lesa humanidad cometidos antes del 1 de julio de 2002 prescriban, y con ello permite que los victimarios acusados por estos crímenes tengan la posibilidad de no ser penalizados o procesados, devela la conveniencia de la aplicación de esta ley, teniendo en cuenta que se perpetraron varios de estos crímenes en nombre de las políticas fujimoristas antes del 1 de julio de 2002.
De hecho, en el caso de las esterilizaciones forzadas, María Esther Mogollón, activista del Movimiento Amplio de Mujeres Línea Fundacional (MAMLF), colectivo que denunció públicamente las esterilizaciones, afirmó que:
“Fujimori siempre negó lo sucedido cuando empezaron las denuncias, y amedrentó a la investigadora Giulia Tamayo, a Hilaria Supa una de las principales denunciantes y parlamentaria andina, y al MAMLF, con llamadas telefónicas, infiltraciones en la organización, webs falsas y otros mecanismos” (Cuentas Ramírez,2014).
En definitiva, la archivación de la investigación por esterilizaciones forzadas manifiesta una expresa denegación de justicia para las víctimas, pues al permitir la prescripción de la investigación sobre este crimen, se promueven dinámicas de impunidad y se niega a las víctimas su derecho a la justicia y la verdad.
[1] Según Amnistía Internacional (2014) más de 2.000 mujeres indígenas y campesinas que habrían sido esterilizadas forzosamente en la década de los 90.
Referencias
BBC. (2026). Por qué se archivó en Perú el caso de las esterilizaciones forzadas de 4.000 mujeres durante el gobierno de Alberto Fujimori y cómo quedan las víctimas. https://www.bbc.com/mundo/articles/cm4g13jxy7lwo
EL PAÍS. (2026). Un fiscal peruano archiva el caso de las esterilizaciones forzadas pese a hallar indicios de crímenes de lesa humanidad. https://elpais.com/america-futura/2026-10-29/un-fiscal-peruano-archiva-el-caso-de-las-esterilizaciones-forzadas-pese-a-hallar-indicios-de-crimenes-de-lesa-humanidad.html
Amnistía Internacional. (2014). Perú: Miles de casos sobre esterilizaciones forzadas de mujeres indígenas y campesinas quedarían en la impunidad. https://www.amnesty.org/zh-hant/wp-content/uploads/sites/4/2021/07/amr460022014es.pdf
Cuentas, R.S. (2014). Vientres rotos. Más de 250.000 mujeres de minorías étnicas han sido víctimas de esterilizaciones forzadas en Perú. EL PAÍS.https://www.verdadyreconciliacionperu.com/admin/files/articulos/2011_digitalizacion.pdf
CEJIL. (2026). Histórico fallo: Corte IDH responsabiliza a Perú por esterilización forzada y muerte de Celia Ramos, y ordena garantizar reparación para miles de víctimas. https://cejil.org/comunicado-de-prensa/el-caso-de-celia-ramos-tuvo-audiencia-en-la-corte-idh-una-esperanza-de-justicia-para-miles-de-mujeres-esterilizadas-sin-consentimiento-en-peru-2/
EL PAÍS. (2026). La Corte IDH condena a Perú por un plan masivo de esterilizaciones forzadas durante el mandato de Fujimori. https://elpais.com/america/2026-03-06/la-corte-idh-condena-a-peru-por-un-plan-masivo-de-esterilizaciones-forzadas-durante-el-mandato-de-fujimori.html
ONU. (2024). Perú: La política de esterilización forzada del gobierno de Fujimori violó los derechos de las mujeres, afirma el Comité de la ONU en un fallo histórico. https://www.ohchr.org/es/press-releases/2024/10/peru-fujimori-governments-forced-sterilisation-policy-violated-womens-rights



