Violaciones a derechos humanos en medio de la alianza militar entre Estados Unidos y Ecuador

En el último año, Estados Unidos bajo la administración Trump, ha impulsado de manera categórica su interés en todo el continente americano, convirtiéndolo en la primera prioridad estratégica para la seguridad nacional estadounidense. Esta nueva reorientación de política exterior, conocida como Doctrina Donroe (combinando los nombres de Donald Trump y Moroe), invoca los principios de la conocida Doctrina Monroe de 1823 y los adapta a el nuevo contexto internacional, caracterizado por el declive de la hegemonía global estadounidense y el ascenso de China como nuevo actor preponderante en el sistema internacional.

Bajo este contexto, la nueva orientación de política exterior estadounidense prioriza aún más la lucha directa contra los grupos de crimen organizado transnacional y grupos armados ilegales, tratándolos no simplemente como un problema criminal, sino como organizaciones terroristas que amenazan el orden esencial para la supervivencia y prosperidad de los Estados Unidos.

Por ello, en medio de la crisis de seguridad en América Latina y el Caribe, la administración Trump ha profundizado su cooperación en materia de seguridad con algunos Estados latinoamericanos, como, por ejemplo, con Ecuador. Tras la reelección de Daniel Noboa en 2025 y el inicio del gobierno Trump, durante el mismo año, ambos países han realizado esfuerzos por alinear cada vez más sus políticas de seguridad, estrechando su relación bilateral, convirtiendo a Estados Unidos en uno de los principales socios de Ecuador en esta materia, proporcionándole equipos, capacitación, inteligencia y, más recientemente, apoyo militar (HRW,2026).

En el marco de esta cooperación, Human Rights Watch (HRW) documentó una serie de violaciones a los derechos humanos ocurridas entre enero y marzo de 2026 en el desarrollo de operaciones conjuntas entre ambos países. A través del informe “Una alianza peligrosa: Abusos, preguntas sin respuesta y la cooperación en seguridad entre Estados Unidos y Ecuador”, HRW detalla cuatro incidentes principales, donde se destaca un patrón de detenciones arbitrarias, torturas, ataques letales indiscriminados con drones y destrucción de bienes civiles vinculados a la mencionada alianza militar. Los casos mencionados son los siguientes:

1.        Operación militar en San Martín, Sucumbíos (1 al 6 de marzo de 2026)

Esta operación fue descrita como conjunta entre ambos países y dirigida contra el grupo Comandos de Frontera. En medio de esta operación HRW registró torturas como descargas eléctricas con tasers, asfixia con cuerdas, “ahogamiento simulado” en tanques de agua y hostigamientos con armas descargadas. Además de detenciones arbitrarias, destrucción de la propiedad civil y uso de la fuerza contra civiles.

2.        Desaparición de la embarcación pesquera Fiorella (20 de enero de 2026)

En el marco de esta operación desapareció una embarcación y ocho de sus diez tripulantes en cercanías a las Islas Galápagos. Antes de perder el contacto el tripulante de la embarcación informó que una patrulla y drones estadounidenses los estaba siguiendo.

3.        Ataque a la embarcación Don Maca (26 de marzo de 2026)

En esta operación dos drones atacaron la embarcación con explosivos, provocando un incendio y heridas graves a los tripulantes, los cuales posteriormente fueron detenidos arbitrariamente durante 18 horas a bordo de un barco identificado por lo sobrevivientes como estadounidense. Allí fueron encapuchados, esposados con bridas plásticas y obligados a permanecer en una cubierta metálica caliente bajo el sol sin comida ni agua.

4.        Ataque a la embarcación La Negra Francisca Duarte II (17 de marzo de 2026)

En este caso, nuevamente drones atacaron el barco con explosivos, los sobrevivientes afirman que, tras ser evacuados, personal estadounidense destruyó el barco y las lanchas de apoyo. En medio de este operativo se perpetraron graves lesiones físicas, como la pérdida del 90% de la visión en el ojo izquierdo de un tripulante, la perforación de sus tímpanos, al igual que fracturas y luxaciones en otros pescadores. Además de ello, los veinte tripulantes reportaron haber sido encapuchados, privados de agua y comida, y golpeados a puñetazos y patadas por personal con insignias de “USA”.

Tal como lo señala HRW esta cooperación se traduce en una alianza peligrosa, teniendo en cuenta que ambos países han cometido graves violaciones de derechos humanos impulsados por la profundización del uso de la fuerza a través de políticas militaristas como estrategia para combatir el crimen organizado.

En consonancia con lo anterior, la situación adquiere mayor gravedad al considerar la expedición del Decreto 424 en Ecuador mediante el cual se declara la existencia de un “conflicto armado interno”, estableciendo con ello una serie de disposiciones dirigidas a fortalecer la respuesta de las Fuerzas Militares, y en consecuencia convirtiendo a este decreto en un marco legal para justificar el uso de la fuerza letal y flexibilizar las garantías de derechos humanos en situaciones donde el derecho internacional no lo permitiría. Organizaciones de DD. HH en dicho país[1], afirman que a través de la figura de “conflicto armado interno” no se combate solo a la criminalidad, sino a toda estructura que constituya una amenaza, teniendo en cuenta que uno de los artículos del decreto así lo destaca:

Artículo 3. Las acciones adoptadas por el Estado en el marco del conflicto armado interno tendrán como finalidad neutralizar todas las estructuras que constituyan una amenaza para la soberanía nacional, la seguridad integral del Estado, el orden público, la paz social, la seguridad ciudadana y la protección de la población.

Como señala en un pronunciamiento la alianza para los DD.HH en Ecuador, este decreto incorporan conceptos amplios e indeterminados que pueden ser aplicados a cualquier actor u organización que pueda ser considerada una amenaza, y más grave aún, las  facultades para combatir lo que a discrecionalidad el Estado ecuatoriano entiende como amenaza, se extiende a “Estados cooperantes” y actores civiles indeterminados. Además, esta normativa jurídica incluye medidas destinadas a brindar respaldo jurídico y beneficios extraordinarios como indultos, rebajas o conmutaciones de penas para militares, policías y civiles que participen en acciones vinculadas al denominado conflicto armado interno.

Por su parte, el debilitamiento de las salvaguardias de DD.HH en el uso de la fuerza por parte de Estados Unidos alertado por HRW en su informe, exacerba la preocupación por la garantía de derechos en medio de cualquier tipo de cooperación militar que se establezca con Estados Unidos. Tras la llegada de Trump al poder, el Departamento de Defensa, ahora llamado Departamento de Guerra, ha experimentado varias transformaciones que han debilitado las salvaguardias destinadas a limitar el uso de la fuerza y garantizar el complimiento del derecho internacional y derecho internacional humanitario. Algunas de estas transformaciones se manifiestan en recortes significativos a la Oficina de Democracia, Derechos Humanos y Trabajo, restricción de la Ley Leahy, una de las leyes más importantes en términos de DD.HH en el marco de cooperación y asistencia militar con Estados extranjeros, prohibiendo tanto al Departamento de Estado como de Defensa brindar asistencia militar a fuerzas de seguridad extrajeras que violen los DD.HH.

Otra de las transformaciones relevantes, se concentran en la revocación y/o suspensión de estándares de DD. HH aplicables al desarrollo de operaciones militares, como (i) la Guía de Respuesta a Incidentes con Daños a la Población Civil, mecanismo para evaluar y responder a las denuncias de daños a la población civil vinculados con artículos de defensa o asistencia de origen estadounidense (HRW,2026), y (ii) la revocación de la Política de Transferencia de Armas Convencionales, encargada de regular la exportación y venta de armas convencionales, equipos militares y de defensa a otros países (U.S. Departament of State, 2023). Aunado a el debilitamiento intencionado a través de reducción de personal y desfinanciación a mecanismos como, el Plan de Acción de Respuesta y Mitigación de Daños Civiles, y el Centro de Excelencia para la Protección de Civiles, mecanismos “diseñados para mejorar las prácticas de selección de objetivos militares, investigar denuncias de daños a la población civil, incorporar la protección de civiles en la planificación militar y apoyar a los comandantes operacionales” (HRW,2026).

¿Como repercute este antecedente sobre la futura cooperación en materia de seguridad entre Estados Unidos, Colombia y Perú?

Tras la reciente la reciente victoria de la ultraderecha tanto en Colombia con Abelardo de la Espriella, y en Perú con Keiko Fujimori, los esfuerzos de ambos países se enfocarán en alinear sus políticas de seguridad con Estados Unidos, estrechando cada vez más su relación bilateral con dicho país. Tanto De la Espriella, como Fujimori, han anunciado públicamente la intención de adherirse al Escudo de las Américas (del cual hace parte Ecuador), una alianza de carácter militar entre Estados Unidos y varios países de América Latina y el Caribe con el objetivo de combatir el narcotráfico, el crimen organizado y la inmigración ilegal.

En ese sentido, los acontecimientos descritos anteriormente entre la cooperación militar entre Estados Unidos y Ecuador repercuten directamente sobre la futura cooperación en materia de seguridad que Estados Unidos establezca con Colombia y Perú, tanto de manera bilateral con cada uno, como de manera multilateral en el marco del Escudo de las Américas. Entendiendo que lo sucedido en medio de la alianza militar entre Estados Unidos y Ecuador sirve como antecedente clave para prever como se establecerá este tipo de cooperación, pues teniendo en cuenta el debilitamiento de las salvaguardias de DD. HH en el uso de la fuerza por parte de Estados Unidos y la inclinación de De la Espriella y Fujimori por implementar políticas militaristas, indican una alta probabilidad de que hechos como los perpetrados en Ecuador puedan reproducirse en Colombia y Perú, y aún más teniendo en cuenta las operaciones militares conjuntas contra el crimen organizado y el narcotráfico, que se pretenden llevar a cabo entre el Gobierno De la Espriella y Ecuador, de acuerdo a lo anunciado el pasado 21 de julio de 2026 por el ministro del Interior ecuatoriano (El Tiempo,2026).

Es preciso recalcar que las experiencias históricas donde este tipo de enfoque de seguridad se ha utilizado, ha derivado en constantes violaciones a los DD.HH, inclusive varios académicos y académicas en sus investigaciones así lo han constatado, sustentando que, las estrategias militaristas priorizan la seguridad de las instituciones estatales sobre las garantías individuales, justificando el sacrificio de las libertades ciudadanas y el uso desmedido de la fuerza en aras del orden (Nateras & Valencia, 2020).

Por ello, es necesario reflexionar sobre la aplicación de este enfoque de seguridad militarista, sin una debida salvaguardia de DD. HH, donde es posible que la garantía de estos derechos sea violada en pro de la seguridad nacional. Aunque la seguridad ciudadana es un derecho fundamental, y el combate contra el crimen organizado constituye una obligación ineludible de los Estados, ninguna política de seguridad puede justificar el uso desproporcionado de la fuerza, la estigmatización, y la injerencia extranjera que puede afectar directamente sobre la soberanía nacional y, la autodeterminación de los pueblos, un principio básico consignado en la carta de la ONU.