La minería ilegal de oro se consolidó en la última década como uno de los principales motores del lavado de activos en Perú. La Unidad de Inteligencia Financiera del Perú (UIF) en los Informes de Inteligencia Financiera (IIF), señalan que esta actividad representó el 55 % de los recursos vinculados a este delito entre 2015 y 2025, una cifra que revela cómo la extracción ilegal de oro se ha convertido en un engranaje central de las economías criminales del país.
Mientras el metal logra integrarse a circuitos comerciales aparentemente legales, en la Amazonía peruana se multiplican los impactos ambientales y sociales, como lo son, la deforestación acelerada, contaminación por mercurio y denuncias de comunidades indígenas que advierten una crisis que combina daños ecológicos, riesgos sanitarios y violencia territorial.
La minería ilegal en Perú ha dejado de ser únicamente un problema ambiental para también convertirse en un fenómeno criminal complejo que articula devastación ecológica, economías clandestinas y sofisticados mecanismos de lavado de activos. Este panorama revela cómo el oro extraído ilegalmente no solo financia economías criminales en territorios amazónicos, sino que también logra infiltrarse en circuitos financieros y comerciales que permiten ocultar su origen ilícito. Mientras tanto, comunidades indígenas y organizaciones ambientales advierten que la expansión de la minería ilegal está generando una crisis ambiental y humanitaria cada vez más profunda en la Amazonía peruana.
El proceso de lavado suele apoyarse en las propias características del oro como mercancía, este se trata de un recurso de alto valor, fácil de transportar y relativamente sencillo de mezclar con producción legal; esto permite que el metal extraído de manera clandestina sea comercializado a través de intermediarios, empresas fachada o exportadoras que simulan operaciones legítimas. De esta manera, el oro ilegal puede integrarse a cadenas comerciales formales y convertirse en un instrumento para “limpiar” dinero proveniente de distintas economías ilícitas, incluyendo minería clandestina, corrupción o crimen organizado.
El fenómeno también se ve impulsado por el comportamiento del mercado internacional, el aumento sostenido del precio del oro en los últimos años ha incentivado la apertura de nuevos frentes mineros ilegales en diferentes regiones amazónicas, incrementando la presión sobre ecosistemas frágiles y territorios indígenas.
Gráfica:Aumento del precio del oro desde 2016 desde 2016 a 2026 en dólares. Precio por kilogramo
Mercurio y contaminación en la Amazonía
Uno de los impactos más graves de la minería ilegal es el uso intensivo de mercurio en el proceso de extracción del oro. Este metal tóxico se utiliza para separar el oro del sedimento en los ríos amazónicos, pero durante el proceso grandes cantidades terminan liberadas en el agua y en el aire, contaminando ecosistemas completos. De acuerdo con un reportaje de la agencia Associated Press, comunidades indígenas de la cuenca del río Nanay, entre ellas el pueblo Ikito, denunciaron ante instancias regionales que el Estado peruano no ha logrado frenar la expansión de la minería ilegal que contamina las fuentes de agua con mercurio, una situación que estaría afectando la salud y la seguridad alimentaria de las poblaciones amazónicas.
“Perú no está cumpliendo con sus obligaciones, lo que ha permitido que la minería ilegal se expanda, poniendo en riesgo la vida y los derechos de las comunidades amazónicas”, afirmó el abogado ambientalista César Ipenza al presentar el caso ante la Secretaría General de la Comunidad Andina, según el reporte periodístico.
La contaminación ha alcanzado niveles preocupantes. Jhonny Huaymacari Yuyarima, representante del pueblo indígena Ikito, señaló que más del 80 % de los habitantes de su comunidad presenta rastros de mercurio en la sangre, una situación que refleja la magnitud del impacto sanitario en la región. Este metal se acumula en peces y otros animales que forman parte de la dieta de las comunidades amazónicas; la exposición prolongada de este puede provocar daños neurológicos, alteraciones en el desarrollo infantil y enfermedades crónicas, convirtiendo esta contaminación en una amenaza directa para la salud pública.
Deforestación y degradación ambiental
El impacto ambiental de la minería ilegal en Perú también se refleja en la transformación acelerada de los ecosistemas amazónicos; la extracción de oro en ríos y suelos requiere remover grandes cantidades de tierra, destruir cobertura forestal y alterar los cursos naturales del agua. Investigaciones científicas basadas en monitoreo satelital, citadas por medios especializados como The Guardian y Mongabay, estiman que más de 140.000 hectáreas de la Amazonía peruana han sido afectadas por la minería aurífera desde la década de 1980, con una expansión especialmente rápida durante los últimos años.
La actividad de minería ilegal se ha extendido desde zonas históricas como Madre de Dios hacia otras regiones amazónicas como Loreto, Amazonas y Ucayali. En varios casos, las operaciones avanzan incluso dentro de territorios indígenas o áreas protegidas, lo que genera conflictos territoriales y presión sobre ecosistemas particularmente vulnerables. Además del impacto directo sobre los bosques por el uso de dragas y maquinaria pesada en los ríos altera ecosistemas completos, destruye hábitats acuáticos, gracias al mercurio liberado durante la extracción que puede desplazarse a lo largo de los sistemas fluviales y ampliar el alcance de la contaminación. La pérdida de bosques y fuentes de agua afecta actividades tradicionales y necesarias como la pesca, la agricultura y la recolección, lo que incrementa la vulnerabilidad económica de las poblaciones amazónicas.
Violencia y tráfico de mercurio
Más allá de sus impactos ambientales, la expansión de la minería ilegal también está asociada a dinámicas de violencia, control territorial y presencia de redes criminales; en varias regiones amazónicas se ha documentado la presencia de grupos armados, redes de explotación laboral y economías informales que operan alrededor de los campamentos mineros, estas dinámicas han generado tensiones con comunidades indígenas que buscan defender sus territorios.
En algunos casos, las propias comunidades han organizado patrullas de vigilancia para monitorear el avance de la minería ilegal en sus territorios. En 2025, miembros de la nación indígena Wampis fueron emboscados mientras realizaban una patrulla para vigilar el avance de la minería ilegal en su territorio ancestral. El ataque ocurrió después de que el gobierno cancelara una operación conjunta de control en la zona, según reportó Associated Press.
Estos episodios reflejan cómo la minería ilegal no solo implica la extracción clandestina de recursos naturales, sino también la consolidación de economías criminales que pueden generar conflictos sociales y violencia territorial.
La minería ilegal también depende de redes logísticas que operan a escala internacional, uno de los insumos clave para esta actividad es el mercurio, cuyo comercio está restringido por acuerdos internacionales debido a su impacto ambiental. Investigaciones hechas por Enviromental Investigation Agencie (EIA) sobre crimen ambiental señalan que al menos 200 toneladas de mercurio han sido traficadas hacia la Amazonía en los últimos años, alimentando la minería ilegal en países como Perú, Bolivia y Colombia, donde la extracción ilegal de oro también ha avanzado en territorios amazónicos y zonas de frontera, grupos armados y economías criminales controlan parte de la actividad minera. teniendo impactos similares como la deforestación, contaminación por mercurio y presión sobre territorios indígenas. Esta dinámica transfronteriza evidencia que la minería ilegal en la Amazonía opera cada vez más como una economía regional conectada por redes de comercio, transporte y lavado de activos.
En 2025, autoridades peruanas incautaron una carga récord de cuatro toneladas de mercurio en el puerto del Callao, una operación que puso en evidencia la magnitud de estas redes de contrabando. Según estimaciones oficiales, la cantidad decomisada habría sido suficiente para producir decenas de millones de dólares en oro ilegal, lo que ilustra el volumen económico que puede movilizar esta actividad.
Un fenómeno que conecta ambiente, crimen y finanzas
La minería ilegal en Perú muestra cómo los delitos ambientales pueden estar profundamente conectados con dinámicas de criminalidad económica y vulneraciones de derechos humanos. Por un lado, esta la destrucción de bosques y la contaminación de ríos que amenaza uno de los ecosistemas más biodiversos del planeta; por otro, los flujos de dinero generados por esta actividad fortalecen redes de lavado de activos que penetran el sistema financiero formal.
El oro ilegal no se queda en los socavones de la Amazonía, una vez extraído, puede transformarse en lingotes, mezclarse con producción legal y terminar en mercados internacionales sin que su origen ilícito sea detectado. Frente a este escenario, especialistas y organizaciones indígenas advierten que enfrentar la minería ilegal requiere estrategias integrales que combinen control financiero, políticas ambientales y protección efectiva de los territorios indígenas.
Sin estos mecanismos, el oro que hoy alimenta los mercados internacionales seguirá ocultando una cadena de deforestación, contaminación y violencia que comienza en la Amazonía peruana pero que involucra a actores y economías mucho más allá de sus fronteras.
